Luis Enrique Pereira Duarte, abogado y ex consejer.
El próximo 21 de septiembre los abogados del interior del país con matrícula federal elegirán a sus delegados para el Consejo de la Magistratura Nacional y deberán decidir entre cinco candidatos, uno de ellos cordobés.
Se trata de Luis Enrique Pereira Duarte, ex consejero durante el período 2002/2006, que competirá con el titular del Colegio de Abogados de Mendoza, Daniel Ostropolsky; el marplatense Juan Carlos Paris, el ex diputado bonaerense Carlos Malis y Jorge Álvarez, oriundo de San Martín, provincia de Buenos Aires.
A una semana de las elecciones, que en Córdoba se desarrollarán -de 9 a 18- en cada una de las sedes de los colegios profesionales, el aspirante a representar al estamento abogadil en el órgano encargado de seleccionar y remover jueces, dialogó con Comercio y Justicia.
– ¿Cuáles son hoy para los abogados los tres puntos claves para trabajar en el Consejo de la Magistratura?
– Entre los puntos claves se puede mencionar la participación activa en la Comisión de Acusación, donde se pueda realmente investigar a los jueces, sin sentirse presionados por el poder político, investigando a los que hay que investigar y liberando rápidamente a aquellos que tienen denuncias pendientes sin sustento.
En la Comisión de Selección hay que apurar los concursos que están muy demorados. Una tarea pendiente, pero tal vez de más largo aliento, sea profundizar el funcionamiento de la Escuela Judicial que, si bien existe, tal vez no cuenta con el presupuesto necesario; creo que hay que cambiar la estructura de funcionamiento. Aspiramos a que la Escuela Judicial sea realmente capacitante para aquellos que pretendan ocupar cargos en la Justicia y que puedan tener igualdad de posibilidades tanto aquellos que están actualmente dentro del Poder Judicial como aquellos abogados de la matrícula que pretendan aspirar a ingresar.
– ¿Considera que la Justicia se ha politizado más en el país en el último tiempo?
– Creo que sí. La presión política es muy grande, sobre todo en los casos paradigmáticos y eso es lo que tenemos que erradicar. El Gobierno nacional está presionando mucho a los jueces, está manteniendo a muchos magistrados con sumarios abiertos y en tiempo indefinido. Otro tema grave es la permanencia de los jueces subrogantes, eso hace que los jueces sean jueces que están pendientes de que en algún momento los saquen o confirmen, entonces no tienen la libertad suficiente para poder actuar.
– ¿Cómo califica la situación de indefinición de los subrogantes y de aquellos casos en los que la demora en la designación de los jueces ya lleva años?
– Es vergonzosa esa situación. En el caso concreto de la designación de juez para San Francisco, donde se está pagando un alquiler y demás, ese concurso se terminó hace cuatro años. Yo, siendo consejero, personalmente estuve en esa ciudad tomando los exámenes. Que aún hoy esté sin juez, es vergonzante. Ésta es una situación que sin duda escapa al Consejo de la Magistratura, pero creo que desde el Consejo se puede hacer todo el esfuerzo necesario para que termine.
– Sin embargo, el Consejo también ha sido criticado por inacción.
– Quien represente a la abogacía debe tratar de tener un Consejo mucho más ágil, más trabajador e independiente de las presiones políticas. En el último período, por ejemplo, el representante de los abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ha sido normalmente un apéndice de los legisladores oficialistas, por eso hubo una elección muy importante en la CABA, en la que los abogados se manifestaron en contra y votaron por Alejandro Fargosi, con el que me siento totalmente identificado como candidato de la oposición.
– En elecciones anteriores se impulsaba a los letrados cordobeses a que se abstuvieran de votar, porque se trataba de un Consejo que había sufrido la reducción de la representación abogadil. ¿Por qué ahora se alienta a los abogados a participar en esta elección?
– Con la media sanción de la ley de reforma (del Consejo) la situación está cambiando, creo que desde dentro del Consejo de la Magistratura un consejero puede hacer mucho por la sanción definitiva de la ley para que les restituya a los abogados la representación que tenían y le otorgue al Consejo el equilibrio por el que siempre se ha peleado. La posición de abstenerse significa permitir que sectores afines al Gobierno también elijan al candidato por los abogados, con lo cual la situación se agrava. Es importante que se vote y en ese sentido el Colegio de Abogados de Córdoba está brindando todo el apoyo necesario y la infraestructura para que se pueda votar con absoluta libertad.
