ESCUCHARDurante el período 2005/15, la relación, respecto del producto geográfico, del gasto total en esa área ha crecido notoriamente: pasó de 4,2% a 6,6%; aun así, se descubren serias carencias que deberían ser atendidas con toda presteza
Por Salvador Treber
La organización política de nuestro país, republicana y federal, data de la vigencia de la Constitución Nacional (1853) y el país estaba constituido por 14 provincias y 10 gobernaciones; siendo el gobierno federal “huésped” de la ciudad de Buenos Aires, por entonces capital de la provincia del mismo nombre. Respecto de esta jurisdicción, la Constitución contemplaba, dada su reconocida autonomía, pleno derecho a elegir sus mandatarios locales; mientras que en las gobernaciones, la máxima autoridad en cada una de ellass la designaba directamente, por decreto, el Gobierno nacional.
En 1882, al resolverse la federalización para ungirla con carácter excluyente en la Capital Federal, el esquema varió sustancialmente. Paralelamente, Dardo Rocha fundó la ciudad de La Plata con el objeto que oficiara de capital de la Provincia de Buenos Aires, algo que sigue ejerciendo en plenitud hasta el presente. Con posterioridad, a mediados del siglo pasado, las referidas 10 gobernaciones pasaron a constituir nueve nuevas provincias; mientras el territorio de la norteña antes Gobernación de Los Andes procedió a dividirse y adjudicar virtualmente por mitades a las provincias de Salta y Jujuy. La última que se trasformó en provincia fue Tierra del Fuego, conjuntamente con las cercanas islas del Atlántico Sur.
Además, no debe perderse de vista que Argentina, en función de su dimensión territorial, aparece como octava en el mundo detrás de Rusia, Canadá, Estados Unidos, China, Brasil, Australia e India. También cabe tener bien presente que, al igual que todos los más extensos países de nuestro continente, Canadá, Estados Unidos, México y Brasil han adoptado el régimen federal.
En cuanto al servicio educativo público en nuestro país, los dos primeros escalone están a cargo de cada una de las provincias y la Capital Federal, mientras el tercero se lo ha reservado para sí la Nación. En todas jurisdicciones dichos servicios se prestan en forma absolutamente gratuita. El sector privado está autorizado, desde septiembre de 1958, a prestarlo cobrando por ello en los tres niveles antes referidos, aunque previa aprobación de planes y contenidos esenciales.
Es oportuno recordar que los estudios universitarios fueron exclusivamente a cargo de las seis universidades públicas de Capital Federal, La Plata, del Litoral, Córdoba -la más antigua del país-, Tucumán y Cuyo; a las que se sumó en 1957 la del Sur, con sede en Bahía Blanca. La incorporación de universidades privadas, incluso confesionales, generó una ardua y enconada discusión en las sesiones de ambas cámaras del Congreso, que, después de de una muy reñida disputa, culminó aprobando la autorización por un voto más.
A la fecha, luego de 60 años, coexisten alrededor de 40 universidades públicas, en todas las provincias, y unas 60 privadas lo hacen también en la mayoría de las jurisdicciones. Las primeras registran 1.870.000 alumnos y las privadas, en conjunto, 386 mil.
Evolución del presupuesto público educativo
En el año 2004, el gasto federal implicaba apenas el equivalente a 3,7% del respectivo producto bruto interno. Debe tenerse muy en cuenta que en 1960 Argentina llegó a tener un población total de 20 millones de habitantes y que al 30 de octubre de 2010, 50 años después, logró duplicar su población. Desde entonces, a un ritmo en continuo descenso, se estima que nuestro país registrará una tendencia todavía creciente de su población hasta el año 2056, cuando llegará al nivel máximo de 54,8 millones. Desde entonces en adelante y hasta fin del presente siglo, la población comenzará a reducirse y llegará al año 2100 con sólo 49,5 millones de habitantes.
Durante el decenio 2005/15, el presupuesto federal para el área de educación pasó de significar 4,2% de PBI a 6,6%, pero en todas las jurisdicciones locales, al margen de las eventuales diferencias en que siempre se opera con poca ecuanimidad, sin excepción se plantea que no son suficientes para atender adecuadamente a los requerimientos que, de por sí, no dejan de ascender año a año.
Esta tendencia no tiene nada de excepcional y se verifica en casi todos los países del mundo. Recientemente, el conocido Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Inequidad y el Crecimiento (Cippec) hizo un valioso aporte al respecto, que merece ser considerado y analizado no sólo por las autoridades nacionales sino también por las locales.
Una de sus observaciones sostiene que las diferencias de medios hacen que el sueldo de los docentes en muchas provincias es harto insuficiente, y además las respectivas inversiones están muy por debajo de lo estimado racionalmente como indispensable. El tratamiento diferencial se detecta sin lugar a dudas evaluando, tanto en términos absolutos como relativos, los montos y porcentajes de recursos nacionales y los que corresponden en promedio por alumno en función de lo que reciben de la Nación en cada jurisdicción intermedia.
En la actualidad, no se dispone de datos por años posteriores a 2015 ni evaluaciones oficiales que apunten a actualizar las relaciones más significativas sobre la materia.
No cabe duda de la gran desigualdad reinante. También deben analizarse los fondos propios que se afectan a implementar dicho servicio y relacionarlos, muy especialmente, con la inversión real expresada por alumno en cada provincia.
En el mencionado informe de Cippec se enfatiza que el tema inversiones “Es el primero que uno tiene que mirar porque mide comparativamente cuánto reparte el Estado en cada provincia según la cantidad de alumnos que se atienden. Bajo ese enfoque se establece el grado de desigualdad del federalismo argentino”.
Resulta muy revelador de los criterios oficiales actuales que rigen en cuanto a la administración nacional en el área de la educación. La característica actual más reveladora es el hecho de que los salarios docentes reales más elevados pagados durante el quinquenio 2011/15 correspondieron a las jurisdicciones más australes: Santa Cruz con $23.350 mensuales y Tierra del Fuego, $21.772, que se explican por sus mayores costos de vida. En el otro extremo, con los menores, figuran Formosa con $10.398, y Santiago del Estero, $8.471. El promedio de las 23 jurisdicciones fue de apenas $14.480, lo que deja muy en claro que la educación está mal considerada en las esferas oficiales.
En el transcurso del quinquenio antes referido, e incluso en el año 2016, se descubre una caída real de los salarios de -5%, que ha agudizado los problemas preexistentes.
Si se considera el gasto global por jurisdicción, el primer lugar le corresponde a la provincia de Buenos Aires, donde asciende a 36,1% de su gasto total pero, aun así, se está muy lejos de cubrir razonablemente las necesidades esenciales.
La situación en el interior del país
A continuación de aquella aparecen las provincias de Río Negro, con 33,2%, y La Pampa, que registra 32,9%. Lo paradójico es que en uno de los últimos tres escalones se encuentra la ciudad de Buenos Aires, con sólo 22,4%, junto con las provincias de Formosa, 23,4%, y Santiago del Estero, con 20,1%.
En la antes mencionada investigación del Cippec se ha enumerado y analizado el grado de vigencia de varios factores que no llegan a justificar, pero explican parcialmente, las notorias diferencias que corresponden a cada una de las 24 jurisdicciones intermedias; las cuales difieren bastante en cuanto al origen y fundamentos.
En la mayor provincia del país se subraya especialmente las muy estrechas relaciones con las poderosas conducciones de la enseñanza privada y, por vía indirecta -aunque activa-, propician que los alumnos que integran las familias ubicadas en las franjas de mayores ingresos opten por los servicios implementados en el sector privado.
Cabe tener muy presente que 17% de la partida global asignada a la actividad educativa en la jurisdicción nacional tiene como destino específico integrar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Los criterios seguidos al efecto se renovaron en el año 2005, oportunidad cuando, además, se estableció orientar a educación 6%, como mínimo, para cumplimentar programas en los campos de Educación, Ciencia y Técnica.
Además del Fonid, existen otros fondos federales, como el de Compensaciones Salariales, ambos con el objetivo específico de incrementar la remuneración básica que, aun en el momento actual, se considera harto insuficiente. Por medio de ellos la Nación coadyuva a atender el rubro salarios, que representa nada menos que 79% del gasto específico en esa área, pero es realmente extraño el criterio adoptado al efecto pues no se ha tomado debidamente en cuenta la diversidad de posibilidades propias que tiene alrededor de un cuarto de los fiscos intermedios.
En el año 2016 (últimos datos disponibles) se introdujo una inoportuna baja real en el total de erogaciones antes afectadas a educación, que pasaron a acrecer las de investigación especializada en la misma área. Numerosos especialistas consideran que el esquema de distribución de fondos por el que ha optado la ley federal de educación no es el adecuado para cubrir según sus propias carencias y/o necesidades insatisfechas total o parcialmente y optimizar el servicio en todo el territorio del país. Donde se advierten atrasos debería intensificarse el apoyo federal hasta asegurar que se cubra, por lo menos, un básico general que garantice un mínimo para todos y cada uno de los niños.
El actual gasto por alumno es muy diverso
La cifra máxima, en 2015, correspondió a la provincia de Tierra del Fuego, donde ascendió a $80 mil, seguida por Santa Cruz con $70 mil y Neuquén, $60 mil.
Sólo novena está la Capital Federal, con $28mil; decimosegunda se ubica Santa Fe, donde fue de $24,5 mil, y en un vergonzante escalón decimoquinto aparece la provincia de Buenos Aires, con apenas $22,5 mil; mientras la de Córdoba queda inexplicablemente relegada al decimoctavo lugar, con $20 mil; cifra que de por sí lo expresa todo.
