Asociaciones de martilleros y de cámaras inmobiliarias del interior del país plantearon ayer la necesidad de reformar el plazo y la actualización de los contratos establecidos en la ley de alquileres, mientras que los inquilinos se pronunciaron a favor de mantener la ley vigente que rige para el sector, al participar del debate convocado por la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados.
La mayoría de los 42 expositores correspondieron al Colegio de Martilleros y a las cámaras inmobiliarias que representan a los propietarios, quienes plantearon la necesidad de modificar el plazo de los contratos para que se reduzcan de tres a dos años, y que la actualización de los alquileres se realice cada seis meses, en el marco de una reforma de la ley vigente en la actualidad.
La representante del Colegio de Corredores Públicos de Misiones, María Bower, señaló que «la ley provocó consecuencias en un sentido opuesto a lo que la ley pretendía: nació con buenas intenciones, pero provocó en nuestro mercado una disminución en la oferta de alquileres». Es el argumento central del Colegio de Profesionales Inmobiliarios de Córdoba, que ya expresó su voz en el mismo debate en Diputados.
Si bien en esta oportunidad solo expusieron nueve asociaciones de inquilinos, los representantes de éstas entidades plantearon que no se debe acelerar la reforma de la ley. También propusieron analizar «en detalle» la iniciativa para poder proteger a las familias que deben alquilar una propiedad.
La Comisión de Legislación General continuará con las rondas informativas con los sectores involucrados el martes 19 y miércoles 20 próximos, en la que podría estar presente el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi.
En tanto, el debate de los diputados para consensuar un dictamen entre el oficialismo y la oposición se hará los días 25 y 26 próximos, con el objetivo de que la reforma sea sancionada en el recinto en la primera quincena de mayo, en base al cronograma acordado.
De esta manera, se cumpliría con el plazo que la Cámara se autoimpuso hace diez días, cuando las autoridades del cuerpo y de los principales bloques acordaron que el debate se debía agotar en 30 días hábiles contados desde el pasado día 5, es decir antes del 18 de mayo.
