ESCUCHARHablábamos en la columna pasada del crecimiento exponencial de la redes de narcotráfico en nuestro país. En el ámbito local, lo ocurrido en las pasadas semanas en los barrios Müller y Maldonado, entre otros, a partir de un reclamo de un grupo de madres de ayuda para evitar que las drogas sigan destruyendo a sus hijos, ha visibilizado como pocos tal aumento, sobre todos respecto de sustancias altamente adictivas y destructivas como es el “paco”.
Como lo dijo en su homilía en tal sector de la ciudad, el arzobispo Ñáñez, “el futuro de nuestras familias, de nuestras comunidades y en definitiva de nuestra Patria está seriamente comprometido” por este flagelo.
Aunque era ya del dominio público que la droga en general abunda entre nosotros, había pocas noticias de que el paco – droga que afecta fundamentalmente a los sectores más desprotegidos- había llegado a nuestra ciudad.
La aparición de estas madres en los medios de comunicación sirvió para que las autoridades tomaran nota de su presencia en nuestra ciudad, quienes hasta esta aparición desconocían su existencia tal como lo expusieron públicamente las autoridades competentes en esa materia. El mismo fiscal Sebastián Romero dijo que no tenía conocimiento de que hubiese paco en Córdoba, tomando como elemento para hacer esa afirmación que no se había secuestrado esa sustancia en ningún procedimiento hecho por la policía antinarcóticos.
Igualmente, el jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), Francisco Salcedo, en declaraciones al diario La Nación, si bien no negó “que pueda llegar a haber” paco en la provincia, afirmó que no había registros de cocinas.
Más allá de este desconocimiento oficial, lo positivo de ello es que tanto el fiscal General como autoridades del gobierno reaccionaron y llamaron al padre Oberlin para ofrecerle mayor presencia policial en la zona y garantizar la seguridad de las madres denunciantes y de sus hijos.
Entendemos que además de protección (la que es absolutamente necesaria), del refuerzo de las investigaciones judiciales y del juzgamiento de quienes lucran con la venta de estas sustancias, es necesaria una acción preventiva más fuerte de parte de nuestras instituciones, que no se actúe cuando el problema ya está instalado sino que se establezcan políticas que impidan que se produzca.
Mientras tanto, impulsamos desde esta columna lo que el padre Oberlin en cada uno de los reportajes que ha dado ha manifestado: la necesidad de que lo que está ocurriendo en estos barrios no quede oculto sino que se conozca, se haga público y se divulgue, para que esas mamás no sigan la suerte de Mónica Torres, quien -por actuar como una buena ciudadana- vivió sin el debido reconocimiento y cuidado, que no es el de una heroína, sino de una persona honesta que se preocupa por lo que pasa a su alrededor y cuya conducta, lamentablemente, como de tantas otras personas, pasa en general desapercibida, casi anónima; mientras tanto, los criminales -aprovechándose de ello- continúan con sus negocios, que tanto daño hace a nuestros jóvenes y a toda nuestra sociedad.
Urge para ello no sólo desarrollar las estructuras de combate al narcotráfico, sino también los sistemas de protección a testigos y otorgar más celeridad a las causas del fuero. Pero eso no agota la respuesta al problema. Debe acompañarse con una respuesta desde lo social, en donde el Estado articule políticas de inclusión y promoción de las personas. Y no hablamos sólo en términos económicos sino socioculturales. Un caudal no menor de adicciones se da en sectores económicamente bien establecidos. Las crisis que pueden llevar a las adicciones tienen que ver más con la esperanza y los proyectos de vida de las personas que con la plata que tengan en sus bolsillos.
Debe haber cambios y deben ser rápidos. Tengamos conciencia de que se trata de una lucha que, hasta ahora, vamos perdiendo y en grande.
* Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. Abogado, magister en Derecho y Argumentación Jurídica
