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El nuevo titular del Colegio de Psicólogos, Jorge Cáceres, dio detalles de la propuesta que plantearon los profesionales cordobeses para el Plan Nacional de Salud Mental que saldrá antes de fin de año.
El Colegio de Psicólogos de la provincia está participando junto a otras entidades en la elaboración del Plan Nacional de Salud Mental, en el marco de la nueva Ley Nacional 26.657. Cabe recordar que el artículo 39 le asigna un rol central a las entidades de profesionales y también a las de personas con padecimientos mentales y sus allegados, al darles una representación en el Órgano de Revisión, cuya misión es proteger los derechos humanos de quienes padecen de esos trastornos. Para conocer más sobre los avances en esta materia, Comercio y Justicia dialogó con el nuevo presidente del colegio, Jorge Cáceres.
-¿Qué propuestas concretas plantearon para incorporar al Plan Nacional de Salud Mental?
– El Colegio está trabajando en ver cómo se nomenclan las prestaciones que la Ley de Salud Mental entrega como derecho a la ciudadanía y de dónde van a salir los recursos que las obras sociales van a necesitar para su implementación. Hemos propuesto, en consonancia con muchísimas otras organizaciones del país, que el Programa Médico Obligatorio (PMO) cambie de denominación, que empiece a llamarse Programa de Salud Obligatorio, porque entendemos que la salud es ante todo interdisciplinaria y no solamente médica. En base a eso, proponemos incrementar el número de sesiones al año. Por ejemplo, el viejo PMO plantea que las obras sociales deben cubrir 30 sesiones anuales. Nosotros cuestionamos quién propuso ese número de sesiones. ¿Hubo una mirada técnica qué justifique eso? Como no existe, nosotros proponemos 50 sesiones anuales, que implicaría una sesión semanal durante todo el año, que es lo que podría necesitar una persona. De necesitar más, se propone ampliar la cantidad mediante informes.
-Un punto que se cuestiona siempre es la procedencia de los recursos económicos para la implementación de las propuestas.
– Existen. Por ejemplo, en la Ley de Discapacidad está el impuesto al cheque, que es un montón de dinero destinado a las prestaciones para gente que tiene Certificado de Discapacidad. A nivel nacional, planteamos que no es necesario ‘discapacitar’ a las personas, como dice la ley, y que muchas prestaciones son derechos para los usuarios que las soliciten. Pero también queremos decir que el dinero está y de dónde se lo puede sacar. Por ejemplo, el Ministerio de Salud retiene un porcentaje que va destinado a las enfermedades catastróficas; con un pequeño porcentaje de eso se cubren también ciertas prestaciones que no están cubiertas por las obras sociales, como es el caso del acompañamiento terapéutico, el hospital de día, las casas de medio camino. Para que la ley se implemente realmente, deben existir estas prestaciones, si no caemos en una vieja visión neoliberal que es que el Estado es el único que tiene que garantizar los servicios y no el subsector privado de la salud. Nosotros creemos que todos los deben cubrir; la ley es para todos, para el sector público pero también para el sector privado.
– ¿Qué otras prestaciones analizan incluir en la nueva nomenclatura?
– Todo lo relacionado a diagnóstico y acompañamiento terapéutico. También la apertura de los Servicios de Salud Mental en todos los hospitales generales, para que las internaciones ante crisis sean en ellos y en las clínicas. El nuevo marco normativo prohíbe la creación de nuevos hospitales psiquiátricos y obliga hasta el año 2020 a la reconversión de todos los hospitales monovalentes.
– ¿Cómo operan los servicios de emergencia en esta materia?
– En Córdoba, ninguno de los servicios de emergencia contempla la atención ante crisis en salud mental. Sólo atienden la faz orgánica y se olvidan de la salud mental. Por la nueva ley, debieran tener esas prestaciones. Esto implica evitar internaciones, porque una atención adecuada en el momento instantáneo te evita una internación y con ello sobrecargar al hospital público o a la clínica privada, con toda la estigmatización que eso conlleva a muchísimas personas.
– ¿Qué se está haciendo en la Provincia en relación a la desmanicomialización que instruye la nueva ley?
– Nosotros hablamos de transformar lógicas manicomiales, porque entendemos que no es solamente cerrar los manicomios sino ir transformando todas las instituciones y prácticas que existen en determinadas instituciones para preservar los derechos humanos de los usuarios de aquéllos que sufren una crisis pero que no necesitan ser internados. En ese camino, con la Provincia tenemos avances y retrocesos. Por ejemplo, que sigan existiendo las salas de contención entendidas así como un lugar cerrado donde se deposita una persona -por más que esté acolchado, a veces desnudo o con ropa- hasta que se calme porque está en una excitación psicomotriz, nos parece que eso está definido por ley como tortura y flagrante violación a los derechos.
Presentarán una acción judicial contra las salas de contención
El Colegio de Psicólogos analiza en este momento presentar una acción declarativa de certeza ante el Tribunal Superior de Justicia para que se zanje la discusión sobre la prohibición de las salas de contención que hoy existen en los neuropsiquiátricos.“Las autoridades de Salud Mental de la provincia dicen que como la ley de Córdoba no prohíbe las salas, ellos no pueden cerrarlas de forma inmediata. Nosotros decimos que la discusión está cerrada, están prohibidas a nivel nacional y es una ley de orden público”, subrayó Cáceres.
“Nosotros vamos a ser una voz permanente de denuncia sobre el no cumplimiento de la ley”, agregó.
Cabe recordar que la reciente muerte de un paciente en una sala de contención reavivó el debate sobre el tema y la exigencia del cierre de éstas por parte de los psicólogos. “Hemos solicitado información sobre cuántas escalas existen hoy y no la obtuvimos aun”, aseguró el dirigente profesional, cuya gestión -asegura- apunta a transformar al colegio en una entidad gremial, sin dejar de lado el aspecto deontológico y el contralor del ejercicio profesional.
