ESCUCHARPor Salvador Treber
El habitual nivel de ocupación se redujo, especialmente en el ejercicio 2018, y por el momento no se advierten señales concretas de recuperación, lo cual hace suponer que ello probablemente se postergue hasta 2020.
El tono pesimista y vacilante de los analistas sobre las eventuales perspectivas de recuperación es evidente. Son cada vez menos los que, frente a bajas generalizadas, postergan su presunción sobre los primeros atisbos de reversión al año 2020, a partir del segundo trimestre en adelante. Es obvio que las autoridades federales pretenden adelantar dicha recuperación debido a la incidencia que esa situación puede tener en los resultados electorales de octubre y noviembre próximos. Cabe advertir que sólo en cuatro jurisdicciones logró crecer la ocupación. Son las provincias de Entre Ríos, Mendoza, Neuquén y Jujuy, donde lo hicieron respectivamente en 0,2%, 0,4%, 5,9% y 2,1%.
Hay coincidencia en sostener que el año en curso no será notoriamente mejor que el precedente y sólo los especialistas más optimistas aventuran la posibilidad de que se inicie efectivamente la recuperación en el transcurso del segundo semestre de este año, pues suponen que podría comenzar con los “buenos vientos” que soplarían desde el interior del país hacia el área del río de La Plata, beneficiando al área del Gran Buenos Aires. Pero esa hipótesis no es la adoptada por la mayoría ni la que sostienen los expertos más calificados.
Además es decisiva la evolución del empleo público pese a la vigencia de la ley de responsabilidad fiscal con que se pretende congelar las plazas; circunscribiendo las incorporaciones exclusivamente para atender los servicios más estratégicos como son Seguridad, Salud y Educación. Durante el ejercicio 2015 fueron dichos sectores donde se generaron nuevos puestos, equivalentes a un acrecimiento de 5,1% en la jurisdicción nacional; 3,8% en el conjunto de provincias y 4,5% en el de los municipios. Obviamente, la evolución desde el ejercicio 2016 en adelante, tanto en la jurisdicción nacional como en las provincias que sus gobernantes, al cambiar su color político, despidieron y repusieron con creces en todas las funciones y puestos incorporando simpatizantes propios. Sin aportar datos precisos las autoridades admitieron que en los ámbitos locales (provincias y municipios) ha habido en el trienio 2015/18 un incremento neto del personal equivalente a 3,8% de la planta existente a fines de 2016; mientras en la nacional se operó una baja neta de -1,8%.
La destrucción de empleo privado durante el trienio 2016/18 tuvo en la provincia de Tierra del Fuego la máxima caída con un índice de -17,4%, seguida de Formosa (-14%) y Santa Cruz (-13,7%); pese a que están ubicadas en los extremos sur y norte del país demuestra que se trata de un problema generalizado. Algo menos intenso es el caso de las provincias que le siguen en esa condición porque ellas son Catamarca (-9,2%), Chubut (-7,2%) y Misiones (-6,7%); con lo cual se ratifica que esta situación se expresa en todas las latitudes de nuestro país, aunque con diversa graduación.
Hay ciertos sectores, como los vinculados a la actividad exportadora, agropecuaria, extracción y elaboración de combustibles así como de minería en general fueron, los menos afectados e incluso han incorporado nuevo personal; aunque no son áreas muy intensivas en mano de obra. Se espera que el transporte recupere totalmente su nivel en los próximos meses; pero las actividades comerciales e industriales seguirán en condiciones críticas y estiman que la posterior reactivación también será muy lenta. Lo grave es que las actividades que requieren más personal son las que están sufriendo las mayores dificultades en el mercado, es el caso de la construcción, que ha sido habitualmente la más dinámica, pero actualmente es una de las más afectadas además las perspectivas futuras tampoco son favorables.
Expectativas y realidades
Las diversas opiniones y expectativas para este año no son optimistas. En general, surgen datos todavía marcadamente negativos y son muchos más numerosos los empleadores que anuncian nuevos recortes del personal. Esa situación se reitera en forma generalizada en todo el territorio, salvo dos regiones que operan como virtuales “islas”, la Patagonia y Cuyo.
Se explican y fundan tales excepciones en cuanto la tendencia positiva que existe en ellas en materia de mantenimiento e incremento de personal especialmente por la ejecución de proyectos en materia petrolífera y vitivinícola respectivamente. Por contraste, la zona más afectada y que demorará en alcanzar nuevamente su normalización es la del Gran Buenos Aires, que hasta el ejercicio 2015 inclusive aparecía como la más dinámica y en la actualidad es virtualmente nula la acostumbrada búsqueda de personal formado y técnico con experiencia probada. En el área de la ciudad de Buenos Aires el bajo ritmo de 2018 se viene extendiendo en el presente ejercicio sin que se advierta en lo inmediato cambios de alguna significación.
Resulta paradójico que con semejante cuadro de situación sigan siendo insuficientes los profesionales, técnicos y hasta personal de línea que sea apto para incorporarse sin requerir un intenso proceso previo de formación y adaptación. El cuadro antes detallado puede extenderse y, en tal caso es muy probable que esta carencia de personal debidamente entrenado se agudice porque la negativa situación general quitan incentivo a los jóvenes que por, el momento deben continuar su formación pues no son pocos los que abandonan ese proceso anticipadamente. Esto se verifica no sólo en nuestro país sino que también se ha generalizado a nivel ecuménico. Son pocos los analistas que se aventuran a sostener que habrá en los próximos meses una reversión de dicha tendencia. En las 20 jurisdicciones donde la caída en la ocupación gravita en diversa pero generalizada forma, analizado todo dicho colectivo de jurisdicciones locales, y ubicados de mayor a menor por cantidad de trabajadores registrados, surge en primer lugar, con ribetes muy preocupantes, lo que sucede en la Provincia de Buenos Aires pues ella contiene al 38,2% de la población nacional y, pese a que el índice de desocupación es inferior, el número de despedidos supera largamente a todos los de las otras jurisdicciones consideradas.
La situación por jurisdicción durante 2018
Los que corresponden sólo al año 2018 implican en dicha provincia una baja de 2,46% en su población económicamente activa; o sea 47 mil trabajadores en relación de dependencia perdieron su puesto y, obviamente, todavía se mantienen en esa grave condición de desocupados. En segundo término de este lamentable cuadro de situación se verifica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) donde en idéntico lapso quedaron sin trabajo 23.800 de sus 1.533.000 trabajadores activos, lo cual representa una caída de 1,7% respecto al total del colectivo local.
Después de ellas, aparece la provincia de Córdoba con 10 mil nuevos desocupados, 1,9% de los 509.500 que en ella trabajan con debidos registros legales; le sigue la provincia vecina de Santa Fe en cuarto término que evaluó en 8.500 los nuevos desocupados que implican -1,7% de 505.100 del total ocupado al inicio de 2018. A continuación surge la provincia de Tucumán, en la cual hubo 2.600 de despidos que equivalen a 2,1% de su población económicamente activa ocupada registrada; o sea respecto a los 164.800 que figuraron como tales.
En cuanto a la franja intermedia de provincias que, en mayor o menor medida presenta dicha problemática, la de Salta es una de las menos afectadas pues en ella se han sumado en el ejercicio 2018 como en tal situación el equivale a 0,1% de sus 119.500 trabajadores inscriptos legalmente y que estaban en actividad a fines de 2017. Les sigue, con datos algo controvertidos, la Provincia de Chubut en la cual los despidos llegaron al 2,5% de su colectivo de 94.400 de empleados en relación de dependencia. Luego se alinean en ese orden las provincias de San Juan y Corrientes donde los desocupados durante el año pasado llegaron, respectivamente, a 1,6% de una población económicamente activa de 94.400 y 0,1% sobre 80.400 de ocupados.
A continuación, se encuentra Chaco, que en cuanto al índice de desocupados exhibió un índice de 6,5% (5.200 de despidos) con un total de ocupados que sumaba 73.500 y Santa Cruz respecto al colectivo respectivo de 55.900, los despidos fueron de 1,7%. Dentro de este grupo de provincias, por último se ubica la litoraleña de Corrientes que sufrió una mínima disminución de sólo 0,1% sobre su total de personal ocupado que era entonces de 80.400.
Las jurisdicciones que cierran el referido cuadro elaborado, escalonadas según el número de su personal en relación de dependencia son siete. En primer término, Santiago del Estero que sobre 52.800 que constituyen los trabajadores registrados, los despidos equivalen a 1,9%. Le sigue la provincia de San Luis que sufrió una merma de 3.2100 (-5,8%) en el colectivo de 52.500 de ocupados.
Siguen a ellas La Pampa, con 37.300 de trabajadores en relación de dependencia y los despedidos equivalen a 1,4% de ellos. Luego se ubica la más austral provincia de Tierra del Fuego con 35.600 de trabajadores activos y con 2.500 de despedidos que equivalen a 6,6%. A continuación está Catamarca, con un personal de 29.900 y despidos que abarcaron al muy alarmante índice de 9,2%. La Rioja aparece con un personal de 27.700 y 5,1% de despedidos que son 1.900 de personas. En el último lugar se encuentra la provincia de Formosa que tenía a fines de 2018 una población activa ocupada de 24.900, la más bajas de las 24 jurisdicciones locales, y los despidos en ella fueron de 1.900 que equivalen a 6,9% de ese colectivo. Debe subrayarse que estas jurisdicciones están al norte, centro y sur del país, con lo que se verifica que el problema no obedece a sus respectivas ubicaciones geográficas sino que está generalizado.
