ESCUCHARPor Ariadna Dacil Lanza
Algunos analistas consideraron que la toma, en Brasilia, de las sedes del Gobierno, del Congreso Nacional y del Supremo Tribunal Federal (STF) por cientos de seguidores de Jair Bolsonaro tuvo a éste como “principal instigador”, por lo que tendrá que responder frente a la justicia. Mientras tanto, los expertos destacaron que en Brasil se abrió un período de desafíos para el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, quien recibió respaldos significativos pero afrontará el mandato más difícil desde la redemocratización.
El ex presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia de Brasil, Marcelo Semer, aseguró que Bolsonaro «puede y debe ser considerado responsable» de los ataques del domingo.
«No cabe duda de que fue el principal instigador del rechazo de los resultados de las urnas. Guardó silencio cuando tenía la obligación de hablar -reconocer la derrota y criticar la violencia de los primeros días- y dijo que las manifestaciones eran justas”, afirmó.
El ex juez, autor del libro Las paradojas de la justicia, señaló además que hay fuertes indicios de que Bolsonaro ha influido sobre los líderes de los movimientos terroristas, incluso desde Estados Unidos, adonde se marchó antes de terminar el mandato.
Para Semer, si bien hay una “laguna” en la tipificación del terrorismo político, esos delitos contra las instituciones democráticas que se derivan de la derogación, en 2021, de la Ley de Seguridad Nacional de la dictadura (1964-1985), son “suficientemente graves”.
Las responsabilidades de las fuerzas de seguridad, principalmente de la Policía Militar, que depende de los Estados -en este caso de Brasilia-, también son parte de las investigaciones. Al respecto, Lula pidió “condenas ejemplificadoras” al decretar la intervención federal de las fuerzas públicas en el Distrito Federal.
Además de las normas punitorias, surge la pregunta acerca de otras herramientas para combatir estas expresiones y sobre la continuidad de estos grupos extremistas.
Para la periodista y escritora Michele Prado, los actos violentos fueron parte del “terrorismo interno de extrema derecha” y esto presenta desafíos al nuevo gobierno, pese a haber recibido apoyos de casi todo el arco político nacional e internacional.
“Será el mandato más difícil desde la redemocratización porque, además de la destrucción causada por Bolsonaro, la extrema derecha y la derecha radical se han establecido en la sociedad y en las cámaras legislativas”, destacó.
En el Congreso, el desafío de Lula será neutralizar la mayoría del Partido Liberal, que llevó a Bolsonaro como candidato, y seguir negociando con los sectores del Centrão, el bloque de partidos políticos que no poseen una orientación ideológica definida y que cambia apoyos parlamentarios por cargos y presupuesto.
“La extrema derecha tiene la mayor representación de toda la historia democrática del país y seguirá invirtiendo no sólo en la radicalización de la sociedad y la movilización extremista sino también en el retroceso de los derechos civiles mediante las políticas públicas”, describió Prado.
Para la especialista, estos sectores dificultarán al máximo la labor del nuevo gobierno por medio de “métodos ya conocidos de la alt-right” (acoso online, desinformación trolling) y también los “artilugios legales” que les darán los mandatos.
Ayer, un grupo de legisladores brasileños comenzó a recabar apoyos para crear una comisión parlamentaria que investigue la eventual responsabilidad e implicación del ex presidente en el ataque golpista.
En Estados Unidos, luego de la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021, también se abrieron instancias similares. Sin embargo, parte del Partido Republicano continuó insistiendo en una narrativa de fraude electoral.
“El bolsonarismo, igual que el trumpismo, termina dividiendo aguas internamente por la acción de los sectores más radicalizados. Luego ocurren problemas como el de la elección del líder de la bancada republicana, en la que hay minorías que condicionan el conjunto”, comparó el consultor político argentino Carlos Fara.
“Está claro que el bolsonarismo tiene su potencia y puede movilizar gente. En algún momento, cuando haya aumentos en los precios del transporte o de energía, Lula sabe que tiene una cierta capacidad de movilización en contra”, evaluó Fara.
En ese sentido, no son ajenas las tensiones al interior del bolsonarismo que exceden a la capacidad de control del ex capitán del Ejército quien, para algunos de sus miembros, los decepcionó al no tomar una actitud de liderazgo para pedir la intervención militar.
Para Prado, especialista en fenómenos de extremismo y radicalización en Brasil, hay grupos de derecha y facciones de extrema derecha que terminaron rompiendo con el bolsonarismo durante la pandemia, que se reagruparán en oposición al gobierno de Lula.
En las plataformas digitales “la radicalización sigue en marcha”, afirmó. Sobre todo a partir de influencers digitales y debido a que la extrema derecha dispone ahora de una red alternativa con un alcance que muchas veces supera la audiencia de la prensa tradicional.
En tanto, Semer dijo que la reparación del daño causado puede implicar también el silenciamiento de los emisores de fake news (perfiles en redes sociales, licencias de TV y radio); pérdida de cargos públicos de quienes fueron omisos o conniventes; inelegibilidad de políticos que hayan atentado contra el Estado democrático, entre otros.
“Ahora viene el trabajo más difícil de reconstruir Brasil y volver a coser el tejido social desgarrado por la extrema derecha, por el bolsonarismo”, dijo Prado.
Fara consideró el contexto que vive el país vecino: “El viejo Brasil de la negociación y la componenda tradicional no es el actual, éste es un Brasil más dividido, más tensionado”.
La narrativa religiosa también es uno de los atributos de los bolsonaristas.
“La religión ocupa un papel central en la movilización frente a los cuarteles, en la justificación del movimiento y en la constitución de la actuación del grupo. Entre sus miembros hay presencia de diferentes creencias, principalmente católicos, espiritistas, y evangélicos”, explicó el politólogo Vinícius do Valle, de la Universidad de San Pablo (USP).
El director del Observatorio Evangélico aclaró que se trata de versiones ultraconservadoras de esas creencias, que no tienen demasiado respaldo entre líderes o denominaciones formales.
Sobran las expresiones de apoyo de líderes religiosos de apoyo a Bolsonaro durante su gobierno y en la campaña, pero estos no se involucraron abiertamente en las protestas.
“No creo que ninguna iglesia sufra consecuencias porque no apoyaron formalmente a los manifestantes. Sin embargo, es posible que los pastores de iglesias pequeñas sean castigados. Hoy, actuando entre los manifestantes sólo hay pequeños pastores”, sostuvo Do Valle.
“Varios líderes de grandes confesiones se pronunciaron en contra de los actos del domingo. En la iglesia Católica, la Confederación Nacional de Obispos de Brasil (CNBB, por sus siglas en portugués) fue muy clara en su condena. Entre los evangélicos hay dos posturas: unos más categóricos, en contra de los golpistas, y otros que dicen ‘entender la revuelta’ pero condenan el ‘vandalismo’. Cabe esperar de los dirigentes estas declaraciones y nada más rotundo”, concluyó.
Ataque a los tres poderes
El presidente Lula y los líderes del Congreso y del STF condenaron en una declaración conjunta «los actos terroristas» ocurridos en Brasilia.
«Los poderes de la República, defensores de la democracia y de la Carta Constitucional de 1988, rechazan los actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas sucedidos en Brasilia», indicaron en una carta común que Lula publicó en su cuenta de Twitter.
Por su parte, la Policía Federal anticipó que acusará a alrededor de mil manifestantes que tomaron los edificios de los tres poderes.
En paralelo, el STF apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por 90 días, hasta que se aclaren los sucesos de ayer.
La medida fue adoptada por el juez del STF Alexandre de Moraes -también presidente del Superior Tribunal Electoral-, quien respondió a un reclamo de parte de aliados de Lula, basado en que «la escalada violenta» contra la sede de los tres poderes sólo podía ocurrir con la anuencia, y hasta «la participación efectiva» de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.
De esta forma, Moraes señaló directamente a Rocha, quien horas antes había pedido «disculpas» a Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos en la capital brasileña.
Mientras continuaban los incidentes, Rocha anunció en redes sociales la destitución de su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien se encuentra en EEUU. Torres fue ministro de Justicia en los dos últimos años del gobierno de Bolsonaro (2019-2022), una figura muy cercana del ahora ex presidente.
Por su parte, la Procuración General de la República informó que se abrió una investigación para aclarar la eventual omisión del alto comando de la Policía Militar (PM) del Distrito Federal, que «posibilitó o facilitó» la invasión y depredación de las sedes de los tres poderes.
Es posible que la investigación analice la conducta del comandante de la PM, coronel Fábio Augusto Vieira, y del resto de autoridades involucradas, recogió la agencia de noticias Sputnik.
En diversos videos de los asaltos se puede apreciar cómo algunos agentes de la PM conversan amistosamente con los manifestantes o incluso los escoltan para llegar desde el campamento golpista montado frente al Cuartel General del Ejército hasta la plaza de los Tres Poderes, un camino de siete kilómetros en los que los manifestantes circularon sin interrupción.
