Ley de Alquileres y ejercicio ilegal, bajo la lupa de los corredores públicos inmobiliarios

En el marco de la celebración de su día, los profesionales analizaron los desafíos que tiene la actividad. Resaltaron los puntos conflictivos e impactos negativos que tendría la norma de aprobarse como está redactada actualmente

El análisis y los desafíos que genera el proyecto de la Ley de Alquileres, las acciones contra el ejercicio ilegal de la profesión y las nuevas herramientas tecnológicas para potenciar el trabajo fueron temas que abordó el presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia (CPCPI), Leonardo Frankenberg, en el marco del Día del Corredor Público Inmobiliario (CPI).
En primer lugar, resaltó la preocupación por el proyecto de Ley de Alquileres en análisis legislativo, que, a pocos meses de empezar un año electoral, consideró “populista” .
Enumeró como uno de los puntos conflictivos el tema de las garantías. “Va contra la libre voluntad de las partes, incluso hay constitucionalistas que consideran que ese artículo puede ser inconstitucional ya que atentaría contra la propiedad privada porque el propietario no podría decidir qué garantía tomar”, afirmó.
Por otro lado, graficó que en algunas situaciones el propietario debería alquilar sin ningún tipo de garantía. “Creemos que esto va a ser perjudicial para el inquilino, en lugar de beneficioso, porque va a generar que haya propietarios que retiren inmuebles del mercado, que vendan su casa, su departamento, y que quizás compren un local comercial para tener una renta o inviertan en otro sector y, en consecuencia, a menor oferta, mayor costo”, analizó el titular del colegio.

También se refirió a la modificación de la extensión -de dos a tres años- del plazo mínimo de locación que, de aprobarse, tendría un sobrecosto para los inquilinos cordobeses que actualmente se encuentran exentos de sellado porque la base imponible es de 250.000 pesos. “Al extender a tres años, todos los inquilinos cordobeses van a tener que empezar a pagar, para un contrato mínimo alcanzado por la base, alrededor de $3.500/$3.200 de sellado”, sostuvo.
Para el colegio, el traslado de honorarios profesionales de una parte a otra también es un tema polémico. “Desde el colegio profesional hace más de un año que estamos trabajando con los legisladores porque hasta ahora la ley indicaba que el honorario debía pagarlo el locatario -el inquilino-, y nosotros estamos trabajando para que lo soporten en partes iguales. Este proyecto pasa la carga de una parte a otra, sigue siendo algo inequitativo, no justo. Nosotros trabajamos para las dos partes y ambas deberían abonar los honorarios pero de esta forma va a ocurrir lo mismo que pasó en Buenos Aires, donde los alquileres aumentaron, esto se trasladó a precios”, vaticinó Frankenberg.
Un dato al respecto: en los últimos días, la institución recibió llamados de propietarios para averiguar sobre la venta de una vivienda para comprar un local comercial o pasar a un alquiler temporario.
La entidad mantiene rondas de reuniones frecuentes con legisladores en el ámbito provincial, para debatir la iniciativa de que los honorarios de los intermediarios para la locación de inmuebles para uso habitacional sean afrontados por partes iguales entre locador y locatario. En tanto, en el ámbito nacional, con diputados de distintos bloques por el proyecto de Ley de Alquileres que ya se debate en el Congreso de la Nación.

La semana pasada, la entidad participó en la Comisión de Legislación General, presidida por Daniel Lipovetzky, en la cual planteó la necesidad de una ley que sea justa para todas las partes.
Respecto al punto de los honorarios profesionales, uno de los pedidos que hizo el CPCPI a Lipovetzky fue que se respeten las jurisdicciones provinciales “porque regular las profesiones es una facultad reservada a las provincias que no ha sido delega en la Nación. Si la Nación pretendiere avanzar sobre esto estaríamos hablando de una inconstitucionalidad. Al respecto, nos dijeron que se respetaría y, en consecuencia, lo que valdrá es la ley de Córdoba”, explicó el corredor público inmobiliario.
Finalmente, dijo que cree que el proyecto no va a salir tal como está redactado actualmente porque hay muchos sectores objetando aspectos y, principalmente, coincidiendo en que no es una solución para el inquilino. Al respecto, detalló la necesidad de resolver “la cuestión de fondo”: que se den créditos reales y que se recomponga el valor del salario.

Control de la ilegalidad
En otro orden, el CPCPI hizo hincapié en acciones que está realizando contra el ejercicio ilegal en todas sus formas. Informó que, en el último año, en la Justicia cordobesa existen 12 imputaciones por ejercicio ilegal de la profesión y se aguardan fallos sobre esos casos.
“Con respecto al ejercicio ilegal a través de franquicias, que es algo que preocupa mucho a los profesionales, el colegio va a ser orador en la tercera cumbre federal que se va a desarrollar en Mendoza el próximo viernes. En ese evento se coordinan acciones en conjunto en contra del ejercicio ilegal en el país en todas sus formas y, especialmente, respecto de las franquicias. También se tratará el proyecto de Ley de Alquileres”, adelantó Frankenberg.
En este sentido, el CPCPI afirmó que recepta denuncias al respecto en sus 10 sedes en la provincia o a través de la app Inmobiliarios Legales. También destacó que de la página www. cpcpi.org.ar se puede descargar el formulario de denuncia y remitirlo al colegio por correo electrónico o postal.

Finalmente, el titular del colegio sostuvo: “Recordamos que en la provincia de Córdoba el ejercicio del corredor público inmobiliario está regulado por la ley 9445 y si la persona no tiene esta matrícula habilitante no puede ejercer ni cobrar honorario o comisión, como se lo nombra erróneamente. Existe una medida cautelar vigente de la Justicia de la Provincia, donde se ordena judicialmente al Colegio de Martilleros informar y comunicar que para ejercer el corretaje inmobiliario se debe tener matricula profesional CPI, Ley 9445, cuya constitucionalidad ha sido reconocida por el Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, es el CPCPI la única institución que otorga matrículas habilitantes para ejercer como inmobiliario de manera legal en la provincia».

El uso de la tecnología en el trabajo

Los corredores públicos inmobiliarios ya cuentan con cerca de 20.000 propiedades en el portal www.inmueblescpi.com. Se trata de un sitio impulsado por el colegio, en el que los profesionales puede publicar sus inmuebles y trabajar en red con otros inmobiliarios de la provincia. Se destacó que éste es un servicio gratuito para los colegiados. La iniciativa digital, que busca agilizar y facilitar el trabajo, se suma al acceso directo al Registro General de
la Provincia, por el cual los profesionales pueden acceder online a informes de dominio e informes de inhibiciones, entre otros. Ambas posibilidades fueron destacadas como logros de la entidad.

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