ESCUCHARLa iniciativa fue votada por todos los bloques, excepto la Izquierda y la legisladora Lizzul, de extracción industrial. Se abstuvo el kirchnerismo. Incluye múltiples cambios respecto al proyecto original. Extiende los estudios de impacto ambiental y audiencia pública a 49 actividades, desde proyectos como Monsanto hasta loteos de tres hectáreas. Serán no vinculantes. También esas exigencias podrían alcanzar a otros rubros. Define detalles de la consulta popular.
La Legislatura provincial sancionó anoche la nueva ley de Ambiente para la provincia de Córdoba que, entre sus puntos salientes, extiende la exigencia de estudios de impacto ambiental a múltiples actividades, a la vez que precisa la implementación de audiencias públicas y consultas populares, en este último caso para proyectos de “alta complejidad ambiental”.
El texto, con múltiples cambios respecto al enviado originalmente por el Ejecutivo, fue apoyado por Unión por Córdoba, la UCR y el Frente Cívico, a excepción de la legisladora Nancy Lizzul, y por bloques minoritarios. A último momento, se abstuvo el bloque kirchnerista.
En tanto, votó en contra la representante de la Izquierda, Cintia Frencia, quien catalogó la ley como un “maquillaje” a la medida de Monsanto.
Por su parte, la norma generó reacciones disímiles entre los sectores involucrados.
Por el sector industrial, la legisladora Lizzul, referenciada en la Cámara de Industriales Metalúrgicos, consideró que la ley es “una elevada barrera al ingreso de nuevas industrias”. En esa línea, pidió que Córdoba no se convierta en “una provincia hostil”.
También opinó el titular de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Ércole Felippa, para quien la norma es “robusta” aunque admitió posibles problemas para las pymes (ver aparte).
En tanto, desde el sector agropecuario, Federación Agraria planteó su “más enérgico rechazo” a la nueva norma. El proyecto, indicó la entidad, “crea una serie de nuevos instrumentos y procedimientos inviables en la práctica y empuja a la ilegalidad a miles de pequeños y medianos productores agropecuarios” y denunció la manifiesta intención de generar un pingüe negocio para los “consultores amigos del poder”.
En ese marco, “entre los innumerables desatinos del proyecto mencionamos que están sujetos “condicionalmente” a la presentación de un estudio de Impacto Ambiental, por ejemplo, un proyecto forestal de dos hectáreas”.
Por su parte, el biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, ponderó la nueva norma. “Es claramente superadora del proyecto original. Incluye diferentes instancias de participación popular y avanza en aspectos como el amparo ambiental en la justicia”, señaló.
De hecho, la inclusión de múltiples actividades que quedarán sujetas a estudios de impacto ambiental obligatorio junto a audiencia pública (49 actividades) o bien proyectos “obligatoriamente sujetos a presentación de aviso de proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto ambiental”, marcan claramente las amplias facultades de la autoridad de aplicación ( Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos) para regular los emprendimientos por delante.
El proyecto duplica en artículos al original y pone énfasis en los procesos de consenso previo para la radicación y desarrollo de proyectos de diferente tipo. En esa línea, fija criterios específicos para las audiencias públicas y confirma la consulta popular, en todos los casos no vinculantes.
En tanto, introduce elementos nuevos como el amparo judicial para proteger derechos ambientales, un Fondo de Protección Ambiental y acciones para la Salud Ambiental.
Ratifica el seguro obligatorio, acciones educativas y premios y castigos.
El debate que viene ahora es el vinculado con la ley de bosques, que el año próximo tendrá su primera revisión tras cumplir cinco años.
Incidentes en la previa y denuncias contra Frencia
El edificio de la Legislatura fue ayer escenario de serios incidentes entre manifestantes enrolados en organizaciones sociales y políticas y la policía, en el marco de la oposición a la ley de Ambiente que se votó anoche en la Unicameral.
Previamente, un grupo de ambientalistas -identificados con la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida y de barrio Ituzaingó Anexo- se habían encadenado en el ingreso a la Legislatura, contra un proyecto cuyo texto final denunciaron que resultó inconsulto y a la medida de la empresa Monsanto.
Los incidentes tuvieron como resultado 20 detenidos en las inmediaciones del edificio legislativo.
En ese marco, legisladora de UPC Nadia Fernández, acusó a su par de Izquierda, Cintia Frencia, de “marcar” a algunos legisladores para que los manifestantes los insultaran y atacaran. Frencia negó los hechos, al tiempo que insistió en denunciar el acuerdo entre el oficialismo y la oposición para avalar y darle visos de legalidad a la radicación de la empresa Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas.
