Protesta, desobediencia o sedición

Por Alejandro Zeverin (*)

Días atrás, nos desayunamos con una movilización policial inédita en la Provincia de Buenos Aires, la cual involucraba una fuerza que cuenta con 90.000 efectivos armados, con movilidad propia, terrestre y aérea, y comunicaciones, pero sobre todo con el peso angustiante del calificativo de “maldita policía”, la de ayer y la de hoy. 

Para los cordobeses, fue solo retrotraerse al año 2013, cuando 18.000 policías provinciales  realizaron un movimiento parecido, no igual -porque mientras en Córdoba cesaron los servicios de prevención, lo que ocasionó un caos con muertos y saqueos generalizados, tierra arrasada digamos, la Bonaerense no levantó sus servicios de prevención-. Tácticamente, allá ingeniaron las concentraciones/protestas en diversos departamentos de la provincia, juntando centenares de policías en cada lugar, con patrulleros incluidos, a los que les hacían ulular sus sirenas, uniformados y armados con munición letal. El motivo alegado fue arrancar del poder político un aumento importante de salarios, incluidas horas en los servicios adicionales; con la admonición de que si el poder político no aceptaba sus condiciones, todo “terminaría mal”. Más aún, parte de ellos se animó a rodear la residencia presidencial de Olivos, coaccionando o limitando en la práctica la libertad, en sentido amplio, del Presidente de la Nación y su gabinete.

Años antes, la Policía de Córdoba protagonizó hechos institucionalmente atroces, indignos, cobardes pero previsibles, el narcoescándalo arrasó con el entonces ministro Alejo Paredes -conchabado luego por el macrismo, quien renunció en medio de otro escándalo- y con el jefe de Policía, Crio. Gral.  Ramón Frías y, como no existe lo llovido sobre mojado, lo siguiente sobrevino porque el huevo de la serpiente ya había anidado en la crisis del acuartelamiento policial. 

José Manuel de la Sota ”renunció” a la protegida de Paredes, la ministra de Seguridad de Córdoba, Alejandra Monteoliva -también luego asalariada por Patricia Bullrich y hoy recogida por otro Macri, el de Vicente Lopez- y al jefe de la Policía provincial Crio. Gral. Almada, reemplazándolo por el tristemente célebre, Crio. Gral. Julio César Suárez, también echado pero además condenado por amenazas a periodistas. Y así, en ese detrimento institucional, el ministerio fue rebajado a secretaría de Seguridad. 

En el Gobierno provincial de la época no se evaluaron tres circunstancias básicas, para llegar a la situación narrada: la nula autoridad de los poderes político y judicial sobre la Policía, la descomposición jerárquica institucional de esta última desde la renuncia del Crio. Gral. Irturri -se opuso a la compra con sobreprecios de los famosas Jeep Cherokee, adquiridos con posterioridad como flota policial; muchos ministros fueron “beneficiados” con regalos del modelo- y, por último, la  infiltración del narco en la institución, que hizo “pata ancha” a partir de la gestión del Crio. Gral. Rodríguez, quien además clausuró las escuelas de policías.

El error de cálculo fue tan enorme como la falta de criterio de elegir líderes políticos sin habilidad, carentes de idoneidad ni ascendencia sobre el problema policial, lo que quedó demostrado en los hechos con la errática concepción de conducción de convertirse en cómplices de sus subordinados.

 Uno de los máximos errores fue desde lo político, ya que entendieron que la estrategia de política criminal debería estar diseñada por la propia policía, y no que el personal policial debe solamente cumplir la función de prevención y ocasional represión en el plano táctico. Se evaporó la máxima que la política ordena y la policía implementa el cumplimiento.

De la Sota, mal asesorado por el entonces ministro de Gobierno Oscar González, transformó con éxito aquella sedición en una desobediencia. Lo primero significaba políticamente que el Gobernador había sido sobrepasado en su autoridad por unos policías; lo segundo, que los policías se le habían insubordinado solamente al jefe de Policía de la época, el Crio. Gral. Almada, para lo cual contó con un Poder Judicial pusilánime, que sólo imponía respeto y autoridad sobre la gente común.

Del levantamiento policial que dejó un muerto, 200 heridos y unos dos mil comercios destruidos, sólo a 56 policías -12 oficiales y 44 suboficiales- fueron juzgados, 18.000 sublevados ni siquiera sancionados y el eje de la ficción desobediencia o sedición radicó en que todo se debió una «supuesta orden verbal desoída a un comisario González, que a las tres de la mañana mandó a trabajar».

Esa historia cordobesa anidó de nuevo en la democracia como “el huevo de la serpiente”, título de una excelente película de Ingmar Bergman, ambientada en el Berlín de los años 20. Argumentaba que el futuro próximo de Alemania era predecible como un huevo de serpiente, que ya puede ser visto detrás de la cáscara de un huevo así, aunque nadie quiera admitirlo. Lo que en suma anticipó el nazismo.

En este diario se anticipó, se aseveró que había ocurrido un acto de sedición de competencia de la Justicia federal y que los cabecillas debían ser duramente sancionados porque, de no ocurrir nada, indicaba que casos similares no volverían a ocurrir. ”Teoría del No Escandalo” 11-11-2013, “Desobediencia o Sedición”, Comercio y Justicia, 13-6-2018. 

Antaño recordamos que el expresidente Alfonsín, ante una rebelión militar intimó a ”deponer la actitud”, en la década del 80, a los golpistas. Así doblegó a los “carapintadas”, quienes cesaron su amotinamiento. Fue cuando pronunció su famosa frase final “la casa está en orden”, no muy comprendida ni por el periodismo ni por los políticos.  

En la provincia de Buenos Aires, la policía venció la política y la justicia, Sergio Berni incluido, quien demostró un caparazón de mando de utilería al nunca instar a los sublevados a que “depusieran su actitud” y asegurar luego que sólo habría sanciones para quienes hubieran «incumplido sus funciones». 

Siendo bondadosos, podemos asegurar que los hombres de las instituciones, acá en 2013 y allá hace días, asustados, al igual que el periodismo militante de uno y otro lado -salvo honrosas excepciones- no denunciaron la abierta violación del orden democrático. Los eternos vociferantes callaron, ni siquiera se animaron a acompañar al presidente Fernández, quien sí se animó a intimarlos cuando fue rodeado por policías sublevados armados, a que “depusieran su actitud”.

 El Código Penal dispone, en lo que interesa, en el título X, capítulo I, Atentados al orden constitucional y a la vida democrática, Art. 226: “Serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para… arrancarle alguna medida o concesión (…) Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o asimilación militar, el mínimo de las penas se incrementará en un tercio”. En el capítulo II, apartado Sedición, Art. 229: ”Serán reprimidos con prisión de uno a seis años los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, (…) arrancarle alguna medida o concesión…”. 

 Con relación a Disposiciones comunes a los capítulos precedentes, dispone: Art. 231: ”Luego de que se manifieste la rebelión o sedición, la autoridad nacional más próxima intimará hasta dos veces a los sublevados a que inmediatamente se disuelvan o retiren, (…) .Si los sublevados no se retiraren inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la fuerza para disolverlos…”. Art.232: “En caso de disolverse el tumulto sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, sólo serán enjuiciados los promotores o directores…”.

 Entonces, en fina sintonía Alfonsín y Fernández, a sus tiempos respectivos, no tiraron frases rimbombantes al aire sin sentido legal, sabían lo que estaban advirtiendo, y los sublevados, al deponer su actitud, captaron rápidamente el mensaje; si no lo hacían podrían haber sido detenidos. 

Nada de esto ha sido captado por nuestro Poder Judicial Federal de Comodoro Py, y el huevo de la serpiente, a lo mejor para quienes lo anidan algún día de nuevo, muy a nuestro pesar dará su cría. Y puede pasar si se sigue anteponiendo la política a la República, de la cual mucho se habla y nadie defiende.

(*) Abogado penalista, UNC. Master en Criminología, Universidad de Barcelona