El Parlamento Europeo consiguió aprobar la Ley de Restauración de la Naturaleza

Se espera que antes de fin de año se logre consensuar una normativa con el Consejo de la Unión Europea. El objetivo es restaurar los ecosistemas dañados y recuperar la naturaleza en el Viejo Continente, desde las tierras agrícolas y los mares hasta los bosques y los entornos urbanos. También se propone reducir 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos, hasta 2030

Las organizaciones ecologistas celebraron esta semana que la Ley de Restauración de la Naturaleza continúe su tramitación, luego de superar por un estrecho margen una votación crítica en el Parlamento Europeo. La Eurocámara tendrá ahora que negociar la normativa definitiva con el Consejo de la Unión Europea, cuyos Estados miembros ya consensuaron un enfoque común sobre un proyecto de ley al que se oponen frontalmente la extrema derecha y el Partido Popular Europeo (PPE), así como las grandes explotaciones agrícolas.

El texto fue aceptado por un estrecho margen de votos -336 a favor, 300 en contra y 13 abstenciones-. Los ecologistas se quejan de que el trámite haya sido «torpedeado en diversas ocasiones por varios partidos» que lo bloquearon «por intereses electorales» y «una visión cortoplacista que focaliza un modelo de producción y consumo claramente insostenible».

La propuesta que ha salido adelante lo ha hecho «con enmiendas» que «han reducido significativamente la propuesta de la ponencia» elaborada en la Comisión de Medio Ambiente del Europarlamento, por lo que las organizaciones medioambientales «lamentan que su posición no haya sido más ambiciosa».

Los eurodiputados subrayan que la restauración del ecosistema es clave para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, además de reducir los riesgos para la seguridad alimentaria. Destacan que el proyecto de ley no impone la creación de nuevas áreas protegidas en la Unión Europea (UE) ni bloquea la nueva infraestructura de energías renovables, ya que añadieron un nuevo artículo que subraya que estas instalaciones son de interés público.

Concretamente, lo que se propone es restaurar y preservar 80% de los hábitats silvestres, actualmente amenazados y en mal estado de conservación, para que, además de recuperar su biodiversidad, puedan seguir prestando servicio.

El objetivo ahora es que el Parlamento y el Consejo de la UE puedan acordar la normativa definitiva antes de que acabe el año.

Objetivos de restauración para 2030

El Parlamento resalta que la nueva ley debe contribuir a alcanzar los compromisos internacionales de la UE, en particular el marco mundial de biodiversidad de Kunming-Montreal de la ONU. 

Asimismo, el Parlamento señala que la ley sólo deberá aplicarse una vez que la Comisión haya aportado datos sobre las condiciones necesarias para garantizar a largo plazo la seguridad alimentaria y cuando los Estados miembros hayan cuantificado el área que necesita ser recuperada para alcanzar los objetivos de restauración para cada tipo de hábitat. La cámara también plantea la posibilidad de posponer los objetivos en caso de consecuencias socioeconómicas excepcionales.

En el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor del reglamento, la comisión tendrá que evaluar si hay algún desfase entre las necesidades financieras de restauración y los fondos de la UE disponibles y buscar soluciones para colmar dicha brecha, en particular a través de un instrumento comunitario específico.

El proyecto

La Ley de Restauración de la Naturaleza fue presentada por primera vez por la Comisión Europea en junio de 2022 como parte del Pacto Verde Europeo y la estrategia de biodiversidad 2030. Según la comisión, 80% de los hábitats europeos se encuentra en mal estado, siendo las turberas, los pastizales y las dunas los más afectados.

En este contexto, se pedirá a los Estados miembros que elaboren planes a largo plazo sobre restauración de la naturaleza, en los que se expongan los proyectos e iniciativas que desean llevar a cabo para cumplir los objetivos generales.

El proyecto original planteaba cuatro opciones de distinta magnitud para hacer frente al problema con mayor o menor agresividad en su aplicación, de la cual se optó por la opción cuarta que fijaba un objetivo general para impulsar el progreso global pero respaldado por objetivos jurídicamente vinculantes específicos para cada ecosistema.

Si bien se calcula que esta ley generará mayores beneficios económicos que las prácticas actuales a razón de entre ocho y 38 euros por cada euro invertido, la norma es resistida por varios grupos a quienes afectará en la fase de transición hacia prácticas más sostenibles.

Entre las prácticas que se prevén se establece la renaturalización, la replantación de árboles, la ecologización de las ciudades e infraestructuras y la eliminación de la contaminación, sin que ello signifique crear nuevas áreas naturales o zonas protegidas, sino trabajar sobre todo el territorio ya que “la restauración no excluye la actividad económica” según aclararon, sino que busca “vivir y producir en armonía con la naturaleza”.

Entre los objetivos concretos propuestos se incluye la reversión de la disminución de las poblaciones de polinizadores para 2030 y el aumento de su población desde ese año en adelante, que no hayan pérdidas netas de espacios verdes urbanos de aquí a 2030, produciendo un aumento de estos en cinco por ciento para 2050, con cobertura mínima de árboles de 10% en todas las ciudades grandes, pequeñas o suburbios, incrementando los espacios verdes integrados en los edificios e infraestructuras.

En los ecosistemas agrícolas se busca un aumento de la biodiversidad (mariposas de pradera, aves de medios agrarios) así como el carbono orgánico en los suelos minerales de las tierras cultivadas, la restauración y rehumidificación de las turberas drenadas en terrenos de uso agrícola y en los lugares de extracción de turba.

En los sistemas forestales se busca aumentar la biodiversidad, generar conectividad forestal, aumentar el porcentaje de bosques de poblaciones no coetáneas, las aves forestales y las reservas de carbono orgánico.

También se busca restaurar los hábitats marinos y eliminar las barreras fluviales para que al menos 25.000 km de ríos pasen a ser ríos de caudal libre para 2030.

Entre los objetivos jurídicamente vinculares se busca reducir 50% la utilización y el riesgo de los plaguicidas químicos y el uso de los plaguicidas más peligrosos para 2030, y su prohibición en “zonas sensibles” como zonas verdes urbanas, buscando normativas de control de plagas respetuosas del medio ambiente específicas por cultivos favoreciendo los métodos ecológicos alternativos de prevención y control de plagas.

La normativa prevé compensar a los agricultores por los costes durante un período de transición de cinco años, entre otras medidas.