ESCUCHARPor Salvador Treber
En los ámbitos más elevados del Gobierno nacional se advierte un clima de gran preocupación ante la posible repercusión por el cumplimiento de los lineamientos impuestos por el Fondo Monetario Internacional en un año electoral
Desde que se definieron detalladamente las medidas que deben emprenderse obligadamente en materia de recortes al gasto público en las tres jurisdicciones, se tiene la certidumbre de que ello acentuará la recesión actual en medida muy notoria y se admite que seguramente influirá en la decisión entre las opciones que tendrán los votantes.
Es que nunca en condiciones semejantes los respectivos gobiernos han logrado salir airosos en tales encrucijadas. La reducción del gasto en la jurisdicción nacional tiene por objeto reducir primero y luego eliminar el actual desequilibrio que equivale a 5,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Ello requiere, además, sostener actualizado el nivel de los ingresos tributarios, lo cual en la situación vigente no será nada fácil.
Paralelamente, una gestión con objetivos semejantes deberá concretarse en las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en alrededor de otros 800 municipios menores de todo el país.
En estos ámbitos se advierte una creciente resistencia pues arguyen al efecto que el sumatorio de todos los déficit de los mismos es de apenas 0,4% del PBI y en el año próximo se eliminará totalmente. Si bien ello es la realidad, los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) exigen que los recortes se extiendan a las dos jurisdicciones menores, siguiendo estrictamente los lineamientos y directivas que al respecto emitan.
El objetivo previsto en la carta de intención que establece el acuerdo de stand-by compromete la reducción del déficit en la jurisdicción nacional a sólo -1,3% para el ejercicio 2019 y a eliminarlo totalmente un año después. Por lo tanto, desde ya obligan a su cumplimiento a quienes asuman el gobierno tras las elecciones generales a realizarse en el último trimestre de 2019.
Contra lo supuesto, para nuestro presidente lo actuado en ese aspecto coadyuvará a salir airoso de dicho desafío. En relación con ello –subraya- tanto Estados Unidos como en el seno de la Unión Europea lo han felicitado por su gestión y por su contribución a “la salida del populismo en la región”.
Hay coincidencia en el Gabinete con respecto a que la reducción del déficit es un objetivo “alcanzable” sin afectar los recursos sociales, pues ello –consideran- garantizará la gobernabilidad. En especial que en el acuerdo se ha logrado introducir una cláusula que -si crece la pobreza- autoriza aincrementar el gasto público en una cifra equivalente a 0,2% del PBI ($26 mil millones) y flexibilizar el déficit hasta -1,5%. Están previstas frecuentes reuniones con los empresarios y sindicatos con el objeto de lograr acuerdos para diferir rebajas tributarias previstas con anterioridad sin que generen nuevo conflictos.
Un ministro que participó de las negociaciones enfatizó: “Tenemos siete meses y esto será largo entre una etapa y otra, disponiendo de plazos prudenciales que facilitarán un adecuado cumplimiento”. La baja pactada para 2019 asciende a $78 mil millones, lo cual surge de que se haya modificado la meta en cuanto al déficit de -2,2% que debe ser reducido a sólo -1,3%. Además, se convocó a reuniones bilaterales con todos los gobernadores para concertar el texto de los respectivos acuerdos destinados a determinar los respectivos cortes en dichas jurisdicciones pero optó por mantener estricta reserva sobre lo tratado y/o acordado.
El ajuste comenzó en el ámbito de todos los ministerios y también en los organismos descentralizados, especialmente en INTI, INTA, Senasa, Anses y PAMI, donde los cortes en total ascendieron a alrededor de $20 millones, lo que se considera harto insuficiente, pues implica una cifra equivalente a 0,15% del PBI. En las esferas oficiales se mostró una firme voluntad para acentuar dichos cortes ya que éstos se generalizarán y abarcarán “todo menos el gasto social pues habrá reducciones en todos lados”. Luego de acordar con las provincias, se anunció que se procurará informar ampliamente y solicitar colaboración a los ámbitos empresarial y sindical por considerarlo indispensable.
La problemática provincial
La situación más compleja es la que ofrecen las provincias, ya que oponen serias reservas que varían según la respectiva situación local y hasta ahora no se ha logrado ningún consenso. Los funcionarios oficiales federales admiten que la revisión y reducción en la inversiones programadas por los gobiernos locales deberán ser concertadas con cada gobernador y -por el momento- deberán introducir reducciones en las remesas originadas en la Nación que no tienen carácter obligatorio (coparticipación). En este ámbito hay una tenaz resistencia pues su sector público no es deficitario y ello los exime de reducir el nivel de su gasto.
Como ejemplos se exhiben la actitud adoptada por cuatro provincias -Salta, Chaco, Entre Ríos y San Juan- que, si bien no están de acuerdo con haber acudido al FMI, respaldan las medidas adoptadas hasta ahora; sugiriendo realizar enfoques que contemplen el desarrollo regional y garanticen el nivel de empleo por considerarlas a estas metas irrenunciables. No se descarta que reducciones tributarias programadas en la jurisdicción federal, si la recaudación no es satisfactoria, se suspendan por lo menos transitoriamente.
En el Ministerio de Hacienda de la Nación han venido postulando hacer el máximo esfuerzo para lograr un sólido acuerdo con las provincias y encarar una revisión conjunta; en especial de los que correspondan a futuras inversiones que se suelen denominar “gastos duplicados” sin excluir las de construcción de viviendas, hospitales y escuelas.
Se debe tener muy presente que la futura llegada de nuevos desembolsos que debe enviar el FMI sólo se verificarán tras sendas auditorias que aprueben lo realizado precedentemente y ello incluirá también las jurisdicciones provinciales.
En las esferas federales procuran convencer a los gobernadores de que no se discontinúan las obras que están en ejecución en el interior, pero que las nuevas que se programen para el próximo ejercicio deberán adoptar obligadamente el régimen conocido como Participación Público Privada (PPP) que implica en lo inmediato financiamiento privado total de éstas. Aun así deberán ser previamente aprobadas por comisiones mixtas integradas por funcionarios de ambas jurisdicciones que deberán expedirse fundadamente al respecto. Dado que no son muchos los empresarios que se muestran dispuestos aceptar dicho régimen, es lógico suponer que las inversiones públicas serán notoriamente inferiores.
El mencionado funcionario que realizó diversas misiones ante varios países sudamericanos refirió que al cierre del presente ejercicio la ejecución presupuestaria consolidada y acumulada de las 23 provincias registrará un superávit equivalente a +0,1% del respectivo producto; lo cual, subrayó, se habrá de lograr por primera vez desde el ejercicio 2014. Ello no sería tan factible en el ámbito federal debido al acelerado crecimiento en el rubro que registra el pago de intereses a acreedores externos. Hasta el presente ejercicio se ha logrado, aunque con altos costos, nuevos créditos en el exterior aunque ello se hace cada vez más difícil.
En cuanto al crecimiento automático del rubro “Gastos financieros” es mucho menos optimista pues el endeudamiento por esa causa el fuertemente creciente y jaquea el objetivo de disminuir sensiblemente el desequilibrio presupuestario federal en el ejercicio 2019 y eliminarlo totalmente en 2020. Como a fines del año próximo habrá elecciones generales, según quiénes sean elegidos, se seguirá operando como hasta ahora o habrá posibilidades de que se introduzcan cambios sustanciales en la materia.
Las muy diversas expectativas para 2019
En Argentina aún está presente lo sucedido al respecto en el período presidencial 2003/2007, sorprendentemente convertido en el período de mayor crecimiento del país en todos los tiempos luego de superar el peor desde 1935 en adelante.
Los técnicos del FMI consideran que se ha adoptado el camino correcto y que por esa vía se logrará fortalecer la economía y protegerla de los riesgos que genera el momento actual en todo el mundo. No obstante, reconocen que constituye una incógnita por develar la factibilidad política ante el fuerte ajuste a que se comprometió el Gobierno y “esperan que con los elementos de política que están incluidos en el programa se logren estos consensos”.
Sin embargo, en todos los casos, los esquemas que ha impuesto dicho organismo internacional desde su creación generó sendas recesiones y actualmente, además de Argentina, son sólo tres países los que lo han adoptado -Jamaica, Uganda e Irak-; pues todos buscan no someterse al riesgo cierto de una mayor recesión. El jefe de la delegación señaló: “La economía argentina de hoy es muy diferente de la de 2001. Vemos una economía que está en el camino correcto. Por lo general no vemos gobiernos que actúen de manera oportuna. Cuando hay altos desequilibrios la estrategia depende del financiamiento y creemos que va ayudar a que el rebote económico se dé más rápido”
Aseguró que se confía en que Argentina pueda crecer pese al mayor ajuste fiscal, ya que el programa ayudará a la reactivación de la inversión. Esta opinión no es compartida por la mayoría de los analistas, los cuales advierten que el FMI no ha cambiado su tradicional concepción; razón por la cual son muy pocos y de escasa importancia los países que actualmente recurren a su asistencia.
Tampoco se explican la causa por la que nuestro país lo hizo “con la premura que se acude a los bomberos cuando estalla un incendio”. Frente a una disidencia tan marcada agregan sus críticos que “nunca sus intervenciones culminaron en reactivaciones de cierta importancia”.
También está en discusión la meta de inflación fijada para el ejercicio 2019, de 17%, ya que la mayoría de los especialistas no comparte esa hipótesis que consideran demasiado optimista sin aportar fundamentos de alguna validez. En cuanto al otorgamiento de mayores facultades al Banco Central, hay marcado escepticismo sobre la posibilidad de que su gestión atenúe las presiones inflacionarias pues se considera que las causas no son esencialmente de naturaleza monetaria.
