ESCUCHARPor Silverio E. Escudero
Dos grandes episodios políticos conmovieron la sociedad informada de América Latina y el mundo. Por un lado, la firma del tratado de paz que permite concluir con la guerra civil más larga de la historia de Colombia, que ha durado la friolera de 52 años con su enorme secuela de tragedia traducida en muertos, heridos, mutilados y desaparecidos. Y, en otra latitud, el primer enfrentamiento-debate –que había sido anunciado como de campañillas- entre los candidatos presidenciales de Estados Unidos, Hillary Diane Rodham Clinton (Demócrata) y Donald John Trump, el excéntrico multimillonario que se presenta ante la escena política como empresario exitoso, astro televisivo y escritor de mediana fama.
Las limitaciones comarcales obligan a la síntesis. Razón suficiente para, con urgencia, dejar sentada nuestra duda sobre el futuro colombiano. Habida cuenta de que no todos los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-Ejército del Pueblo están dispuestos a dejar las armas como el poderoso frente primero “Armando Ríos”, que opera en las selvas del suroriente, donde las fuerzas armadas colombianas fueron duramente derrotadas.
La decisión de los disidentes no es nueva. Se conoció casi dos semanas después de que el presidente Juan Manuel Santos Calderón y la dirección política y militar de las FARC firmaran en La Habana un cese del fuego bilateral, que intentó marcar el fin de la confrontación armada. El paso previo necesario para logar el acuerdo final, que por estas horas se continúa celebrando con canapés regados con copas de champán, mientras se escuchan vigorosos discursos cuajados de adjetivos.
Desde la acera de enfrente, el ex presidente y senador colombiano Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, reiteró su posición -y pide que se vote “No” en el plebiscito sobre el acuerdo de paz alcanzado con las FARC- porque considera que da “impunidad” a los guerrilleros y “premia al terrorismo al negar cárcel a los máximos responsables de delitos atroces, en un país con más de cien mil presos por delitos menores que los de FARC”.
Como parte del acuerdo entre el Gobierno y las FARC se creará un mecanismo de Jurisdicción Especial para la Paz, que se aplicará a los responsables del conflicto armado y que suponía uno de los puntos más espinosos de los diálogos. Los delitos políticos y conexos serán amnistiados pero los de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, entre otros, quedarán al margen de ese beneficio y los culpables serán castigados con “restricción de libertades” en condiciones especiales u ordinarias, que irán de cinco a 20 años según la gravedad del hecho y el grado de colaboración del acusado.
Sin embargo, Uribe consideró que los “delincuentes campeones que no piden perdón, no se arrepienten, se burlan del dolor causado, no son recluidos siquiera en granjas agrícolas, humillan a la sociedad y a las víctimas, creando mayores condiciones para el rencor, no para la reconciliación”. En este sentido, dijo que quienes defienden esa “impunidad”, que en su opinión se genera, “nunca la aceptarían para los paramilitares”, que desmovilizaron sus fuerzas militarizadas en 2006 después de una negociación con su gobierno.
El ex presidente aseguró que las masacres cometidas por los paramilitares no son diferentes de las de las FARC. Asimismo, consideró que el acuerdo también premia “con elegibilidad política” a los ex guerrilleros. Ventaja que no tienen ni los presos “ni los paramilitares ni los políticos que han perdido la investidura”. Uribe también dijo que el acuerdo permitirá a las FARC lavar el dinero del narcotráfico, delito que queda sin castigo para el que considera “el mayor cartel de cocaína del mundo”. Además, afirmó que la negociación convierte las FARC en grupo paramilitar, socio del Estado para combatir a otros delincuentes, ya que las FARC adquiren el compromiso de “romper cualquier vínculo que hayan tenido con el narcotráfico”, así como colaborar “con acciones concretas” para combatirlo. Eso generará, en opinión de Uribe, un daño irreparable a las instituciones, así como un grave riesgo al “tener como escoltas a personas acostumbradas a la vida del delito”. El ex mandatario aseveró que Colombia, “la democracia más extensa y menos interrumpida de América Latina”, quedará equiparada a dictaduras, y calificó al “narcoterrorismo de la FARC como una legítima insurgencia civil”.
Es ése el clima de incertidumbre que reina en relación con el cese de la guerra y la implementación de los acuerdos de La Habana. Dilema que obliga, entre otras cuestiones, a desbrozar el camino para lograr una paz estable y duradera, habida cuenta de que los obstáculos se desprenden del modelo de producción establecido y de las fuerzas políticas del establecimiento, que sólo aspiran a lograr la paz para seguridad de sus inversiones empresariales y profundizar el modelo extractivista.
Vale anotar un detalle extra que jaquea el proceso de paz. El panorama de la coyuntura económica colombiana no es halagüeño: la baja de los precios internacionales de los productos mineros y del petróleo ha producido un hueco fiscal difícil de manejar, profundizando el déficit presupuestario. Además, la revaluación del peso con respecto al dólar, los niveles de inflación recientes y el incremento de las deudas externa e interna ponen en duda la economía del llamado posconflicto.
