ESCUCHARUn informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) advierte sobre «incumplimientos y falencias» en la compra y distribución de vacunas del calendario oficial por parte del entonces Ministerio de Salud de la Nación en 2016 y 2017, y su inclusión como prueba en un amparo colectivo que tramita en la Justicia fue solicitada ayer por la ONG que motoriza esa demanda para que se obligue al Estado a cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación.
La inclusión de este informe como prueba en un amparo colectivo fue solicitada ayer por la ONG que motoriza esa demanda para que se obligue al Estado a cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación.
«El resultado de los procedimientos de auditoría realizados en el transcurso del presente trabajo y su análisis por parte del auditor evidencia incumplimientos y falencias en la gestión», concluye el proyecto Nro 121/0751 de la AGN, ahora en manos del juez Civil, Comercial y Contencioso-administrativo Federal número 4 de La Plata, Alberto Recondo.
Se trata de un expediente que tramita merced a un amparo colectivo interpuesto por Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada (Ajus LPBE), en el que ahora el magistrado deberá analizar si acepta como prueba el informe de la Auditoría General de la Nación.
«Al analizar la información a nivel provincial, se puede observar que las diferencias entre la cobertura deseada y la observada se incrementan, alcanzando en determinadas provincias una cobertura menor al 50 por ciento de la población objetivo», advierte el informe de Auditoría de Gestión, de la AGN, respecto del Programa de «Prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles» de la Secretaría de Gobierno de Salud, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.
El informe aportado a la Justicia, además, indica que, «al analizar la distribución de vacunas por parte del Auditado, se observan faltantes en diversas vacunas, valores que se encuentran por debajo de las cantidades planificadas oportunamente junto a las provincias».
«La falta de remisión por parte del Ministerio de Salud de las vacunas planificadas y los niveles de cobertura observados, menores a los estándares establecidos, representan un riesgo epidémico para la población», advierte el trabajo.
Además, respecto a compras y contrataciones por parte del Ministerio, el informe advierte que «se tramitan -sucesivamente- autorizaciones de pagos como reconocimientos de legítimo abono, obviando el cumplimiento del Régimen de Contrataciones del Estado y de la normativa legal y reglamentaria vigente en la materia».
Al solicitar al juez Recondo que acepte la inclusión de este informe en calidad de prueba en el amparo colectivo que tramita en su juzgado, la Ajus La Plata, Berisso y Ensenada sostuvo que «este hecho nuevo (por el informe), resulta ser un eje central para estas actuaciones».
