ESCUCHARSon comúnmente sometidas a indagatorias y a pericias innecesarias y sus relatos, muchas veces, considerados mendaces.
Suele decirse, y saberse, que el acceso a la justicia tiene un marcado sesgo de clase. Los pobres encuentran más dificultades a la hora de acceder al sistema y reciben un trato diferenciado respecto de los beneficios de los sectores más acomodados. Los resultados preliminares de un estudio sobre el tratamiento de las víctimas de violencia de género (realizado por el Programa sobre Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, y la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación) muestran que las mujeres también sufren prejuicios de parte de los operadores. Los organismos destacaron un “progreso en el debate en torno al rol y trato que merecen las partes en los procesos judiciales, en especial en torno a la necesidad de brindar un trato humanizado, un espacio en la investigación e información adecuada sobre el desarrollo del proceso y las decisiones adoptadas”, que sirvió como inicio del relevamiento de más de 700 expedientes en el ámbito nacional para evaluar las prácticas judiciales en estos casos.
La primera etapa de la investigación preveía la consulta a “35 integrantes del Poder Judicial, de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, referentes de la academia y de la sociedad civil, con formación y trayectoria en el campo de los derechos humanos y, particularmente, en cuestiones de género” que reflexionaron sobre el trato que reciben las víctimas. Además, se entrevistó a mujeres que denunciaron hechos de violencia en el fuero civil y también mujeres víctimas de delitos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.
Los prejuicios de los operadores con los que se encontraron durante la investigación coinciden con un trabajo publicado en 2010 por la Defensoría General de la Nación, que puntualizaba: “Las mujeres denunciantes fueron investigadas y sometidas a un cuidadoso escrutinio” y que el estereotipo de la “mujer mendaz” sigue presente a la hora de analizar los testimonios. Este criterio, además, tiende a castigar a las denunciantes “por apartarse del rol social asignado o de lo que se espera de una víctima ‘real’ de violencia de género”. El borrador preliminar concluyó que esa actitud “produce (en la víctima) desconfianza, ausencia de consideración adecuada o falta de credibilidad en su relato, y se le atribuyen motivos ulteriores a la realización de la denuncia (por ejemplo, la búsqueda de beneficios económicos o resolución de disputas de pareja)”. Además, encontraron que las reiteradas convocatorias a declaración testimonial o a la realización de pericias innecesarias “y muchas veces intrusivas o estigmatizantes, tendientes a corroborar su relato”, genera un proceso de revictimización de las mujeres que ingresan al sistema. “La mayoría de estas prácticas no se observa de forma equivalente en los casos de investigaciones por delitos contra la propiedad”, afirmaron los investigadores.
Sin embargo, las mujeres entrevistadas también afirmaron que el acompañamiento por parte de profesionales de instituciones como el Patrocinio Jurídico de la Defensoría General, la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito (Ofavi), hoy Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (Dovic) del MPF y el Programa de Políticas de Género de la Procuración General implicó un cambio en el trato y que se sintieron contenidas, escuchadas e informadas.
El trabajo del que participó el Programa de Políticas de Género de la PGN recordó que el informe sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en 2007 alertó sobre la “baja utilización del sistema de justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia y su persistente desconfianza en que las instancias judiciales sean capaces de remediar los hechos sufridos”. Las conclusiones y las recomendaciones del documento de la CIDH produjeron una serie de intervenciones de agencias estatales que llevaron a un incremento de las denuncias por parte de las víctimas y a generar una mejor recepción de los casos en las oficinas judiciales. Sin embargo, muchas de las prácticas detalladas por la comisión aún continúan, según los resultados preliminares de la investigación, cuyos resultados definitivos se conocerán en unos meses.
