ESCUCHAR
Sostienen que el intendente Giacomino firmó un compromiso para utilizar en forma provisoria los terrenos de ruta 36 y luego decidió convertirlo en definitivo sin realizar la evaluación de impacto ambiental exigido por ley
El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) y 150 vecinos de la zona sur de la ciudad presentaron ayer una denuncia penal contra el intendente Daniel Giacomino y funcionarios del área de ambiente de la Municipalidad de Córdoba por presunto inclumplimiento de deberes de funcionario público con respecto a la normativa ambiental exigida para la radicación del basural.
La fiscal Eve Flores (Distrito 3, Turno 3) deberá ahora investigar si las autoridades de la comuna han cometido un delito por la instalación y funcionamiento del predio de enterramiento transitorio ubicado a la vera de la ruta 36 y la posterior decisión de convertir ese predio en definitivo sin realizar la evaluación de impacto ambiental exigida por ley.
“El actual predio de enterramiento no cuenta con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) exigida por leyes nacionales, provinciales y municipales, ni con licencia ambiental de la autoridad provincial para su funcionamiento, sólo posee un aviso de proyecto y estudio ambiental, el cual ha sido seriamente cuestionado por la Universidad Católica y la Universidad Nacional de Córdoba”, explicó José Picolotti, coordinador legal del Cedha.
La entidad denunciante recordó que el 14 de marzo pasado el Ejecutivo municipal presentó al Concejo Deliberante un proyecto de expropiación del predio de la ruta 36, con el objetivo de cambiar el predio de enterramiento de provisorio a definitivo. Al respecto, Cedha señaló que esto se hizo “olvidando el acta compromiso suscripta con los vecinos donde el Ejecutivo municipal no sólo se comprometió a clausurar y remediar el actual predio, sino también ha realizar diferentes obras para la zona a los fines de minimizar el impacto ambiental causado, sumado esto a obras y estudios prometidos que a la fecha que no se han cumplimentado”.
“Ilegal e irrazonable”
“Es ilegal e irrazonable presentar un proyecto de expropiación de un predio para afectar a la disposición final de residuos, sin haber realizado previamente la Evaluación de Impacto Ambiental respectiva. La Licencia Ambiental debe darla la autoridad provincial, el estudio de impacto ambiental debe ser hecho por las universidades con especialidad en la temática, y obviamente debe haber una audiencia pública para escuchar todas las voces.
Pena prevista
-El Código Penal en su artículo 248 dispone que: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
