Por Patricia Coppola*
A pesar de que nuestro sistema judicial está viciado, existen herramientas para revertir la situación. Que el Consejo de la Magistratura se decida a salir del estado de parálisis resulta clave para oxigenar al Poder Judicial.
Brevísimo sumario de la realidad:
Facciones judiciales negociando con partidos políticos. Abogados que responden a partidos políticos. Partidos políticos que trasladan sus disputas al campo judicial. Cientos de vacantes cubiertas por interinos buscando confirmación. Una corte que realiza una administración inconstitucional de los recursos económicos. Irrelevancia de la Escuela Judicial. Interminables demoras en la tramitación de los concursos de selección de jueces y juezas. La Corte Suprema atrapada en el número de miembros del Consejo de la Magistratura, aunque sea una parte menor del problema. Un sistema intrincado de parámetros para las evaluaciones.
¿Por qué tanto interés por ocupar cargos en el Consejo de la Magistratura? Claramente, para formar parte del tráfico de influencias alrededor del nombramiento de los magistrados. ¿Acaso es hora de resignarnos y afirmar que la tan mentada independencia judicial es una proclama de algunos idealistas ingenuos a quienes todavía les simpatiza la Constitución?
Felizmente, este estado de cosas no responde a un fenómeno natural y, por lo tanto, puede revertirse. Como afirma Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), contamos con dos instrumentos que podrían aportar a la transformación de la realidad. Por un lado, los proyectos de ley que superan el mero conteo de miembros por el que tanto se preocupa la Corte. Por otro lado, el proyecto de reglamento presentado por un grupo de consejeros que promueve un cambio radical al actual sistema de selección de jueces y juezas. El sistema de selección actual es responsable, sin dudas, de muchas de las calamidades de nuestro sistema de justicia y, por cierto, atenta contra la independencia judicial que debería ser defendida por cualquiera que levante la bandera de una república democrática.
El proyecto de reglamento, básicamente, empuja al consejo a que se preocupe de lo que debería: asegurar la calidad de los candidatos y candidatas que forman la terna vinculante que se presenta para acuerdo del Senado y que finaliza con la designación por el Presidente de la Nación. El reglamento presentado va “al hueso”, no se trata de reparar algunos errores de funcionamiento o cuestiones de detalle (que siempre habrá que ajustar) y evita que haya que esperar que por arte de magia algún miembro bien intencionado encauce la cuestión.
Brevísimo sumario de las propuestas de cambio
Existencia de un mecanismo de selección previo y general para que se anoten aquellas personas que superen un estándar mínimo y exigente de preparación jurídica.
Realización de una batería de exámenes más profundos, que permita seleccionar a quienes tienen una adecuada comprensión del sistema normativo y, en especial, de sus bases constitucionales.
Realización de una segunda tanda de exámenes para probar la idoneidad particular para el cargo vacante, según especialidades y fueros, entre otros factores.
Elaboración de una lista corta con base en los nuevos exámenes, que será puesta a disposición del consejo para que elabore las ternas legales.
Objetivación de las evaluaciones mediante parámetros estrictos, sin caer en una falsa matemática al servicio de la arbitrariedad, tal como lo hace el actual reglamento, prácticamente ilegible.
Simplificación del sistema de impugnaciones.
Posibilitar el llamado a concursos generales en distintos lugares del país.
Tribunales examinadores transparentes y profesionales.
Regulación de acciones afirmativas para asegurar la paridad de género.
Garantizar el acceso igualitario a abogadas y abogados que ejercen libremente la profesión, y de los sectores académicos.
Actualmente, resulta paradójico que si alguien intenta ser un juez o jueza independiente, debe enfrentarse con las «trenzas» del Consejo de la Magistratura. Por vía reglamentaria, existe en este momento la posibilidad de rediseñar el sistema de selección de jueces federales. El proyecto constituye una clara señal de buscar la “oxigenación” del Poder Judicial, el cual fue entregado por el gobierno menemista a las corporaciones, para favorecer sus espurias negociaciones.
(*) Abogada. Integrante de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip)
