ESCUCHARAsí lo manifestó el colegio que nuclea a trabajadoras sociales que se desempeñan en el Complejo Esperanza. La entidad señaló que siete profesionales fueron informados que desde el lunes pasado debían tomarse “vacaciones compulsivas”
El Colegio de Profesionales en Servicio Social de la provincia de Córdoba manifestó ayer que “79 jóvenes en conflicto con la ley penal, quedan sin seguimiento, contención e intervención profesional”. Así lo afirmó la presidente de la entidad Carolina Allende en diálogo con Comercio y Justicia.
“Estamos preocupados ante las desfavorables situaciones laborales que les toca vivir a las profesionales de Trabajo Social que desempeñan sus funciones en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), organismo dependiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, como monotributistas.
El jueves pasado, 12 de diciembre, fueron informadas que a partir de este lunes -16 de diciembre- deberían tomarse ‘vacaciones compulsivas’ hasta el 1 de enero de 2020”, detalló Allende y agregó: “Se les informó que no se les podía garantizar la continuidad de los convenios precarizados a través de los cuales venían trabajando en el área de Penal Juvenil.
A esto habría que sumarle, además, la ausencia de la 20 sociopedagogas, cuya función se centra en el trabajo cotidiano dentro de un contexto de encierro, el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza (Cesam) junto a los y las jóvenes que allí se alojan, quienes se encuentran también desafectadas de sus funciones por el vencimiento del convenio que enmarcaba su trabajo”.
Asimismo, la dirigente trabajadora social, señaló que actualmente trabajan en similares condiciones de precarización laboral alrededor de 150 profesionales en otras áreas gubernamentales, como ser el Organismo de Protección de Derechos, Medidas Excepcionales, Residencias, Casas Abiertas, y otros Programas.
“Como Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba, queremos dejar fehacientemente en conocimiento que actualmente, un alto porcentaje de los 190 jóvenes alojados/as en el Complejo Esperanza (Cesam), quedan sin seguimiento e intervención profesional. Sabemos que el proceso de los/as jóvenes en conflicto con la ley penal que ingresan al Centro Socio educativo presentan situaciones particulares de vulneración de derechos; por lo cual intervienen equipos técnicos ”, detalló Allende y añadió: “Tenemos conocimiento de que existirían 79 jóvenes y sus familias quienes quedarían sin seguimiento que se transforma en contención y acompañamiento desde la profesión del Trabajo Social siendo interrumpidos aquellos procesos y estrategias comunitarias familiares, vulnerando el derecho de los/as jóvenes y su familia, como así también el ejercicio profesional, ya que la interrupción fue totalmente involuntaria, sin dar participación a las profesionales en la decisión sobre la continuidad del abordaje que venían realizando”.
