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A una década del enfrentamiento por la 125

Por Salvador Treber. Exclusivo para Comercio y Justicia
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La fuerte y continua resistencia durante cuatro meses por parte de los dirigentes agropecuarios para desalentar la intención de aprobar la resolución por vía parlamentaria puso en evidencia la enorme influencia de ese sector productivo

 Por Salvador Treber

En el transcurso de marzo del año 2008, Martín Lousteau, cuando revistaba como ministro de Economía, anunció un nuevo régimen de retenciones variables que debían recaer sobre las exportaciones de cereales y oleaginosas, sin sospechar que el conflicto se extendería y lo obligaría a renunciar el 24 de abril de ese año. Es obvio que se equivocó al informar que el tema había sido adecuadamente concertado con el jefe de Gabinete. Inmediatamente después de conocido su texto «llovieron» los planteos de las cuatro entidades agropecuarias – la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y la Federación Agraria Argentina- que argüían que la resolución pretendía crear un régimen confiscatorio que era inadmisible.
El conflicto se extendió por alrededor de 120 días en que se sucedieron constantes cortes de ruta y múltiples choques de todo tipo, convirtiéndose así en el mayor paro agrario de que se tenga memoria. Sus promotores, coordinados en la Mesa de Enlace compuesta por representantes las mencionadas entidades, convocaron en conjunto a un paro de 48 horas en las áreas de comercialización de granos y carnes. Hasta ese momento, esas entidades no habían emprendido ese tipo de acciones unánimemente concertadas pero, en esa oportunidad, por considerar crucial el momento que se afrontaba, no dudaron en hacerlo.
La resolución Nª 125 las enfrentó con el Gobierno nacional y el conflicto se extendió por mas de cuatro meses; Lousteau, junto con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, idearon una vía para lograr acceder a recursos, pese a que el jefe de ministros, Alberto Fernández, no coincidía con esa idea. Eduardo Buzzi, quien ocupaba la presidencia de la Federación Agraria Argentina, entidad que representa a alrededor de 100 mil productores chicos y medianos, explicó que «los unió el espanto» y con posterioridad aclaró que «el gauchaje quería la caída del Gobierno, siendo la 125 una simple excusa. Una vez que levantamos un paro, nos decían que, si hubiésemos parado una semana más, el gobierno se caía».
A dicho dirigente se le ofreció la subsecretaría del área con notoria intención de dividir el frente agropecuario pero ello no se logró y el presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, que agrupa a los 12.000 mayores productores y latifundistas, sostuvo que la vía de «Alberto Fernández era la única posibilidad de conectarnos con el Gobierno». Meses después rememoró que «la señora Presidente nos recibió sólo dos veces: la primera, muy corta, y en la segunda nos dio cinco minutos a cada uno para exponer nuestras objeciones». Obviamente, el «clima» se fue caldeando y la solución no aparecía.

Con el correr de los meses, el enfrentamiento se endureció y el presidente de Coninagro, Carlos Garetto, sostuvo que «les costó creer en la Mesa de Enlace; llevó su tiempo. Cada vez que se resolvía levantar los cortes, los roces internos se multiplicaban, lo cual el Gobierno sabía y alentaba». Una conocida dirigente autoconvocada proveniente de la ciudad bonaerense de Azul, al referirse a los piquetes, que de esa forma y por miles se concentraron en la Plaza de Mayo, impulsó su retorno a las rutas pues esta vez la fuerza movilizante provenía de los porteños ya que impulsaban con mayor fuerza a los que pugnaban por gravitar desde el interior. Como es lógico de suponer, la popularidad de los dirigentes obviamente fue en rápida alza; en el otro extremo, los funcionarios federales la perdían y recibían todo tipo de denuestos.

El tenso trámite de la resolución Nª 125
Mientras tanto, en el seno del Gobierno, el vicepresidente Julio Cobos propuso se mandara el proyecto al Congreso, pero ello no fue aceptado. Algo contrariado hizo conocer un comunicado suscripto exclusivamente por él en que solicitaba la intervención inmediata del Congreso; idea que logró de inmediato apoyo del jefe del bloque mayoritario.
Luego de algunas vacilaciones la iniciativa fue adoptada por la mismísima Presidente y en la Cámara de Diputados se logró finalmente que sea aprobada por una muy escasa diferencia de siete votos. Sin embargo, en la de Senadores, tradicionalmente mucho menos abierta a innovaciones de cierta importancia, se presumía fundadamente que habría un duro enfrentamiento tras el cual cualquier resultado podía ser viable.
Los mas experimentados dirigentes del sector, el 25 de mayo de aquel año 2008, es decir, cuando habían transcurrido 75 días de conflicto, organizaron un gran acto público con el objeto de exigir a viva voz el rechazo al texto de la resolución, a cuyo efecto lograron movilizar a alrededor de 200 mil personas. Con posterioridad a la media sanción, los ruralistas hicieron un esfuerzo supremo y organizaron dos macromanifestaciones multitudinarias de repudio al proyecto, justo un día antes del fijado para el respectivo debate en el Senado; uno frente al Monumento a los Españoles, que contó con alrededor de 240 mil asistentes, y otro en la Plaza de los Dos Congresos, donde la adhesión fue semejante.

La discusión en el Senado se extendió por algo más de 17 horas de debate sin treguas en que expusieron sus posiciones nada menos que 54 senadores pero muy probablemente estaba convenida esa acción por gestión de la entonces oposición, no ahorrando esfuerzos y acciones para evitar que por entonces el Gobierno pudiera subir la alícuota de imposición a la soja siquiera temporariamente, de 35% a 44,2%. Los manifestantes, en un tono harto furioso, sostenían que los funcionarios se habían «metido con un manso» que esta vez estaban plenamente preparados para resistir.
La votación fue muy pareja y con un legislador cordobés que alegaba una descompostura resultó empatada; correspondiendo reglamentariamente que desempatara el vicepresidente de la Nación en ejercicio de la conducción de las referidas deliberaciones. Fue entonces que, visiblemente emocionado, Julio Cobos se expidió en forma nada habitual. Exclamó que optaba por «un voto no positivo» que significaba un abrupto rompimiento con los planteos oficialistas, lo cual era inconcebible admitir por parte de un vicepresidente. Por supuesto, su permanencia se hizo totalmente inconcebible pues en las filas que antes integraba lo consideraban un traidor que no podía continuar en esa función.

Los sucesos posteriores
Tanto por el sentido como en lo formal, lo sucedido constituyó una decisión histórica que contrarió las intenciones y frustró los objetivos en ese sentido que tenía el Gobierno. Evidentemente, el episodio marcó un límite y varios protagonistas debieron renunciar; pero el tema de la resolución 125 debió archivarse para siempre.
En aquella oportunidad no se logró, por tanto, sustituir por las móviles las llamadas retenciones fijas ya vigentes; pero a pocos días de asumir el actual gobierno, procedió a eliminar totalmente las entonces vigentes que recaían sobre las exportaciones de trigo, maíz, cebada y se concretó una rebaja de cinco por ciento en las que regían sobre la soja, las cuales -se prometió- serían eliminadas progresivamente, en otras seis cuotas anuales. De esa forma, virtualmente de «un plumazo», se transfirieron a los grandes productores y acopiadores alrededor de $60 mil millones. Aquéllos lo esperaban y por ello mantenían en sus depósitos alrededor de 15 millones de toneladas de cereales y oleaginosas a la espera de esa medida.

El 10 de marzo pasado, en la ciudad bonaerense de San Pedro, las sociedades rurales de dicha ciudad y de Baradero, a las que se sumaron una serie de entidades de la misma área, celebraron con un acto recordatorio junto con los dirigentes de las otras tres entidades «madres» y la presencia personal de quienes diez años antes fueron protagonistas centrales del referido conflicto, lo que consideraban una proeza. Prueba palmaria de las profundas diferencias políticas que existían y perduran entre los gobernantes actuales es que esta vez asistieron como invitados tanto el ministro de Agroindustria de la Nación y su colega de la Provincia de Buenos Aires.
La ciudad elegida para esta celebración, ubicada en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires, fue donde se realizó una década atrás la primera reunión de la entonces recién constituida Mesa de Enlace, al par que se lanzaba de viva voz el enfrentamiento con el proyecto de la Resolución Nº 125, que consideraban «confiscatorio e ilegal». También allí se verificó el primer «tractorazo» de repudio y se iniciaron los múltiples cortes en son de protesta para interrumpir el transporte en la vital y estratégica ruta 9 por todo el tiempo que fuera necesario.

El mencionado acto también contó con varios legisladores nacionales del actual partido oficial, un crecido piquete proveniente de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y la concurrencia del actual presidente de la Federación Agraria de dicha provincia mesopotámica. Los oradores insistieron en subrayar que las jornadas de lucha en 2008 fueron «un quiebre que provocó la unidad total del campo; de un campo hasta entonces individualista y desconfiado frente a todos, incluso de sus colegas y vecinos». El ministro del ramo en la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquis, señaló muy enfáticamente, que sólo «a partir de este hecho se logró ratificar la importancia de la agroindustria como motor de la economía de nuestro país». Por ello invitó a los presentes a rendir homenaje a todos los que durante ese tiempo trabajaron mucho y bien por revertir las acciones injustas que, según dijo, 2se promovieron mediante la rechazada resolución».
El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, fue el encargado del cierre y para ello apeló a un curioso eufemismo pues optó por recitar, cual un verso: «Hay que mirar dónde estábamos hace diez años y dónde estamos ahora. Y eso gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes y a los millones de argentinos que en 2008 y en los años que siguieron no nos pusimos de rodillas, no nos dejamos doblegar». Por el tono y la falta de suficiente razón histórica para sustentar su arenga, además de haber desoído hechos muy relevantes, le quitó cierto grado de verosimilitud a la realidad agropecuaria de entones y también a la actual.

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