ESCUCHARPor Natalia Riva / [email protected]
En los últimos días, los permanentes reclamos al gobierno provincial por parte de empresarios, y principalmente de comerciantes, por el fuerte impacto que tiene el impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) se hicieron sentir más que nunca. Es que el termómetro de las quejas aumenta a medida que se acerca el 15 de noviembre, fecha en la que ingresarán a la Legislatura los proyectos de Presupuesto, Código Tributario y Ley Impositiva para 2011.
En este contexto, entidades como la Cámara de Comercio de Córdoba o la Federación Comercial (Fedecom) acercaron al Gobierno cartas o escritos en los que reclaman una pronta rebaja de este impuesto y hasta proponen la creación de una comisión conjunta para analizar una modificación del régimen tributario vigente.
El Gobierno, si bien no dio definiciones concretas al respecto, adelantó que no habrá una baja generalizada del tributo, aunque sí se podrían atender situaciones específicas. El principal problema que plantea el reemplazo de este tributo es que Ingresos Brutos aporta 8 de cada 10 pesos a la recaudación tributaria propia. Diez años atrás, la recaudación por este impuesto representaba 47,5 por ciento del total, lo que demuestra el importante crecimiento de su participación en los recursos provinciales.
Presión cordobesa
Para los comerciantes, esta situación se vuelve aun más desventajosa se si tienen en cuenta los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que aseguran que Córdoba es la provincia en el país con mayor carga tributaria sobre el comercio: 3,2% sobre el total de las ventas netas de IVA. Según el análisis del Instituto, la carga tributaria que ejerce IIBB sobre el conjunto de actividades económicas asciende, en promedio, en todo el país, a 1,68% sobre las ventas brutas netas de IVA.
En esta segunda edición de la sección especial Opinión Calificada, una de las preguntas centrales fue cómo impacta IIBB en cada sector empresarial. Las respuestas coincidieron en que la “mochila fiscal” es muy pesada, lo que resta competitividad a los diferentes sectores. “Alientan la inversión en otras provincias”; “disminuyen la rentabilidad”; “impactan en forma desigual en los sectores”; “frenan los procesos de inversión y evolución de las empresas”, son todas frases que se repiten cuando se le consulta al empresariado local.
Queda esperar la respuesta oficial, una vez tratado el reclamo en la Legislatura, para ver si al menos se encuentra una postura intermedia, coherente con las necesidades de ambos sectores: el público y el privado.
