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Ante el silencio del Gobierno, piden informes sobre último ataque incendiario en Villa Mascardi

Gerardo Milman. El legislador vinculó al líder de la RAM con lo sucedido.
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Luego del nuevo ataque incendiario en el sur del país en contra de un puesto de Gendarmería Nacional en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, el pasado domingo por la noche, presuntamente cometido por grupos mapuches, el diputado nacional Gerardo Milman (PRO) le atribuyó responsabilidad directa al Gobierno nacional y al prófugo Jones Huala.

El lunes, a través de su cuenta de Twitter, el legislador aseguró que el último suceso se debe a “la pasividad y el abandono del Gobierno” y afirmó que “es muy probable” que el recrudecimiento de la violencia en la Patagonia Norte sea consecuencia de la presencia de Huala en la región.

Huala es el líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). En 2013 fue condenado por el incendio de una vivienda habitada y tenencia de armas.

Milman presentó un proyecto ante la Cámara de Diputados para solicitar información respecto de los hechos ocurridos en la ciudad rionegrina.

Solicita saber cuál ha sido el despliegue de la Gendarmería o de otras fuerzas dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. También pide respuestas sobre si es cierto que el ataque fue perpetrado con armas de fuego y que, si ese es el caso, se indique si las pericias determinaron su calibre.

También reclamó que se indique si hay faltantes de equipamiento de seguridad, armas, municiones, chalecos antibalas o cualquier otro suministro de Gendarmería y si en el accionar criminal se detectó la presencia de menores de edad.

“¿Cuál es el plan de seguridad estratégico del Ministerio de Seguridad sobre la problemática de usurpaciones ilegales de terrenos y ataques vandálicos premeditados al respecto?, preguntó Milman.

También quiere saber qué hipótesis hay con respecto a lo ocurrido, tanto en las dependencias de la Secretaria de Seguridad de la Nación como en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

Paralelamente, planteó que se impone saber si desde el Ministerio de Seguridad de la Nación están trabajando sobre la probabilidad de involucramiento de Huala y sus seguidires en los actos vandálicos y qué medidas de intervención se formalizaron por parte de la fiscalía interviniente.

“Nuevamente, asistimos azorados a un episodio de violencia inusitada en la localidad de Villa Mascardi, cuando este fin de semana último atacaron a palazos, piedras y, según los transcendidos, también mediante disparos de armas de fuegos a una casilla móvil de la Gendarmería Nacional que estaba apostada allí para resguardar a los vecinos”, manifestó Milman en su presentación.

Y continuó: “Hay que mencionar que la custodia fue dispuesta por orden judicial emitida por la Fiscalía Federal de Bariloche, es decir, por una orden judicial. Vemos que esta problemática violenta en el sur viene in crescendo y que desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo no se hacen eco ni emiten ningún tipo de comentario o respuestas efectivas frente a la amenaza creciente de estas organizaciones transnacionales”, añadió.

Acompañan el proyecto de Milman los diputados Waldo Wolff y Laura Rodríguez Machado, entre otros.

El lugar incendiado ya había sido vandalizado el primero de agosto pasado.

Sobre el final de ese mes, el ex funcionario y especialista Eugenio Burzaco planteó que el gobierno que surja de las elecciones del año que viene debería impulsar una reforma que permita a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad; sobre todo, en las fronteras y en la custodia de objetivos estratégicos.

Entre los principales desafíos que tendrá por delante la nueva administración citó la actuación de grupos violentos autoproclamados mapuches y el auge del narcotráfico.

En una entrevista periodística, el ex secretario de Seguridad de la Nación alertó sobre los riesgos del avance narco y de que bandas criminales como el brasileño Primer Comando de la Capital (PCC) se asienten en Argentina.

Burzaco apuntó a los datos preocupantes en materia de delitos y planteó la necesidad de una reforma integral, que permita, entre otras cosas, sumar recursos humanos a las tareas de combate contra el crimen organizado. “Estamos a tiempo de controlar esto, pero eso requiere de un fuerte involucramiento del Gobierno nacional, que es lo que ha evitado el gobierno actual”, afirmó.

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