La denuncia publica formulada por el ministro de economía de la Nación, Amado Boudou, y el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, contra el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, fue considerada por abogados como “un peligroso precedente en el Estado de Derecho, frente al cual la abogacía no puede guardar silencio”.
“No corresponde emitir una opinión con base en informaciones periodísticas respecto de causas judiciales en trámite; serán la Justicia y el Consejo de la Magistratura quienes, con respeto al derecho de defensa, deberán dar su palabra”, sostuvieron desde el Observatorio Judicial de la agrupación La Alberdi, liderada por el ex presidente del Colegio de Abogados, Enzo Stivala.
“La imprescindible seriedad y el respeto a las instituciones requieren que las denuncias sean investigadas mediante el debido proceso y, en ese marco, que un ministro de la Nación se anticipe a las decisiones jurisdiccionales condenando mediáticamente conductas sometidas a proceso constituye una desmesura y representa, además de una presión sobre el Poder Judicial, un mensaje de injustificada advertencia hacia los ciudadanos que invocan sus derechos en juicios contra el Estado y por extensión hacia los abogados que los patrocinan”, concluyeron los letrados.