Rechazan que un pagaré ejecutado se considere de consumo

La Cámara 6ª Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, con voto dividido, revocó la sentencia de primera instancia que rechazó la ejecución de un pagaré declarando oficiosamente la nulidad del documento base de la acción. El tribunal de alzada consideró que la relación entre las partes era de tipo consumeril y que no se habían cumplido los requerimientos normados por el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) para las operaciones de crédito para consumo, por lo que hizo lugar a la apelación presentada por la actora y mandó a llevar adelante la ejecución. [privado] El vocal Alberto Zarza, al analizar la impugnación presentada por el accionante Sebastián Antonio Heredia, señaló que para que se declare la inhabilidad de título en un proceso ejecutivo por infracción al artículo 36 de la LDC, resultaba primordial encontrarse frente a una relación de consumo. Y en esa inteligencia, entendió: “No resulta suficiente valerse de presunciones a partir solamente de las características de persona física de la demandada y de proveedor de servicios financieros del actor, para determinar la existencia de una relación de consumo”. Consideró que en la sentencia recurrida la jueza a quo concluyó que existía un crédito para consumo que se había instrumentado en un documento pagaré a partir de “presunciones”. Asimismo, Zarza consideró que del título surgía la entrega de dinero en efectivo, puesto que allí se consignaba: “Por igual valor recibido en efectivo a mi entera satisfacción”. Al respecto, se agregó que el documento base de la acción no documentaba la adquisición de un bien determinado y se concluyó que no podía inferirse una relación de consumo, como así tampoco que el pagaré fue librado como garantía del pago de un crédito para el consumo. Por lo expuesto, el vocal sostuvo: “Los indicios valorados no revisten la entidad suficiente para permitirnos presumir una relación de consumo subyacente al título de crédito que permita aplicar la ley de defensa del consumidor y así declarar de oficio la inhabilidad de los pagarés”. Minoría Luego, la minoría integrada por la vocal Silvia Palacio de Caeiro sostuvo que en el tribunal se había constatado -al igual que lo habían hecho tanto la Fiscalía Civil y Comercial de Primera Nominación como la Fiscalía de Cámaras en lo Civil y Comercial- mediante el Sistema de Administración de Causas del Poder Judicial, la existencia de más de 30 causas iniciadas por el acreedor en contra de particulares, lo que indicaba que se dedicaba “habitualmente” a realizar préstamos dinerarios. Continuó indicando la jueza: “Lo que aquí se observa entre una persona física dedicada a la intermediación de préstamos dinerarios (actora) y particulares (demandada), respecto a los cuales no se ha acreditado que el crédito otorgado haya tenido una finalidad distinta a su condición de destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”. En tanto, agregó que la relación sustancial que dio origen a la relación procesal de autos importó un crédito para el consumo por lo que debía estarse a lo regulado en la Ley de Defensa al Consumidor y, específicamente a lo dispuesto por el art. 36 de dicha normativa. Así, la disidencia consideró que del título no surgía la información exigida por el art. 36 LDC, pues no se explicitaba la tasa de interés efectiva anual, ni el total de los intereses a pagar o el costo financiero, ni el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses, ni la cantidad y periodicidad y monto de los pagos a realizar, ni gastos extras, seguros, adicionales, etc. “Al no cumplirse con los deberes específicos que debe surgir de la instrumentación de las operatorias de crédito para el consumo, consagrados por el art. 36 LDC, corresponde declarar la inhabilidad del título base de la presente acción”, afirmó Palacio de Caeiro. Finalmente el vocal Walter Simes definió la cuestión adhiriendo a la opinión del vocal del primer voto, por lo cual en el fallo se resolvió acoger el recurso de apelación interpuesto, revocar la resolución recurrida, y mandar llevar adelante la ejecución en contra de la demandada por la suma de $20.000 más intereses. Autos: “HEREDIA, SEBASTIAN ANTONIO C/ MANSILLA, LUISA ARMINDA - EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES, Expte. 6059652” [/privado]

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