ESCUCHARLas penas van de dos a siete años de prisión. La solicitud más elevada fue para el ex secretario Penal, Carlos Otero Álvarez. El próximo martes alegará la defensa
Después de dos largas jornadas de alegatos, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba pidió ayer duras condenas de prisión a los cuatro ex funcionarios de la justicia Federal, acusados de los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público durante la última dictadura.
Para el ex secretario Penal del Juzgado Federal 1, Carlos Otero Álvarez, la fiscalía pidió siete años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena. La pena superó ampliamente los tres años que había reclamado la querella. En tanto, para el ex juez Federal, Miguel Ángel Puga y para el ex fiscal Federal, Antonio Cornejo, el Ministerio Público reclamó cinco años de cárcel.
El ex defensor oficial federal, Ricardo Haro, fue el único para quien la fiscalía solicitó una condena de dos años de ejecución condicional.
Tras el pedido de penas, el fiscal Facundo Trotta recordó al Tribunal la importancia para la vida democrática del país de este proceso oral, que comenzó en julio pasado, y que se sustancia en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba.
El funcionario resaltó que este juicio “fortalece el proceso de Memoria, Verdad y Justicia” y remarcó que el Poder Judicial debe ser percibido como un órgano capaz de velar por las garantías de los ciudadanos.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal, el fiscal General Carlos Gonella y el auxiliar Facundo Trotta expusieron durante dos días, de manera alternada, ante el Tribunal que preside Julián Falcucci.
Para los acusadores quedó claro que hubo complicidad judicial. “Los criminales seguían torturando y matando porque sabían que la justicia no haría absolutamente nada. Y por eso asesinaron a 30 presos políticos”, manifestó Gonella en un tramo de su extenso alegato.
“El terrorismo de Estado contó con la connivencia de la mayoría de sus magistrados. En esta causa quedó acreditado que no se realizaron diligencias para investigar crímenes de lesa humanidad”, continuó en otro tramo de su alocución.
El caso de Otero Álvarez
Respecto de Otero Álvarez, el Ministerio Público le achacó la omisión de denunciar allanamientos y detenciones ilegales, de investigar denuncias de tortura y de investigar ejecuciones fraguadas de enfrentamientos. Gonella descartó que en aquella época hubiera sido “un mero fedatario”; en cambio, lo definió como “un burócrata eficiente que ejercía y definía el curso de las acciones”.
El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, día en el que comenzarán los alegatos de la defensa. La última palabra de los acusados y el veredicto están previstos para el próximo 6 de noviembre.
