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Vuelve a cobrar protagonismo una actividad vedada por el derecho internacional

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El conflicto ruso-ucraniano también deja su huella en lo jurídico, respecto de la más mítica y menos considerada categoría de combatientes ilegales: los mercenarios.

Al aceptar los cargos en su contra, el pasado 9 de junio, el Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk condenó a muerte al británico Aiden Aslin, nacido y criado en Nottinghamshire, Reino Unido. Antes de pelear en Ucrania, había combatido en Siria en las milicias kurdas contra el denominado Estado Islámico.

El acusado había sido capturado a mediados de abril en Mariúpol como parte de las fuerzas ucranianas junto a otro británico, Sean Pinner, quien también recibió idéntica condena. Un tercer individuo, el marroquí Sadun Brahim, apresado en combates con las fuerzas rusas el 12 de marzo en Volnovaja, también fue igualmente sentenciado a muerte por entendérselo mercenario.

Todas las sentencias han sido recurridas por los condenados. El último de ellos, Aslin, la presentó el pasado 4 de julio. «Se ha presentado un recurso de apelación contra esta condena», comunicó por tales fechas su abogado, Pavel Kosovan, a la agencia de noticias Interfax. El ejército ucraniano, por su parte, ha entendido que son parte de sus fuerzas armadas y no pueden ser considerados mercenarios. También se ha dicho que su juicio no ha contado con las debidas garantías.

Según las autoridades rusas, casi 7.000 extranjeros procedentes de más de 60 países se han unido a las fuerzas ucranianas para participar en el conflicto desde su inicio a finales de febrero.

En tal sentido, cabe destacar que el derecho internacional prohíbe el uso de mercenarios en los conflictos armados, por lo que éstos no son considerados combatientes legítimos y, por tanto, no se hallan amparados por el estatuto de los prisioneros de guerra en caso de captura, siendo susceptibles de ser juzgados por sus actividades, las cuales son en sí mismas una infracción al derecho de los conflictos armados e internacional humanitario.

Se trata de una consideración disvaliosa que tiene una larga data. Ya en 1907, en el Convenio de La Haya V sobre los derechos y deberes de las potencias y personas neutrales en caso de guerra terrestre, se preveía en su artículo 4 que «no se pueden formar grupos de combatientes ni abrir agencias de reclutamiento en el territorio de una Potencia neutral para ayudar a los beligerantes», teniendo la obligación de impedir que se produzcan tales actividades en su territorio. Sin embargo, no podía ser considerada responsable cuando los individuos cruzaban la frontera por voluntad propia para ofrecer sus servicios a los beligerantes. Este artículo creaba, de hecho, la obligación de los Estados de impedir la formación de grupos mercenarios en su territorio con el fin de intervenir en un conflicto armado ante el que han decidido permanecer neutrales. Dicha norma internacional, si bien no fue refrendada, se considera al presente como derecho consuetudinario en materia de conflictos armados.

Por su parte, el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, de 1977, da en su artículo 47 una definición de mercenario: cualquier persona que se recluta especialmente en el país o en el extranjero para luchar en un conflicto armado, tomando parte de modo directo en las hostilidades motivado por el deseo de obtener un beneficio patrimonial, habiéndosele prometido por una parte en conflicto una compensación material sustancialmente superior a la prometida o pagada a los combatientes de rangos y funciones similares en las fuerzas armadas de esa parte beligerante.

A tales requisitos positivos se le suman algunos de carácter negativo: no debe ser nacional ni residente de un país beligerante, ni miembro de sus fuerzas armadas ni haber sido enviado por un Estado que no es parte del conflicto en misión oficial como miembro de sus fuerzas armadas.

Son recaudos acumulativos, por lo que, si solo uno de ellos no se da, no puede ser categorizado mercenario. Esto, pues se trata de una definición restrictiva para garantizar que la pérdida de la protección especial sólo se produzca en circunstancias específicas. Es decir, como nos enseñaron en el posgrado de derecho de los conflictos armados en el Instituto Nacional de Derecho Aeronautico y Espacial (Indae) en su momento, en resumidas cuentas, sólo ocurre cuando “se combate por afán de lucro”.

Por su parte, la Asamblea General de la ONU en su 77ª sesión plenaria del 18 de diciembre de 2002, aprobó la resolución 57/196 sobre “Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación”, expresando en su parte resolutoria que “la utilización, el reclutamiento, la financiación y el entrenamiento de mercenarios suscitan profunda preocupación en todos los Estados e infringen los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Existe asimismo una convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios firmada en 1989, que entró en vigor el 20 de octubre de 2001, la cual obliga a los Estados parte a no recurrir al reclutamiento, la utilización, la financiación o el entrenamiento de mercenarios, así como a juzgar o extraditar para ser juzgados a los que encuentren en su territorio.

Tal vez por eso, el Reino Unido no ha actuado de forma pública en favor de sus nacionales, a la par que el jefe del Ejecutivo de Donetsk descartó un indulto en caso de que la sentencia quede firme. Es de tal forma que los tres condenados en Donetsk esperan por el resultado de sus recursos contra la sentencia de muerte.

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