ESCUCHARCámaras empresariales, economistas y centrales gremiales fijaron postura frente al megaproyecto enviado por Milei al Congreso. Por el amplísimo alcance de la iniciativa, hubo diversas opiniones. En el caso de Córdoba, la Unión Industrial apoyó el cambio propuesto por el Gobierno. Unanimidad de las centrales obreras para realizar un paro el 24 de enero
Diversas cámaras empresariales y economistas subrayaron la necesidad de llevar adelante reformas económicas y valoraron diversos puntos del proyecto de ley ómnibus enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para su tratamiento en el período de sesiones extraordinarias, mientras que otros cuestionaron el impacto negativo que podría tener sobre determinados sectores.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, consideró que el proyecto de ley ómnibus es «interesante» y «ambicioso», al tiempo que manifestó su coincidencia de que el país «necesita cambios profundos».
«Es imposible analizar ya 664 artículos pero es un proyecto interesante y ambicioso. Coincidimos con el diagnóstico de que el país necesita cambios profundos y son bienvenidas las desregulaciones de nuestra economía», dijo Grinman.
Entre los puntos del proyecto de ley, destacó el blanqueo, mientras que del DNU resaltó la facultad de poder cambiar el régimen indemnizatorio por despidos, previo acuerdo entre sindicatos y empresas.
«Hay una situación de informalidad muy grande en la Argentina producto de una ley de contrato de trabajo vetusta, diría, de la primera Revolución Industrial. Me parece razonable buscar todos los caminos y herramientas para eliminar la informalidad porque eso permitirá que esta pobre gente que no se encuentra incluida, no tiene jubilaciones y no tiene obra social, pueda ingresar al sistema como corresponde», señaló el dirigente empresarial.
Sobre el régimen de despidos, indicó que, además de «contemplar» al trabajador, permitirá proteger a los empleadores pues los juicios laborales «en muchas oportunidades funden a las pymes».
«Apunta a desactivar la industria del juicio y que evite que las empresas pymes se vayan a la quiebra con un despido», subrayó.
Desde el sector cárnico, las cámaras de la industria frigorífica ABC, Unica y Fifra destacaron que la incorporación del capítulo de carnes en el proyecto de Ley ómnibus enviado al Congreso «pregona una reforma solicitada durante años por el sector».
«Da garantías a la salud de los consumidores» al establecer un estatus sanitario nacional, señalaron las cámaras del sector frigorífico.
Asimismo indicaron que el proyecto «da garantías a la salud de los consumidores argentinos al establecer un Estatus Sanitario Nacional y designar una autoridad sanitaria a nivel federal con poder de control sobre la faena, elaboración y transporte de productos y subproductos bovinos en todo el territorio nacional».
En tanto, el economista y ex vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Nación (BNA), Lucas Llach, destacó que el Gobierno de Javier Milei dio un «golpe sobre la mesa» con la presentación del DNU y el envío del proyecto de ley ómnibus.
Llach, quien señaló haber «ayudado en algunas cosas de la ley» junto con el asesor presidencial Federico Struzzeneger, manifestó que las reformas están «muy en la línea de lo que él prometía» durante la campaña electoral al ser «promercado y pro mercados competitivos».
«Esto implica tocar muchos privilegios y muchos intereses. Como filosofía diría que en todo lo económico (las reformas) tratan de construir mercados competitivos», enfatizó Llach.
Sobre el incremento de retenciones a determinados complejos agroexportadores e industriales, dijo que si bien la medida no le gusta, se explica por «una cuestión fiscal», luego de lo cual subrayó que las condiciones para los exportadores mejoraron con la última devaluación.
En tanto, el economista Martín Redrado, quien también fue presidente del BCRAl, se mostró más escéptico y señaló que tanto el DNU como a la ley ómnibus les falta «un horizonte claro de desarrollo y crecimiento».
En ese sentido, consideró que «falta el camino hacia el desarrollo» por medio de, por ejemplo, «leyes simples» que estimulen las inversiones en energía y minería.
Redrado, en ese sentido, opinó que, en lugar del DNU y la llamada «ley ómnibus», habría sido una mejor postura ir por leyes más pequeñas que atiendan a las urgencias económicas.
«Hay que poner el foco. Como dice el famoso dicho, el que mucho abarca, poco aprieta», señaló.
«Está muy bueno plantear cambios, cambios en las leyes electorales, eliminar abogados para divorcios ¿Pero eso es lo importante o urgente en Argentina? Yo me focalizaría en siete leyes, tres que estuvieran destinadas a estabilizar la economía y ordenar las cuentas públicas y otras cuatro orientadas hacia el crecimiento económico», opinó Redrado.
Enfatizó que «no está claro el camino porque hubo una dispersión de esfuerzos», y agregó: «A mí me gustaría que nos focalicemos en cuáles son los motores de crecimiento que nos van a traer dólares genuinos porque la política económica, en definitiva, lo que debe generar es más y mejor empleo, y más dólares para la Argentina que nos saquen de este atolladero».
Sobre el panorama económico, evaluó que el gobierno de Milei «va a tener que mostrar resultados, sobre todo en corto plazo en materia de inflación» y alertó que «no hay señales» de que baje en los próximos meses.
«Hay que ver qué pasa con el apoyo de la gente a todo este proceso. El presidente evidentemente juega con el apoyo de la gente y en los próximos meses plantea un cimbronazo complicado al bolsillo de los argentinos», añadió.
Por otra parte, los fabricantes de biocombustibles alertaron por el «riesgo» que implica a la industria pyme del sector la nueva ley.
Mediante una nota, el titular de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) Juan Ignacio Facciano, indicó que «la aprobación del proyecto de ley constituiría el certificado de defunción de toda la industria pyme de biocombustibles».
Al analizar las reformas económicas, el exsecretario de Comercio Interior Roberto Feletti consideró que «es una posibilidad» que el Gobierno de Javier Milei alcance «en otoño» un escenario de «equilibrio externo y fiscal sobre un esquema de pauperización popular».
Consideró esto un «proceso de reestructuración bestial de la Argentina en contra de los trabajadores en general», al aducir que la actual administración apunta a «licuar salarios, jubilaciones; alterar la economía informal; privatizar las empresas públicas; desmontar todas las regulaciones protectivas».
UIC
En tanto, en Córdoba, la Unión Industrial avaló las medidas tomadas por el Gobierno.
“Apoyamos enfáticamente la decisión del Gobierno nacional de terminar con el déficit fiscal, causa raíz de los problemas macroeconómicos que padece la Argentina. Estamos convencidos que, a partir de ese momento, se liberarán todas las fuerzas de la producción de la industria, la generación de trabajos genuinos y formales, la competencia en condiciones de equidad que permitirá la consolidación de una industria sólida y sustentable, logrando así el crecimiento tan anhelado por todos. Nuestra institución pidió y propuso en reiteradas oportunidades decisiones en este sentido, que hoy apoyamos y que debe internalizarse como una buena práctica de gobierno: No puede haber déficit crónico en las cuentas del Estado”, señaló parte de un comunicado difundido ayer.
Paro y movilización
Mientras tanto, la CGT convocó a un paro general nacional para el 24 de enero próximo en protesta contra el Gobierno de Javier Milei y las recientes medidas como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía y la Ley ómnibus enviada al Congreso de la Nación. «El miércoles 24 de enero sería el día que trataría Diputados este proyecto», dijo Héctor Daer al respecto de la fecha elegida.
El Comité Central Confederal (CCC) de la CGT resolvió la medida ayer tras la marcha en el Palacio de Justicia contra el DNU y la ley ómnibus del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
Tras la confirmación del paro de la CGT, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) informaron que se sumarán a la medida de fuerza.
