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Varias de nuestras columnas han sido dedicadas al problema suscitado durante la pandemia del covid-19 entre el respeto por los derechos individuales y la decisión (impulsada por la necesidad sanitaria) de establecer una cuarentena. Desde un principio sostuvimos que la dicotomía salud vs. demás derechos, incluida el del acceso a la salud misma, era falsa. Que, como pasa cuando colisionan derechos, es necesario hacer una debida ponderación de ellos y determinar el alcance de la medida en función de su proporcionalidad y racionalidad.
Esto no nos pone del lado de ninguna de la otra absurda dicotomía que se planteó entre anticuarentena y procuarentena. Por el contrario, nos ubica en una posición en la que se debe cuidar el no contagio del covid-19 mediante las medidas adecuadas para ello, respetando en lo máximo posible los demás derechos básicos. Asumimos esta postura porque entendemos que defender cualquiera de aquellos extremos de manera absoluta, iba a llevar a resultados peligrosos desde el punto de vista que se los mirara: moral, jurídico y, fundamentalmente, humano.
Es prácticamente indiscutible que los derechos no pueden ser ejercidos durante una pandemia como en tiempos normales. Pero aun en los momentos más críticos, no puede escapar a ninguna decisión tener que respetar lo que se llama «test de racionalidad» que, para decirlo en términos llanos, es que sea lógico, fruto del sentido común.
No siempre es así. Por desconocimiento, por ser superados por la situación o, también, por un ejercicio terco o gélido del poder, en diversas partes del mundo se han tomado decisiones reñidas con el sentido común que han afectado derechos humanos básicos.
Diferentes decisiones así lo prueban. Por citar solo un par, el Tribunal Superior Administrativo de Renania del Norte-Westfalia (Alemania), debido a restricciones generales que se impusieron por un rebrote originado en una empresa frigorífica, determinó que ese Estado tendría que haber dictado una normativa diferenciada en relación con la aplicación de tales restricciones, entendiendo que la medida «ya no es compatible con los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato». Igualmente, un tribunal de Pretoria (Sudáfrica) declaró inconstitucionales las restricciones impuestas por coronavirus, por entender que muchas de ellas «no obedecen a principios de racionalidad». Puso como ejemplo que «no está permitido que se pueda acompañar los últimos momentos de un familiar que sufre una enfermedad terminal, pero sí se permite acudir a un máximo de 50 personas a su funeral».
Decimos todo esto porque durante la semana pasada nos dimos con la noticia del fallecimiento de Solange, la joven de Alta Gracia que padecía cáncer, que murió sin poder ver a su padre. Éste, habiendo viajado desde Neuquén para acompañarla en su enfermedad, fue devuelto desde los límites de Córdoba a su punto de origen por ser sospechoso de covid-19, hecho que fue descartado luego de que se le hizo el correspondiente hisopado.
Sin entrar en mayores detalles, ésta fue la mayor -pero no la única- afectación de sus derechos y de su dignidad, ya que, según lo difundido, al padre de la joven, además de no dejarlo entrar a la provincia, fue escoltado por la policía hasta su punto de origen, tuvo que manejar 10 horas sin poder descansar y se le impidió a la tía de Solange (quien padece una invalidez) ir a un baño en condiciones adecuadas.
Se trata de un caso de enorme gravedad, pero no es el único. Rápidamente recordamos otros. Por ejemplo, el de una señora de Villa Carlos Paz quien falleció sin que su hija pudiera verla, habiendo resuelto favorablemente la Justicia un amparo interpuesto por esta última. Tal resolución llegó luego de que su madre falleció. Podemos mencionar también la cantidad de casos en los que un número considerable de personas quienes, al entrar a distintas provincias, se les ha quitado el vehículo y hasta se los ha encerrado para que hagan cuarentena en condiciones poco humanas.
No estamos en contra de que se tomen medidas destinadas a la no propagación del covid-19. Por el contrario, creemos que son necesarias. Sin embargo, éstas deben ser adecuadas y racionales al momento de limitar derechos constitucionales. Así es como debe ser en un Estado de derecho. Si ello no ocurre, estamos muy cerca de volver a muy tristes pasados. Limitar la libertad es, sin lugar a dudas, una tentación muy grande para algunos «poderosos de ocasión». Frente a ello, no queda alternativa que recordar las palabras con las que Solange se expresó días antes de fallecer. «Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona». Una frase que debería llamar, a muchos, a una muy meditada reflexión.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
