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Congreso debate cambios en las SAS

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Expertos expusieron sobre la transparencia de las sociedades por acciones simplificadas

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados debatió este jueves el proyecto de ley impulsado por el oficialismo, por el cual se propone un régimen de transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), en el marco de una reunión informativa, con la presencia de funcionarios, abogados y especialistas que tuvieron visiones encontradas.
A lo largo de la reunión de la comisión que preside el salteño Lucas Godoy (FdT), expresaron su punto de vista el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta; el titular de la fiscalía Federal 2 de esa provincia, Walter Rodríguez; el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, y los abogados Alejandro Ramírez, Rafael Manovil, José Sala Mercado y el titular de la Asociación de Emprendedores, Manuel Tanoira.
Se trata de una iniciativa elaborada por el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez; la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, y la secretaria del bloque del Frente de Todos, Paula Penacca, que busca establecer más controles a las Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) creadas en la gestión de Mauricio Macri, a fin de transparentar el marco jurídico en el que se desarrollan.
Al exponer en el marco de la reunión, el presidente de la Corte de Santa Fe, Daniel Erbeta, sostuvo que «el concepto de persona jurídica se ha resquebrajado en las últimos años» y consideró que las SAS «son una herramienta apta para el capital emprendedor, pero el problema no es el instrumento», al señalar que «hay un problema más de fondo que tiene que ver con algunos vicios de la ley de sociedades».
Para Erbeta, «hay una regulación laxa» de la norma y consideró que «no hay una fiscalización adecuada en su constitución», al sostener que «existe una necesidad de discutir y proyectar algunas exigencias de mayor control», así como «fortalecer organismos de control y hasta de establecer sanciones en casos de omisión de estos controles».
Por su parte, el titular de la Fiscalía Federal Numero 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, relató que, tras una investigación, una de las causas a su cargo descubrió la existencia de unas 40 sociedades simplificadas que estaban interrelacionadas entre sí y, que tras un trabajo, se construyó una imputación por delito de asociación ilícita tributaria, al señalar que la característica de este tipo de sociedades «es que duran entre 3 y 4 meses».
«Llegué a la conclusión que se habían formado para generar usinas de facturas falsas que llegaron a generar una suma de 700.000 millones de pesos y se emitieron más de 8.500 facturas falsas. Esto fue posible gracias a las facilidades en conformar las SAS mediante los tramites a distancia que facilitaban comenzar con la inscripción de las sociedades», afirmó Rodríguez.
Por su parte, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, afirmó que «la IGJ quiere que las sociedades se constituyan pero nació como una sociedad sin controles» y recordó que los Panamá Papers «puso en conocimiento que las actividades off shore facilitaban determinados delitos y puso en tela de juicio una operatoria que se practicaba desde los ’90. Es fundamental el control estatal».
«Las Sociedades son un instrumento de capital perfecto pero también es un fraude. Para eso está la mayor parte de SAS», aseveró Nissen.
Según el Director de Sociedades Comerciales de la IGJ, Darío De León, «el 95% de las SAS no llevan registros contables, es decir que no queda registro de ingreso y egreso, en definitiva a qué se dedican» y sostuvo que «es un problema estructural que redunda en la elección de este tipo particular, dado que nadie las controla, nadie sabe a qué se dedican».
Por su parte, el jefe de Asesores de la Unidad de Información Financiera, Nicolás Vergara, dijo que las «las sociedades anónimas, mutuales y cooperativas, SRL y fideicomisos, tienen un riesgo medio respecto de actividades delictivas», pero aclaró que «esto no quiere decir que se tienen que eliminar sino que necesitan mayores controles«
El subdirector de Recaudación de la AFIP, José Bianchi, dijo que hay «53.800 sociedades inscriptas, de las cuales 8.900 están inscriptas pero no pueden operar porque no tienen un impuesto activos», aclaró que «no todas las SAS son pymes» de «las cuales la Ciudad de Buenos Aires tiene 10.000 SAS, la provincia de Buenos Aires 6.000 y Córdoba es la que más tiene, con 15.000» .
Detalló que las SAS dentro de las sociedades representan el «8 o 9% y representan el 1,1% de las ventas totales del IVA tomando el periodo fiscal del 2022» y dijo que la SAS fueron «el medio más utilizado para generar créditos fiscales ficticios, representando un tercio de las empresas generadores de crédito apócrifo, en 2018, y superando 70% en el año 2019”.
Por su parte, Manuel Tanoira, de la Asociación de Emprendedores, señaló que «hay una deformación en Argentina de querer prevenir el delito sobre la literalidad y encorsetando el ecosistema de negocios, eso hace que los emprendedores que constituyeron SAS se vean perjudicados y no generen empleos”.
Otro de los oradores a favor de que no se cambie la ley, fue Rafael Manovil, especialista en Derecho Comercial, dijo que «“si me pidieran a mí una recomendación con respecto a este proyecto sería no aprobarlo. Estamos hablando de la regulación de sociedades, no de combatir el delito o el narcotráfico. Tenemos un problema interpretativo”.
Por su parte, el abogado Sala Mercado dijo que «no comparto este proyecto porque se está nacionalizando un tema jurisdiccional y se desalienta la creación de las SAS. En Córdoba funcionan correctamente mediante canales legítimos junto a un ecosistema emprendedor”.

Quejas de los emprendedores

En un comunicado emitido el pasado miércoles, la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA, entidad que nuclea a los emprendedores del país), se expresó contra la decisión del gobierno argentino, cuyo proyecto de ley limita a las SAS y SRL, afectando a todas las PyMEs del país, bajo la excusa de combatir el lavado de activos. Esto crea un registro de emprendedores que da al Ministerio de Economía la potestad de aceptar o rechazar a quien se considera emprendedor y socio de una sociedad. Además, obliga a las PyMEs a registrar su domicilio y presenta la obligación de presentar balances ante la IGJ. 

El proyecto levanta la limitación de responsabilidad de los socios y administradores de las SAS y SRL frente a terceros y permite que el poder ejecutivo disuelva cualquier sociedad sin posibilidad de recurso judicial y confisque sus bienes sin intervención de un juez. Las SAS son la figura societaria más utilizada en provincias como Santa Fe, Tucumán, Mendoza o Córdoba. 

Desde la aprobación de la Ley de Emprendedores en 2017, se crearon más de 50 mil empresas bajo la figura de la SAS y se generaron más de 120 mil puestos de trabajo registrados, y son las sociedades que tuvieron mayor crecimiento de recaudación fiscal, y mayor creación de puestos de trabajo, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y de la AFIP.

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