Debaten la reforma del Consejo de la Magistratura

Ricardo Gil Lavedra, diputado radical, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja

La semana próxima, más precisamente el 23 de junio, la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación podría convertirse en una realidad. Luego de varias idas y vueltas, los legisladores del radicalismo, la Coalición Cívica, el Peronismo Federal y el PRO lograron consensuar un dictamen unificado de mayoría, tras aceptar los cambios propuestos principalmente por el bloque Proyecto Sur, liderado por Fernando Pino Solanas.

Para ser aprobada en el recinto, la iniciativa del arco opositor -que tiene preferencia para ser tratada- requiere una mayoría especial de 129 votos. Consultado por Comercio y Justicia, el presidente de la Comisión de Justicia, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de diputados, Ricardo Gil Lavedra, indicó que el dictamen cuenta con un amplio apoyo, con lo que la reforma resultaría “un hecho”.

La intención de modificar el Consejo de la Magistratura es la de poder dotar al organismo de mayor transparencia, tanto en los procesos de selección como de remoción de magistrados. A la par, se busca otorgarles celeridad a los procedimientos.

“Logramos un dictamen que supera la ley actual, dado que respeta el equilibrio entre los estamentos y le sacamos el poder de veto al oficialismo», dijo Gil Lavedra a este diario. “Tendremos un Consejo más plural con 18 integrantes”, agregó.

Según el texto acordado, a partir de la aprobación de la norma, el Consejo estará integrado por: 4 jueces (incluido el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación); 6 legisladores (3 senadores y 3 diputados) de las tres primeras minorías; 4 abogados; 3 académicos (2 abogados y 1 de las ciencias sociales) y un representante del Poder Ejecutivo.

La discusión más importante giró en torno al rol del presidente de la Corte en el Consejo. Presidirá el Consejo pero, a pedido de la centroizquierda, no manejará la administración financiera del Poder Judicial sino que la comisión respectiva reportará al plenario del organismo y no a su presidente. Además, según el proyecto acordado, el presidente de la Corte sólo podrá votar en caso de desempate o en las votaciones que precisen de mayoría especial.

Además de asegurar el equilibrio entre los estamentos, Gil Lavedra indicó que los procesos de selección serán “más ágiles y habrá menos cargos vacantes”. “Para evitar que los juzgados queden acéfalos varios años, se prevé realizar los concursos por anticipado. Cuando se produzca una vacante ya estarán tomados los exámenes y listo el orden de mérito de los postulantes”, explicó el diputado. “Además, el dictamen establece un sistema de auditorías periódicas de los tribunales de justicia y se incorpora un Comité Consultivo Honorario”, remarcó .

Sin amenazas

A la celeridad en los concursos se suma la intención de dotar de mayor transparencia al Consejo.

En tal sentido, Gil Lavedra recordó que el dictamen establece que antes de designar a un funcionario se publicarán sus antecedentes en la página web del Consejo con una antelación no menor a diez días hábiles, durante los cuáles podrán presentarse observaciones sobre los candidatos. Asimismo, se establece que, para dictar reglamentos fundamentales, se necesita la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros; se amplía a dos años el plazo de incompatibilidad para la suspensión de la matrícula profesional y se fija que los expedientes serán públicos y deberán estar disponibles en Internet.

Otro de los puntos destacados del proyecto es el proceso de investigación a los jueces denunciados. A partir de la aprobación del dictamen ya no podrán permanecer con una causa abierta por un tiempo indeterminado.

“Las investigaciones contra los jueces podrán durar como máximo un año. Se busca evitar que se mantengan abiertas como una herramienta de amenaza como ocurre ahora”, concluyó Gil Lavedra.

Su historia

Ricardo Gil Lavedra es abogado. Se desempeñó como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre 1999 y 2000. Se destacó por haber integrado el tribunal que en 1985 condenó a los militares que gobernaron el país durante la dictadura llamada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), en el llamado Juicio a las Juntas.

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