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La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) está en desacuerdo con que el anteproyecto de ley se analice en 90 días. Comenzaron a visitar a los integrantes de la bicameral y anticiparon su preocupación al titular de la Corte.
En nombre de 200.000 hombres y mujeres de Derecho del país, la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba (FACA) elaboró un documento que entregó el miércoles al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que comenzó a distribuir ayer entre los legisladores de la Comisión Bicameral del Congreso que analiza el anteproyecto de reforma del Código Civil y al que tuvo acceso Comercio y Justicia. Alertan sobre los riesgos de apurar el tratamiento en el plazo de 90 días que se le fijó a la comisión especial.
“Entendemos que si bien no debe extenderse indefinidamente en el tiempo el análisis legislativo de la reforma propuesta, no es conveniente, retacear plazo alguno para optimizar, mejorar y corregir omisiones involuntarias e incluso cuestiones semánticas que no son menores”, plantean en el documento.
También subrayan que el abordaje no sólo es obligado desde lo textual sino también debe darse la discusión conceptual en algunos aspectos de la reforma.
“No se pueden eludir, a solo título de ejemplo de los muchos que podemos dar, nuestro proyecto de ‘patrocinio letrado obligatorio’ en las convenciones pre y posmatrimoniales, que fue entregado oportunamente a las autoridades nacionales; seguramente va a evitar conflictos e injusticias en las relaciones matrimoniales”, dijeron.
En este punto, debe recordarse que la letra del anteproyecto no habla del patrocinio de abogados en el divorcio exprés.
Asimismo, remarcaron una vez más el avance de exigencia de escritura pública en detrimento de sus incumbencias en muchos casos y situaciones en el nuevo código, algo que consideran que “no brinda las garantías constitucionales de la libertad como tampoco asegura per se la protección de los ‘desiguales’, en un código que pretende erigirse como el ‘Código de la Igualdad”.
Los letrados sostienen que la nueva codificación deberá regular por un plazo razonablemente prolongado y sin que deba someterse a periódicas reformas por lo que hacen un llamado especial a los legisladores. “Una responsabilidad de estas proporciones merece especial y extraordinaria atención”, concluyen.
