ESCUCHAR
El proyecto que aprobaría en junio el Senado incluye como sujetos obligados a los profesionales de ciencias económicas que se desempeñan como síndicos societarios, pero excluye a los del derecho que cumplen la misma función.
El proyecto de ley de lavado de dinero que será tratado el 1 de junio por el Senado excluyó a los abogados de la obligación de informar las «operaciones sospechosas» de sus clientes. En cambio, sí incluyó a los contadores en una función que pueden cumplir ambas profesiones: la de síndicos societarios.
Por esta situación, tanto la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce) como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba a (CPCE) se quejan por el trato “totalmente desigual” que tendrán frente a un mismo rol, situación que, advierten, les hará perder trabajo a los contadores.
Tanto el dirigente de la entidad profesional en el orden nacional, Jorge Paganetti, como el presidente del Consejo cordobés, José Luis Arnoletto, consideran irrazonable que se exima del deber de reportar operaciones sospechosas a los abogados que se desempeñan como síndicos societarios en tanto que ello representa una discriminación respecto del contador público que ejerce la misma función y que sí está obligado, según el proyecto por aprobarse.
Ambos agregaron ante Comercio y Justicia que, principalmente, afectará el derecho a trabajar del profesional en Ciencias Económicas, pues poco a poco será reemplazado por letrados para cumplir esta función.
Inconstitucional
Los contadores consideran antinatural la pretensión de obligarlos a que informen a la Unidad de Información Financiera (UIF) que su cliente tiene un problema tributario, toda vez que ello implica vulnerar la relación de confianza que mantiene con él. En cambio, sostienen que pueden colaborar con los aspectos objetivos que prevea la UIF .
Para Arnoletto, de aprobarse la ley tal cual está hoy redactada en este punto, ésta “se caerá por inconstitucional”, por el trato desigual ante una misma función. Por su parte, Paganetti admitió que ahora les queda luchar en la etapa de la reglamentación tras su aprobación. En esa instancia pedirán ser excluídos o que los abogados sean incluídos.
Distintas voces del foro profesional advierten que la situación dejó en evidencia el peso que las distintas corporaciones tienen en el lobby del Congreso.
Apuro
– El proyecto de la nueva ley establece nuevas restricciones y agrava las penas para reprimir el lavado de dinero.
– La iniciativa debe ser convertida en ley antes de la próxima reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), prevista para el 20 de junio, para evitar que ese organismo sancione a Argentina por la falta de actualización de su legislación antilavado.
