ESCUCHARPor Claudia Graffi *
La comunidad de discapacidad está unida en la lucha por los derechos de los pacientes y de los de sus prestadores.
Se centra en dos grandes problemáticas: un sistema burocrático de autorizaciones y condiciones laborales indignas.
Pedimos desburocratización. Las familias hacen trámites interminables para comenzar o continuar los tratamientos y hay mucha demora en las autorizaciones. Lo mismo pasa en el área de equipamientos e insumos. También hay falta de coberturas.
Para los tratamientos, las familias deben reunir un conjunto de formularios e informes, algo que les insume verdaderos peregrinajes, que deben ser enviados a las obras sociales para su autorización. Con ella se puede dar comienzo efectivamente a las terapias. En muchos casos, las autorizaciones de las prestaciones demoran varios meses.
Las condiciones de trabajo de los prestadores de salud en el área de discapacidad siempre han sido precarias. Como se dijo, las autorizaciones demoran, pero los prestadores comienzan a atender a los pacientes sin saber si podrán cobrar lo trabajado.
Ante esta situación, siempre se ven perjudicados, porque muchas veces no cobran por lo que hicieron antes de la autorización y, en el mejor de los casos, reciben los pagos con cinco, seis o más meses de demora.
De esperar la autorización para comenzar a trabajar, se ve severamente perjudicada la persona con discapacidad, que no recibe oportunamente las terapias que necesita.
Por otro lado, cabe destacar que los pagos “a término” se efectivizan a los dos o tres meses, según la voluntad de las obras sociales.
A esto sumamos que las actualizaciones de aranceles están desfasadas y no acompañan la inflación.
La situación que desató el conflicto se generó durante agosto pasado, cuando no se realizaron pagos a prestadores de servicios porque la AFIP no giró los que corresponden a junio y mayo e, incluso, a meses anteriores. Ello implica la pérdida de un porcentaje significativo del poder adquisitivo por el contexto inflacionario.
A la fecha no tenemos respuestas concretas sobre por qué sucedió y cuál es la situación.
A fines de septiembre seguimos sin pagos regularizados. La Superintendencia de Servicios de Salud informa a los medios que los pagos se hicieron y desmienten el ajuste, pero lo cierto es que aún no cobramos.
Otro punto importante en nuestro reclamo es la filtración de un borrador de DNU que posibilitaría la virtual estatización de parte de las prestaciones de discapacidad.
Si eso sucede, el perjuicio para la comunidad de discapacidad es innegable porque las prestaciones serían abonadas por el Tesoro Nacional, algo inviable dada la situación en la que está la economía del país.
A raíz de todo esto nos unimos a escala nacional en un movimiento histórico para visibilizar la crisis.
Se creó una organización que nuclea a los involucrados en discapacidad en representación a la provincia: la Asamblea de Discapacidad Regional Córdoba.
Recientemente, fueron los Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU Nacional) quienes marcharon y convocaron en la carpa blanca frente a la Casa Rosada.
El movimiento plantea una lucha en conjunto, por los derechos de las personas con discapacidad, de sus familiares y de los profesionales.
(*) Licenciada en fonoaudiología (UNC). MP 8144.
Fepuc
La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (Fepuc) apoya los reclamos de sus matriculados prestadores en discapacidad.
En un comunicado que difundió antes de la protesta que organizaron los expertos del sector el 22 de septiembre pasado, señaló que se vulneran derechos consagrados en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Además, Fepuc denunció que hay obras sociales y prepagas que no autorizan prestaciones e incumplen el Programa Médico Obligatorio (PMO).
“Resulta inviable el sostenimiento de las prácticas profesionales en discapacidad cuando los honorarios son percibidos con un retraso mínimo de tres meses a valores históricos, en un país cuya inflación consume los ingresos”, enfatizó.
Planteó que ello afecta directamente a colegios, consejos y asociaciones profesionales -Consejo de Médicos: Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas; Colegio de Fonoaudiólogos; Asociación Federal de Psicomotricistas; Colegio de Psicopedagogos; Colegio de Profesionales en Servicio Social; Colegio de Psicólogos y Asociación Civil de Terapistas Ocupacionales- e, indirectamente, a las instituciones entre cuyos matriculados hay personas con discapacidad.
