Un tribunal español reconoció la invalidez permanente de una mujer violada

Fue agredida sexualmente hace 22 años y alegó que ya no puede trabajar. La Justicia de Castilla y León le dio la razón

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, España, reconoció la invalidez permanente de una mujer que fue violada hace 22 años, por las secuelas psicológicas que sufre; entre ellas, ansiedad y estrés postraumático.
El sentenciante tomó en cuenta que los problemas mentales de la víctima, que se desempeña haciendo tareas rurales, se acentuaron cuando supo que su agresor había quedado en libertad.
El hecho sucedió en 1997, cuando la demandante fue secuestrada y violada por un hombre que acababa de salir de la cárcel.
Ahora, la Justicia de Castilla y León dictó un fallo sin precedentes a favor de la damnificada, de 51 años, y determinó que el “calvario psíquico” que padece hace más de dos décadas la incapacitó.

El tribunal enfatizó que desde los 30 años la mujer recibe un tratamiento continuo que produce “una interferencia significativa” en su vida personal, social y familiar.
En cuanto a las secuelas del ataque sexual, concluyó que determinaron una limitación funcional que le impide llevar a cabo cualquier actividad laboral de forma eficiente y “conforme a los mínimos requerimientos”.
El Alto Tribunal detalló que la ansiedad postraumática que experimenta la mujer se presenta tanto en trabajos de exigencia física como en los “sedentarios”, por cuanto no se trata de una afección física sino psíquica.
A mediados de 2017, la accionante supo que su victimario iba quedar libre y su sintomatología se acentuó.
Después de solicitarle sin éxito al sistema de seguridad social que la registrara como discapacitada, presentó una demanda ante un juzgado de la ciudad de Zamora.
Sin éxito, los letrados del Estado alegaron que la actora podía realizar “con plena eficacia” su trabajo en el campo.
Sin embargo, el juez a quo admitió el derecho de la víctima a obtener la baja permanente que pidió -cuya base reguladora es de 669,19 euros- y ahora el Tribunal Superior de Castilla y León acaba de ratificar la decisión.