El G6 rechazó la “cogestión sindical” y pidió “alejar los fantasmas de la violencia”

Las cámaras más importantes del país vincularon las declaraciones de Moyano con el asesinato de Mariano Ferreyra.

Por medio de un duro y polémico comunicado, seis de las principales entidades empresariales del país rechazaron nuevamente y con más contundencia el proyecto que propone la participación de los trabajadores en las ganancias. Criticaron la “manera intempestiva” en que fue presentado, consideraron que instaura un “inviable” sistema de “cogestión sindical” y lo consideraron “ineficaz” para combatir el trabajo informal, además de generador de “desempleo” y “exclusión”. Además, en una relación poco vinculada al debate que se está dando en el Congreso sobre el tema, reclamaron “consensuar y alejar los fantasmas de la violencia”.

Tras el faltazo de la semana pasada a la Comisión de Legislación Laboral en la cual se debate el proyecto, las entidades que integran el Grupo de los Seis (G-6) se reunieron ayer para consensuar una estrategia común con respecto a la iniciativa presentada por el diputado oficialista y abogado de la CGT, Héctor Recalde. Allí estuvieron  Carlos Wagner, de la Cámara Argentina de la Construcción; Eduardo Eurnekián, de la Cámara Argentina de Comercio; Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Hugo Biolcati, titular de la Sociedad Rural Argentina; Jorge Brito, de la Asociación de Bancos de Capital Argentino; y Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Argumentos empresariales
Tras el encuentro de ayer las entidades empresarias emitieron un duro comunicado, que reitera algunos de los argumentos que ya habían dado con respecto al proyecto de Recalde. Si bien el titular de la UIA había dicho pocos días atrás que no se ponía en cuestión la distribución, sino “los mecanismos”, ayer las entidades enfatizaron “no estar de acuerdo con el proyecto”.

Entienden que fue “presentado de manera intempestiva, sin respetar los compromisos de consulta previa entre los sectores establecidos por la Organización Internacional del Trabajo”. Opinaron además que es “inviable el sistema de cogestión sindical que el proyecto instaura, lesionando el derecho de propiedad” y expresaron su preocupación por “el desaliento a la inversión que el régimen provocará”.

También evaluaron que el mecanismo propuesto por el proyecto para combatir el trabajo informal “no sólo va a ser totalmente ineficaz sino que terminará siendo contraproducente,  ya que cada empresa es una comunidad de trabajo” y los mecanismos propuestos por la iniciativa “atentarán contra el clima de paz social que es condición necesaria para que la empresa y sus trabajadores prosperen”.

Por último, pidieron entonces “encontrar fórmulas de consenso” y pidieron “la inclusión del tema en una agenda más amplia que contenga la totalidad de los grandes problemas económico-sociales”. Confirmaron además que irán a la comisión de Diputados a opinar sobre el proyecto.

Pero también realizaron una extraña vinculación entre el debate sobre las distribución de ganancias y el asesinato de un militante del Partido Obrero, ocurrido la semana pasada a manos de una patota de la Unión Ferroviaria. Entendieron que los “excesos verbales” de algunos dirigentes sindicales “no son constructivos ni conducentes” y “alejan a las partes de cualquier entendimiento” y vincularon esas declaraciones con la muerte de Mariano Ferreyra. Por eso pidieron “consensuar y alejar los fantasmas de la violencia, cuyos efectos han vuelto a generar hechos lamentables y desgraciados”.

La relación parece, cuanto menos, exagerada, pues el debate en Diputados sobre el proyecto de distribución de utilidades se está dando dentro de los cauces normales, a no ser por el faltazo empresarial de la semana pasada. La vinculación con el asesinato se pareció más a una estrategia por concitar apoyos alrededor de la posición del G-6, a sabiendas de que la iniciativa es difícil de rechazar y cuenta con el apoyo del texto constitucional.

Los temores
Las razones profundas del rechazo empresarial aparecen detrás de las palabras de los comunicados y están vinculadas con su negativa a darles acceso a los gremios a las balances de las empresas. Entienden que esa información podría ser empleada como “una herramienta más de presión” en los procesos de negociación paritaria o en escenarios de conflictividad.

También les preocupa lo que advierten como posibilidad de una “industria del juicio comercial”, pues si los gremios no están de acuerdo con la contabilidad de la compañía podrían demandarla en la Justicia.

Descartan ley sobre tercerización
Al gobierno “le llama la atención” el rechazo de la iglesia

De paso por Córdoba, el secretario de Empleo de la Nación, Enrique Deibe, manifestó su sorpresa por el rechazo de la Iglesia a la distribución de las ganancias entre los trabajadores. De todas maneras, minimizó las diferencias y relativizó la palabra de esa institución sobre el tema: “Es una discusión de trabajadores y empresarios”, señaló, al tiempo que recordó que “es un tema que está en la propia Constitución nacional”.

El funcionario nacional participó ayer del “II Encuentro de la Región Centro: Política de Empleo, Jóvenes y Territorio”. Allí señaló que “por el momento no está previsto” que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley para reformar la regulación sobre la tercerización de servicios. Indicó que, por ahora, el Gobierno está interesado en impulsar “otros proyectos” como los que proponen regular el trabajo doméstico, el rural y el teletrabajo.

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