Si bien los jueces subrogantes deberán próximamente dejar de prestar funciones, el Congreso de la Nación aún no resolvió quiénes van a reemplazarlos al frente de los 175 juzgados que quedarán acéfalos en ese momento.
Hasta el año pasado, cuando un juez renunciaba, era destituido o fallecía, el Consejo de la Magistratura era el encargado de cubrir las vacante generadas con un subrogante, mientras se cumplía con el largo trámite de designar un juez definitivo (que hoy lleva en promedio unos dos años). Pero el 23 de mayo del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró “inconstitucional” este sistema y determinó que es “indispensable” que los jueces sean designados como establece la Constitución.
Esto es, a través un procedimiento de selección y concurso a cargo del Consejo de la Magistratura, la postulación de quienes obtengan las mejores calificaciones por parte del Poder Ejecutivo y la presentación de su pliego al Senado para que apruebe el nombramiento.
En el fallo Rosza, teniendo en cuenta que el 20 por ciento de los juzgados nacionales y federales está a cargo de subrogantes, se decidió avalar las sentencias de estos interinos y permitir que sigan en funciones por un año más.
Opciones
Sobre la instrumentación del nuevo sistema de designación de subrogantes hay varios proyectos en danza. El más reciente es el que presentará la próxima semana el diputado Oscar Aguad, juntamente con el jefe del bloque de senadores nacionales de la UCR, Ernesto Sanz, presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura.
La propuesta central de ambos legisladores girará en torno a la posibilidad de crear una lista de “jueces suplentes de reserva en cada fuero”, similar a la que se utiliza en la provincia de Córdoba. Esta nómina de magistrados deberá respetar -según explicó Aguad a Comercio y Justicia- el orden de mérito de todos aquellos postulantes que en este último tiempo hayan rendido y tengan aprobado el examen escrito.
Asimismo, entre los cambios planteados, Aguad y Sanz consideran fundamental que el Poder Ejecutivo deje de tener facultad de veto, como ocurre actualmente.
Por otra parte, y respecto de los plazos en los que podrán actuar los nuevos jueces reemplazantes, Aguad opinó que la intención es que sólo puedan permanecer en ese cargo por un plazo que no exceda el año de antigüedad. Esto último -admitió Aguad- sólo podrá cumplirse en la práctica si se consigue agilizar los concursos de selección de magistrados.
A la iniciativa de Aguad y Sanz hay que sumar la que oportunamente fuera dada a conocer por el ex ministro de Justicia, Jorge Vanossi, quien presentó un proyecto para que puedan ser nombrados como subrogantes todos aquellos jueces jubilados que, por ley, conservan el estatus de juez. Sobre la propuesta, Aguad opinó que “esa sería una instancia que no hay que desechar de plano, al menos hasta que se dicte la resolución definitiva”.