Por José Emilio Ortega y Santiago Espósito (*)
A tres siglos de la firma del tratado de Utrecht, que puso fin a la guerra de sucesión en el imperio español, uno de sus puntos centrales continúa siendo objeto de disputas entre europeos.
Felipe V, el primer borbón de España -en realidad por decisión su abuelo, el rey de Francia, sin oxígeno para seguir batallando en el continente y con necesidad de preservar objetivos estratégicos en otros puntos del mundo-, convalidó la cesión al Reino Unido de “la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensa y fortalezas que le pertenecen”. La había perdido de facto en 1704, intentando recuperarla por vía militar, sin éxito.
Se formalizaba el traspaso del territorio adyacente al famoso peñón que alguna vez fue la puerta de entrada a los siete siglos de dominación árabe -cuya superficie apenas sobrepasa 6 km2- “para que lo tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno”, y “sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra”.
España ha considerado históricamente que dicha cesión no implica derecho alguno sobre el istmo -en el que existen puerto, aeropuerto y otras instalaciones de estratégica importancia desde la Segunda Guerra-, las aguas adyacentes o el espacio aéreo.
En tanto, el Reino Unido manifiesta que una cesión de territorio conlleva automáticamente la entrega adicional de jurisdicción marítima y aérea, con énfasis en el derecho de autodeterminación de los pueblos.
Después de un exhortación al diálogo generado en el seno de la ONU, un referéndum celebrado en 1967 -gobierno de Franco- confirmó el deseo de los gibraltareños de mantenerse en la órbita del Reino Unido. Situación repetida en 2002, cuando se pronunciaron en contra de la soberanía compartida propuesta por el expresidente español Aznar.
Negociaciones siempre difíciles
En 1986, el ingreso de la España gobernada por Felipe González a la Comunidad Europea se complicó por exigencias y prevenciones británicas, habida cuenta de que las desconfianzas por Gibraltar nunca se diluyeron.
A la vuelta del camino, la salida del Reino Unido de la actual Unión Europea (UE) -brexit- se enrareció aún más por este irresuelto conflicto. Se trata de la entrada al Mediterráneo, a pocos kilómetros de África. Paraíso fiscal, sede de entidades financieras y aseguradoras de peso internacional y capital global del juego online, es un enclave estratégico donde, actualmente, existe una base militar y de inteligencia. Ajena a la crisis, ofrece a sus habitantes pleno empleo y un crecimiento anual del PBI superior a 5%.
Improvisadamente, como sucede todo acontecimiento en la UE contemporánea, España logró garantías suficientes para aprobar la salida de Reino Unido del espacio comunitario. Contrarreloj, un ampulosamente denominado “triple blindaje” (notas de Downing Street, el Consejo y la Comisión Europea) logró la distensión.
A mediados de 2017, España aseguró que cualquier acuerdo que se decidiera entre Reino Unido y la UE sobre Gibraltar debía tener su participación. El acuerdo de salida generaba dudas al respecto, por no hacer mención al asunto.
El actual presidente Sánchez -socialista como González- logró el respaldo de los 27 Estados miembros de la UE mediante una declaración conjunta -de efecto político más que jurídico- que reitera la necesaria intervención de España en cualquier acuerdo por Gibraltar.
En tanto, la primera ministra Theresa May acaba de aplazar la votación en el Parlamento del ya desgastado acuerdo del brexit, consciente de su seguro naufragio. Se sigue agitando el fantasma de un segundo referéndum.
En paraleo, se dice desde Londres que podrían sugerirse a Bruselas renegociaciones de algunos puntos, lo que acaba de ser descartado por la canciller alemana Merkel. Pendiente todavía la instrumentación de la retirada inglesa del espacio europeo, más complejo aún será dilucidar la situación de Gibraltar a futuro.
Tan o más complicado que definir la frontera de las Irlandas, hoy en el centro de la tormenta que por largas semanas seguirá jaqueando al gobierno de May: ya renunció en noviembre su ministra responsable de los asuntos europeos y brexit, y la crisis amenaza a la propia primera ministra.
A tres siglos de la mentada paz urdida entre el continente y las islas, el camino europeo sigue amenazado por un consistente pedregullo desprendido de aquellas negociaciones; y el andar, adolorido por guijarros aparentemente imposibles de quitar de un calzado trajinado y polvoriento.
(*) Docentes, UNC