ESCUCHARLo hizo en la Universidad Nacional de Córdoba, a las organizaciones de Derechos Humanos. El ministro de Defensa aseguró que la Justicia deberá valorar su importancia como material probatorio.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, entregó ayer a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y a organizaciones de Derechos Humanos los seis tomos de las 280 actas de la Junta Militar (1976/83) halladas en el edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea, en Buenos Aires.
La ceremonia se desarrolló en el salón de reunión del Consejo Superior universitario, lugar donde el ministro Rossi entregó los tomos de las actas al rector de la UNC, Francisco Tamarit; a la titular local de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres; y a la presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba, Emilia D’Ambra.
“Algunos de estos documentos pueden permitir conclusiones políticas, como el hecho de que entre 1976 y 1977 hay una alta presencia en las actas de la cuestión de Papel Prensa. Casi el 60 por ciento hace referencia a la cuestión de Papel Prensa, como la detención de los familiares de David Graiver”, entonces dueños de esa empresa, manifestó Rossi a los medios.
Asimismo, recordó que los documentos estaban dentro de dos cajas fuertes agrupados en biblioratos, foliados y con las firmas originales de quienes eran los comandantes en jefe en distintos momentos de las tres Fuerzas Armadas. El acta número 1 está firmada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea), detalló el funcionario nacional.
“Encontramos 11.700 volúmenes documentales. Las actas son sólo una parte y, sin ninguna duda, representan un valor histórico enorme porque reflejan lo que estaba presente y lo que estaba ausente en esas reuniones de la Junta” militar, sostuvo el titular de la cartera de Defensa.
Con respecto al valor jurídico probatorio de esa documentación, Rossi consideró que es un tema que “queda en manos de la Justicia valorar si tienen validez para los distintos procesos judiciales” relacionados con los delitos de lesa humanidad.
Asimismo, resaltó que las documentaciones se están entregando a las universidades, a los organismos de Derechos Humanos y a bibliotecas porque “lo que nos propusimos es que esté al alcance de los argentinos”.
