ESCUCHAREl Gobierno provincial analiza alternativas para fondear nuevos planes de viviendas, entre ellos, la posibilidad de obtener financiamiento del Banco de Córdoba luego de la cesión de hipotecas de unidades ya escrituradas y pertenecientes a planes oficiales.
En tanto, la entidad crediticia podría securitizar esas hipotecas como garantía de un fideicomiso para la obtención de nuevos fondos.
La alternativa fue confirmada a Comercio y Justicia por una fuente del Ejecutivo provincial en base a los alcances de la flamante ley 9749, vinculada a viviendas de planes oficiales.
Puntualmente, la referencia se relaciona con uno de los artículos de esa norma sancionada el miércoles pasado por la Legislatura.
Según ese apartado, “los créditos garantizados con hipotecas a favor de la Provincia podrán ser cedidos a título oneroso al Banco de Córdoba, quedando dicha entidad subrogada para su recupero, o ser encomendada su cobranza a la entidad bancaria mencionada”.
El texto deja así abierta la chance de “vender” la cartera al Córdoba y de esta forma obtener un monto determinado que sería luego volcado a nuevos planes de viviendas.
“Hay unas 25 mil viviendas que ya tienen hipotecas”, indicó la fuente. No obstante, aclaró que muchas de ellas fueron ejecutadas por los municipios.
Si bien evitó precisar datos, trascendió que la deuda por vivienda (el monto que resta para cancelar los pagos) rondaría los 25 mil pesos.
Si el Banco de Córdoba abonara 20 mil pesos por unidad, el monto rondaría los 500 millones de pesos.
En tanto, la entidad podría securitizar las hipotecas y salir a buscar fondos con ese paquete de viviendas como garantía. Esa opción se analizó con fuerza al momento de lanzar la línea de créditos hipotecarios aunque luego quedó relegada.
En rigor, la posibilidad de securitizar las hipotecas de los planes de vivienda oficial ya había sido motivo de análisis en la Provincia, incluso desde la primera gestión de José Manuel de la Sota. No obstante, la alternativa nunca prosperó.
“La idea de la transferencia de la gestión de recupero es, en el fondo, conseguir nuevo financiamiento para poder volcar más recursos a viviendas”, completó otra fuente con despacho en Casa de las Tejas.
La estrategia, no obstante, aún requiere mayor precisión y no se concretaría sino hasta el último trimestre del año.
Es que según la ley sancionada el miércoles en la Unicameral, los adjudicatarios de planes oficiales podrán por un plazo de seis meses (prorrogables por otros 90 días) cancelar el valor de la vivienda con descuentos de hasta 40 por ciento por pago de contado. Ese beneficio será para quienes no registren deuda con la Dirección de Vivienda y, paralelamente, no hayan hecho uso de un plan de facilidades de pago. También habrá créditos menores de entre 20 y 30 por ciento para otros tipos de casos.
La norma avanza asimismo en la escrituración de toda vivienda al momento de la entrega a su correspondiente adjudicatario. La posibilidad de contar con nuevos fondos y de una sola vez alienta los planes de la Provincia en torno al tema viviendas.
Prácticamente paralizados los envíos de fondos comprometidos desde la Nación para ese tipo de obras, hoy los planes habitacionales en marcha no registran avances.
