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Referentes de pymes pidieron ley y emergencia y hubo cruces con el oficialismo

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Referentes de pymes expusieron en la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados.
Hablaron sobre la situación que atraviesa el sector y reclamaron por la declaración de una “emergencia” y el dictado de una “ley integral” con beneficios impositivos. Dentro de dos semanas se realizará una nueva reunión informativa.

Mauro González, presidente de la Confederación Federal de PyMEs, afirmó: “No tenemos un sólo índice positivo en la actividad económica, productiva, menos en la pequeña y mediana empresa”.

González, quien la semana pasada habló en el Senado, en el marco del debate por la Ley Bases, citó datos sobre la merma de la actividad industrial y la caída capacidad instalada.

“Con este escenario es inviable cualquier proyecto productivo; hoy la situación de las pymes es caótica, estamos camino al abismo”, sostuvo, y sumó que los despidos en lo que va del año suman 120 mil.

Bajo esas premisas, les pidió a los legisladores se declare la emergencia del sector.

Luego expuso Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), quien estimó que las políticas para el sector son “nulas”.

Afirmó que los programas de fomento se suspendieron, aún aquellos que tenían fondos asegurados de organismos internacionales y que el nivel de actividad es “paupérrimo”.

“En la búsqueda del equilibrio fiscal, el Estado se retiró de manera abrupta de responsabilidades que había asumido la gestión anterior. No sólo dejó de comprar, sino que dejó de pagar lo comprado, algo bastante similar a un delito”, acotó.

Cero propuestas
El diputado del PRO José Núñez intervino. “He notado una descripción de la realidad y cero propuestas. Muchas cosas de las que declaman las tenían y nos llevaron a esta situación en la que estamos. Todos sabíamos que esto iba a pasar, porque las fiestas se pagan, no son gratis”.

Además, el oficialista afirmó que “nos pasó el kirchnerismo” y les exigió a los invitados que hagan propuestas.

A su turno, Alejandro Bestani, presidente de Alimentos INCA, aseveró: “Todos estamos de acuerdo que había que hacer una corrección macroeconómica y que el ajuste del gasto del Estado era necesario”.

Dijo además que el proceso inflacionario “desbocado” hacía “un presente infernal y un futuro inimaginable”, pero matizó señalando que “los efectos sociales” son “lapidarios”.

Bestani consideró que es imprescindible un plan de acción en la microeconomía, en simultáneo con la macro, y también peticionó la sanción de una ley integral para las pymes.

A juicio del dirigente, la normativa “tiene que ser tan potente y profunda como la corrección que estamos viviendo”.
Puntualizó que la iniciativa está planteada en tres ejes: laboral, impositivo y financiero. Propone la reducción de las cargas sociales, pero a su vez también la prohibición absoluta de los bloqueos en las pymes, entre varios puntos.

En tanto, Eduardo Maradona, del Movimiento Nacional PyME (Monapy), planteó: “Hace años que estamos postergados, sin financiamiento, abatidos por cargas impositivas desmesuradas y como si esto fuera poco tenemos un sistema perverso, antiguo y oneroso en materia laboral”.

Maradona aseguró que el grupo que encabeza propone “tocar los derechos adquiridos y sueldos de los trabajadores ya formalizados”, pero sí modificar los aportes y contribuciones laborales para incorporar al sistema varios millones de informales. “Por cada trabajador hoy pagamos casi un 55% más de carga; cada dos estaríamos en condiciones de generar un nuevo puesto”, destacó.

“Nuestra propuesta sería 4% de jubilación, 8% de obra social, 1% PAMI, 2,4% ART y 2% sindicato”, completó.

Finalmente, Martín Bocco, del Comité de PyMEs, Emprendedores y Productores (PEP), pidió que se apruebe la ley laboral. “Es lo que necesitamos”, sentenció. Además, reclamó que haya “reglas claras”.

“Necesitamos que se pongan a trabajar en esta ley para que podamos emplear gente”, concluyó Bocco.

Alivio
Horas antes del encuentro de dirigentes de pymes en la sede del Legislativo, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, y el secretario general de la institución, Ricardo Diab, se reunieron con el titular de la cartera de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, para abordar temas relacionados con la legislación laboral que impulsa el proyecto de Ley de Bases.

Los titulares de la CAME destacaron como un “gran acierto” la derogación de normas y de “artículos de leyes” a los que definieron como causantes de la litigiosidad laboral y aseguraron que ello le traerá un “gran alivio” al sector pyme.

A su vez, manifestaron sus inquietudes en cuanto a los artículos referidos a las indemnizaciones y el nuevo fondo de cese laboral, así como hacia la figura de “colaborador” para los trabajadores independientes.

Los directivos también resaltaron la labor de la secretaría de Trabajo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que la CAME forme parte del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

En este sentido, la entidad llamó a incentivar la articulación público-privada para mejorar las condiciones de empleabilidad.

RIGI
Días atrás, González y Diab, acompañados por los vicepresidentes de la entidad, Alberto Kehale y Fabián Castillo, se reunieron en el Congreso con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, y solicitaron que se contemplen cambios en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), contenido en el proyecto de Ley de Bases, a fin de que se incorpore a pequeños y medianos inversores locales.

La CAME manifestó que coincide con la iniciativa del RIGI y la búsqueda de más inversiones, pero estimó que el articulado podría mejorarse sobre la base de la normativa vigente -por ejemplo, la resolución 256/00 de Economía- para impulsar la inclusión de contenido nacional en los proyectos y desarrollar toda la cadena de valor del país.

Resolución
La resolución exige adquirir contenido nacional por un monto igual o superior al 20% de los bienes importados para los proyectos de inversión.

La CAME estima que si se la tiene en cuenta al momento del tratamiento en el Senado -o su posterior reglamentación- se podría generar un impulso significativo en la industria, como agregado de las inversiones productivas que se concreten.

También hizo hincapié en avanzar en modificaciones de las relaciones laborales, pero pidió que al momento de la reglamentación se contemplen las normativas que se solapan y que podrían generar conflictos a futuro.

Además, resaltó la articulación público-privada como clave y su preocupación por superposiciones impositivas que crean aduanas internas en las provincias y perjudican a las pymes.

Paralelamente, pidió una nueva ley pyme que favorezca al sector que genera más empleo genuino.

Debate
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones está incluido en la Ley Bases, que obtuvo media sanción en Diputados y aún no tiene dictamen del Senado.

Ofrece un marco de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios para atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares.

La iniciativa causó controversia. Los críticos señalan además que no incluye ítems para priorizar el desarrollo de proveedores locales ni especifica los sectores que busca impulsar.

Por el Gobierno Nacional, el vocero Manuel Adorni afirmó que el RIGI le dará impulso a la economía, a las inversiones y al empleo y permitirá “triplicar el nivel de las exportaciones en una década”.

El funcionario señaló que en la Argentina “el PBI per cápita es el más bajo desde hace 13 años y hace 10 que el volumen de exportaciones y el empleo no crecen”.

En ese marco, manifestó que el RIGI generará estabilidad tributaria y cambiaria y que ello atraerá inversiones. “Va a significar más empleo, más empresas pagando impuestos en la Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva”, aseveró, y concluyó: “No es nuestra filosofía morir con lo nuestro y dejar las cosas como están”.

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