ESCUCHARAmbos países volverán a la mesa de negociaciones poco antes de que venza el plazo concedido por Trump para elevar los aranceles a productos chinos
Una delegación estadounidense viajará entre el 14 y 15 próximos a Pekín para continuar las negociaciones comerciales, dos semanas antes de que se cumpla el plazo dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para elevar los aranceles a gran parte de las importaciones de China.
A la cabeza de la delegación figuran el representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, para «discutir la relación comercial bilateral».
Previamente, según precisó la Casa Blanca, se celebrarán reuniones de preparación entre sus respectivos equipos a partir de de hoy.
En la delegación estadounidense estará David Malpass, actual subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro, nominado esta semana por la Casa Blanca como candidato a presidir el Banco Mundial.
Cabe recordar que EEUU y China buscan alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial desatada por la actitud proteccionista de Trump, quien ha criticado duramente las políticas comerciales de China.
Después de asegurar que el eventual acuerdo dependería de un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, la semana pasada el mandatario de EEUU descartó una reunión antes de marzo.
En su discurso del Estado de la Unión, Trump dijo que estaba trabajando con Xi por un nuevo acuerdo comercial que «debe incluir un cambio real y estructural para poner fin a las prácticas comerciales desleales, reducir el déficit comercial crónico y proteger los empleos».
En diciembre, Trump había accedido a suspender durante 90 días, hasta el 2 de marzo, su plan de subir a 25% los aranceles a cientos de productos chinos.
La duda ahora reside en si este plazo se prorrogará y si se mantendrán los gravámenes en la tasa actual de 10%.
En total, Washington ha impuesto aranceles a productos chinos por valor de 250.000 millones de dólares desde julio, y Trump había amenazado con sancionar bienes por otros 267.000 millones de dólares, lo que superaría con creces el volumen de importaciones de China a EEUU, que en 2017 se situó en 506.000 millones.
China ha aplicado como represalia medidas recíprocas a más de 60.000 millones de dólares en importaciones estadounidenses, casi la mitad de los 130.000 millones que compró en 2017.
La batalla comercial también tuvo otros capítulos de tensión mas específicos, aquellos que tuvieron a empresas chinas en el centro de la disputa. Al respecto, cabe recordar que un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó un proyecto de ley que volvería a imponer sanciones a la empresa china de telecomunicaciones ZTE si ésta rompe su acuerdo con el gobierno de Trump.
El texto tiene el aval de los republicanos Marco Rubio, Susan Collins y Jerry Moran, junto con los demócratas Chris Van Hollen, Mark Warner, Elizabeth Warren y Doug Jones.
Se trata del segundo intento de legisladores norteamericanos por sancionar una ley con medidas contra la firma china, después de que la iniciativa anterior, presentada en septiembre, expiró al finalizar el período de sesiones anterior del Congreso. Al respecto, en abril de 2018 el Departamento de Comercio había prohibido a las empresas estadounidenses venderle componentes a ZTE, una de las principales fabricantes chinas de equipos de comunicaciones, porque la firma violó sanciones comerciales contra Irán.
La propia empresa admitió haber comercializado tecnología en ese país y aceptó pagar una multa de 890 millones de dólares, pero incumplió otra de las penalidades impuestas: despedir a cuatro empleados jerárquicos y castigar a otros 35 con recorte de bonos y otras sanciones.
La prohibición duró hasta julio, cuando Trump decidió dejarla sin efecto, medida que no fue bien recibida entre senadores y representantes (diputados).
El proyecto de ley llega en un contexto en el que Estados Unidos y sus socios europeos tienen la lupa puesta sobre las grandes empresas chinas de tecnología y telecomunicaciones, particularmente sobre Huawei, sospechada de facilitar el espionaje a Pekín.
Según la cadena de noticias CNBC, muchos miembros del Congreso estadounidense ven en ZTE y Huawei amenazas a la seguridad nacional, preocupados porque el uso de sus tecnologías en Estados Unidos pueda facilitar que China robe secretos.
Las acusaciones de EEUU contra Huawei incluyen fraude bancario, conspiración, blanqueo de capitales y espionaje. La administración de Trump afirma que «empresas como Huawei representan una doble amenaza» para la seguridad -nacional y económica- del país.
Huawei, por por su parte, rechaza acusaciones de trabajar para los servicios secretos chinos y negó haber cometido los delitos incluidos en la demanda penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a fines de enero. La empresa destacó que las denuncias datan de 2012 y ninguno de los países que la acusaron han aportado pruebas concluyentes de dichas actividades.
El conflicto escaló al ámbito geopolítico desde que comenzaron a tomar partido otros países en los que interviene comercialmente la empresa.
Estados Unidos y algunos países aliados, como Australia, dejaron a Huawei fuera de la puja por la provisión de infraestructura móvil 5G.
Sin embargo, la posición tomada por otros grandes clientes equilibra el tablero y resalta la distancia entre Estados Unidos y Europa.
En primer lugar, fue Alemania que respaldó las operaciones de Huawei en su país. Lo hizo en duros términos: «Para decisiones tan serias como una prohibición se necesitan pruebas». Posteriormente, dos países más se sumaron a esa postura: Italia y Francia.
Ninguno de ellos tiene planes de excluir a Huawei del negocio 5G.
El día 6 pasado, Francia rechazó una legislación del Ejecutivo, por presión de Estados Unidos, que buscaba endurecer los controles a los equipos de telecomunicaciones.
Por su parte, el Ministerio de Industria italiano confirmó en un comunicado que no tiene intenciones de adoptar ninguna decisión que implique romper contratos con proveedores chinos.
