ESCUCHARLa mayoría, por delitos de tentativa de robo, hurto y lesiones. Se imputó a 22 extranjeros y 78 argentinos. Más de la mitad de los casos se resuelve en el primer encuentro entre las partes
Como parte de la implementación del nuevo procedimiento de Flagrancia, la Subsecretaría de Política Criminal, mediante la Unidad de Asistencia para la Reforma Procesal Penal, relevó audiencias de ese recurso de la Justicia Criminal y Correccional Nacional.
Según los registros oficiales, en la primera semana de abril se realizaron casi 100 audiencias. De ese total, la mayoría es por delitos de tentativa de robo, lesiones y tentativa de hurto. Los datos demuestran que sólo transcurren 30 horas desde la detención del imputado hasta la primera audiencia con el juez, y que cada audiencia fue, en promedio, de 30 minutos.
Los datos oficiales establecen que fueron imputados 22 extranjeros y 78 argentinos, en su gran mayoría hombres (86 por ciento). “El 54% de los casos se soluciona en la primera audiencia. Una persona es detenida el lunes, y el martes tiene la audiencia y se termina la causa. Esto permite destinar a los casos más complejos los recursos técnicos y humanos”, expresó Luciana Carrasco, asesora de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación.
Los primeros balances
Según establece el procedimiento, después de la detención y de la declaración del caso como “flagrante” por el fiscal, el imputado es llevado ante el magistrado para participar de la audiencia oral inicial de flagrancia, que deberá llevarse a cabo dentro de las 24 horas desde la detención, prorrogable por otras 24.
Al comienzo, los jueces y fiscales expresaron cierto recelo ante la nueva normativa. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó sus quejas relativas a la capacitación de las fuerzas de seguridad, el traslado de personas privadas de la libertad y los soportes tecnológicos e informáticos.
Superados los escollos
A siete meses de su implementación, los funcionarios judiciales coinciden en que se logró superar los escollos e inconvenientes. “Fue una ley con desafíos en su implementación”, expresó Carrasco, quien además indicó que “hay optimismo” sobre los resultados y aplicación del nuevo régimen en el país.
Puntualmente, Carrasco señaló la “importancia de la capacitación” de los funcionarios judiciales y aseguró que las cuestiones relacionadas con el servicio penitenciario y reincidencia “están funcionando muy bien”.
Sobre las cuestiones tecnológicas, Carrasco subrayó que “no fue un problema” porque se dispusieron las partidas presupuestarias necesarias y licitaciones para adquirir los insumos para dotar a los juzgados encargados de los procedimientos en los casos de flagrancia.
La semana pasada, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ratificó el nuevo régimen. Lo hizo al rechazar la primera apelación a la aplicación del trámite de flagrancia, en el marco de una causa que investiga a cinco hombres que se habrían apoderado “ilegítimamente y mediante el uso de fuerza” de cuatro durmientes de madera y rieles pertenecientes al ramal de Ferrocarriles Argentinos, del trazado de las vías férreas de la localidad de Monte Buey. La decisión fue adoptada por el camarista Ignacio María Vélez Funes, quien ratificó el trámite de flagrancia según la ley N° 27272 que le imprimió el Juzgado Federal de Bell Ville, rechazando “por improcedente formal y sustancialmente” la objeción al trámite procesal sumarísimo de flagrancia.
