ESCUCHARLos teléfonos móviles, las computadoras de escritorio, televisores, pilas y baterías constituyen la porción de residuos sólidos urbanos que crece con mayor rapidez.“El riesgo de esta basura radica en sus componentes tóxicos. Además, enterrarlos o incinerarlos representa un despilfarro de materiales como oro, plata, cobre y plásticos que pueden ser recuperados y reintroducidos en el circuito productivo”, señala Yanina Rullo, integrante de la Campaña de Basura Electrónica de Greenpeace.
Según la organización ambientalista, unos diez millones de celulares serán descartados este año y se estima que al menos 30% de estos aparatos serán depositados junto con los residuos domiciliarios en rellenos sanitarios o basurales.
El incremento en el consumo, la escasa vida útil de los productos -estimada en menos de tres años- y las altas cifras de descarte conviven con un reducido circuito de reciclado. Hoy se recicla menos de 6% del total de los residuos provenientes del sector tecnológico.
Horizonte lejano
La problemática es mundialmente alarmante. Este año se generarán 40 millones de toneladas de basura electrónica en todo el mundo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Por su parte, la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca) estimó que el año pasado en el país se produjeron 100.000 toneladas de desechos electrónicos. Pero más grave que esa suma es que hasta el momento no existe una normativa específica respecto del tratamiento de la basura electrónica. Muchos de los residuos que en los países desarrollados son considerados y tratados como altamente contaminantes y peligrosos para el medio ambiente, en Argentina son, simple y llanamente, residuos domiciliarios. Si bien la Ley de residuos peligrosos 24051 contempla, en parte, la basura electrónica como desechos contaminantes y peligrosos para el medio ambiente, no existe un sistema reglamentado y específico para su tratamiento.
En ese sentido, Greenpeace insiste en la necesidad de una norma que promueva la creación de una infraestructura especial de reciclaje y recuperación de materiales; que establezca la responsabilidad legal y financiera del productor; que prohíba la presencia de sustancias peligrosas en los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos y que asegure una mayor durabilidad de los productos.
En Córdoba
Según cálculos del Laboratorio de Investigación Aplicada y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Liade), de la Universidad Nacional de Córdoba, la generación anual de residuos electrónicos informáticos es de medio kilogramo por habitante.
Bajo este panorama, la legisladora María Amelia Chiófalo (Unión por Córdoba) presentó un proyecto de ley que establece procedimientos dirigidos a tratar este tipo de desechos.
La ley categoriza como generadores a quienes produzcan este tipo de residuos y, a su vez, se los divide en “individuales” y “especiales”. Los “individuales” son los generadores ocasionales, como los usuarios de estos equipos. Los “especiales” son los que producen en gran cantidad. Éstos deberán inscribirse en un registro y disponer de centros de acopio para receptar los desechos y clasificarlos.
La norma también crea un registro para transportistas de este tipo de residuos; y un lugar para su tratamiento y disposición final. Cada persona que quiera deshacerse de aparatos en desuso sólo deberá dirigir
