El Gobierno nacional dejó ayer sin efecto el procedimiento que regía desde julio del año pasado para comprobar y juzgar incumplimientos a la ley 24557 (de prevención de los riesgos del trabajo) por parte de aseguradoras y de empleadores autoasegurados.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) instruyó a las distintas áreas de control y a su Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos a “elaborar y analizar un proyecto normativo que integre los aspectos referentes al control de cumplimiento, juzgamiento y aplicación de sanciones a infracciones a normas del Sistema de Riesgos del Trabajo”.
Según la nueva disposición, contenida en la Resolución 336, publicada en el Boletín Oficial, “la actividad de la administración, orientada a la consecución del bien común de los administrados, se encuentra sometida a un proceso de mejora continua”.
La normativa ahora abrogada (la resolución 270/2016) impulsaba “sanciones proporcionales” a los incumplimientos y a “la potencialidad de daño al bien jurídico protegido”.
El sistema de sanciones se respaldaba en definiciones sobre la tipología del universo de infracciones (leves, graves y muy graves) y contemplaba multas crecientes establecidas en módulos previsionales (Mopres).
El valor de estos últimos es hasta este mes (se actualizará en septiembre) de 56.057 pesos, y las multas del anterior régimen sancionatorio del régimen de riesgos del trabajo se elevaban, en los casos más graves, a 2.000 Mopres, es decir, 112 millones de pesos.
Para el período 2013-15, más de la mitad de las ART y empleadores asegurados (14 sobre 27) superaba 30 sanciones por cada 100 mil trabajadores asegurados.
En los cuatro casos con mayor nivel de incumplimiento, los índices promedio del trienio fueron de 80,7 a 138,5 sanciones por cada 100 mil asegurados.
