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En una semana clave en la que se puede convertir en ley la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación, la federación que nuclea a los letrados argentinos avanzará con planteos judiciales.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) presentará esta semana una demanda de inconstitucionalidad en relación con las leyes sancionadas en el marco de la denominada “reforma judicial”. Ésta será acompañada por una presentación similar de los colegios profesionales de distintas provincias, en sus respectivas jurisdicciones.
Alejandro Tejerina, presidente del Colegio de Abogados local, ya había adelantado a Comercio y Justicia que harían también una presentación en la Justicia Federal con asiento en Córdoba.
En una demostración de apoyo al Poder judicial, FACA convocó a los colegios de todo el país a nuclearse el próximo jueves 9 de mayo a las 15, en Buenos Aires, donde darán a conocer los detalles en una conferencia de prensa.
Por otro lado, siguen los cuestionamientos a la reforma con repercusión internacional. La Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados de Iberoamérica se sumó a los cuestionamientos a la reforma judicial argentina, al exigir “el respeto a la independencia del Poder Judicial y su despolitización” y plantear su preocupación “por constatar el surgimiento de acciones que pongan en riesgo” ese principio.
En una declaración hecha en Lisboa (Portugal), la agrupación, constituida por las abogacías nacionales de los 22 países de Iberoamérica, analizó “la situación existente en los países miembros en materia de respeto al sistema constitucional, estado de derecho e independencias de jueces y abogados” y se detuvo especialmente en la reforma judicial que impulsa el Gobierno.
“Examinado el caso argentino ante iniciativas legislativas en materia de reforma judicial, denominadas democratización de la justicia, se observa con gran preocupación, en especial en orden a reformas, al: 1) Consejo de la Magistratura de la Nación, 2) regulación especial legislativa de medidas cautelares en la que pueda ser parte el Estado y 3) la creación de nuevos Tribunales de Casación”, se sostuvo en la declaración.
Contradicción
La reforma en el órgano encargado de elegir y controlar a los magistrados “contradice la esencia y letra constitucional de la composición de un Consejo y Jurado de enjuiciamiento que, por su naturaleza, deben mantener su equilibrio y sus representantes estamentarios no pueden ser parte de una política partidaria”, se advirtió.
La agrupación afirmó que los consejeros deben “ser electos por sus representados sin vinculación ni injerencia de partido político alguno a la vez que las decisiones del cuerpo, por su carácter representativo integrador, no deben estar sujetas a mayorías absolutas sino agravadas para obtener así consensos que cobijen y representen a todos los pensamientos integradores de la función de la Justicia que no responda a una circunstancial mayoría gobernante”.
Cautelares
En torno a las limitaciones de las cautelares, la entidad iberoamericana opinó que “la historia y experiencia en la materia determinan que no es aconsejable ni razonable que se limiten o restrinjan por ley las medidas judiciales cautelares tendientes en la práctica a su eliminación”.
Para los abogados, es “competencia judicial su fijación y extensión en cuanto efectiva expresión de la independencia del Poder Judicial y separación de poderes como efectivo control de equilibrio y balance de los otros poderes del Estado, y garantía de igualdad; acceso a la tutela judicial efectiva; debido proceso; debida defensa en juicio y razonabilidad”.
La entidad añadió que “la creación de nuevas Cámaras de Casación perjudicará a los justiciables al dilatar aún más los procesos hasta el dictado de sentencia última y definitiva, vulnerando a los más débiles -asalariados, pensionados, jubilados- por el diferimiento del reconocimiento de sus derechos”.
