Los últimos ocho represores que estaban detenidos en el Tercer Cuerpo del Ejército serán trasladados a la cárcel de Bouwer, según una resolución que emitió ayer la jueza Federal Nº 3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano.
Se trata de los ex militares Osvaldo César Quiroga, Enrique Pedro Mones Ruiz, José Andrés Tofalo, Gustavo Adolfo Alsina, Miguel Ángel Pérez, Arnaldo José López, Héctor Raúl Romero y Emilio Morard, quienes se encuentran detenidos con prisión preventiva.
La jueza adoptó la decisión siguiendo el dictamen de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en la que se informó a los magistrados, siguiendo la postura del Ministerio de Defensa de la Nación, que los acusados de cualquier tipo de delito penal no deben ser alojados en dependencias militares.
En tal sentido, Luis Roberto Rueda, Ignacio María Vélez Funes, Abel Guillermo Sánchez Torres y Luis Rodolfo Martínez consideraron que tener presos en lugares del Ejército a los procesados "genera una situación inequitativa de privilegios injustificados o, por lo menos, la concesión de un trato desigual o diferenciado”.
Asimismo, en la resolución los jueces advirtieron que la finalidad de las Fuerzas Armadas y demás Fuerzas de Seguridad (Policía Federal, Policía de la Provincia, Gendarmería, etcétera) es totalmente ajena a la misión que se le encomienda en cuanto a la custodia de las personas privadas de la libertad, y que tales instituciones “carecen de la infraestructura y recursos humanos capacitados para dar tratamiento penitenciario apropiado a la condición de las personas privadas de su libertad, cualquiera sea la etapa procesal por la cual estén transitando”.
Exentos
La disposición adoptada por Garzón de Lascano no alcanza a los ex policías acusados de delitos de lesa humanidad que actualmente están bajo arresto en la Guardia de Infantería.
Tal es el caso de ex integrantes del grupo que se desempeñó durante la dictadura en el Departamento de Informaciones de la Policía (D2): Carlos Yanicelli, Miguel Jabour, Calixto Luis Flores, Alberto Luis Lucero, Marcelo Luna, Juan Eduardo Molina y Ricardo Cayetano Rocha.
Mientras tanto, Luciano Benjamín Menéndez, que obtuvo el beneficio de la prisión domiciliara por la Cámara de Casación Penal, espera ser trasladado a su domicilio de Bajo Palermo después que sea indagado por el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo.