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Se abrió el debate para bajar la edad de imputabilidad. La opinión de la gente. Según un sondeo realizado por Estudio Criminal, “educación y apoyo social” son las mejores formas para luchar contra la delincuencia juvenil.
El debate para bajar la edad de imputabilidad sigue en alza y se suman más apoyos a favor del cambio luego de que un chico de 15 años asesinó durante un asalto a un hombre delante de su hijo, en Buenos Aires.
Entre las múltiples voces a favor y en contra que se escucharon, se sumó -nada más ni nada menos- que la de la presidenta Cristina Fernández, quien por primera vez abrió la posibilidad de que se baje la edad imputabilidad.
En la actualidad, está en manos de la Cámara de Diputados un proyecto con media sanción del Senado que contempla como penalmente responsables a las personas de 14 ó 15 años que cometan un delito doloso con pena mínima de tres años, y a los de 16 ó 17 años que cometan delitos con pena mínima de dos años.
El proyecto de reforma de la ley penal juvenil logró media sanción en septiembre de 2009 y debe ser debatido dentro de los dos años, lo que da poco margen al debate si Senadores pretende finalmente aprobar cambios en la legislación de menores.
Las causas de la delincuencia juvenil son múltiples y aunque la mayoría coincide en identificar sus orígenes, el debate crece cuando se trata de encontrar soluciones a un problema que a todas luces es complejo.
Causas y efectos
“Contra la delincuencia juvenil, mejor es más educación e inclusión social que endurecer las penas o bajar la edad de imputabilidad”. Ésa es la solución que eligieron tres de cada cuatro vecinos porteños como la más efectiva contra esta problemática. Así surge de una encuesta de 240 casos realizada por Estudio Criminal, un equipo multidisciplinario integrado por abogados, criminalistas, médicos forenses, psicólogos y sociólogos, en abril del año pasado, junto con la Fundación TEA (Trabajo – Educación – Ambiente), a la que accedió Comercio y Justicia..
En tres puntos hubo prácticamente unanimidad y tienen que ver con el origen de la delincuencia juvenil: 96,7% de los consultados cree que el número de delitos cometidos por menores ha aumentado en estos últimos años; 91,7% considera que hay relación entre la delincuencia y la educación ausente, y 93,3% sostiene que existe vinculación de causa-efecto entre la delincuencia y un entorno social y familiar erosionado.
Las diferencias de opinión varían en cuanto a las formas en que se puede remediar el problema. De los encuestados, 46,9% consideró que mejorar la educación es la medida más efectiva para detener la delincuencia juvenil, mientras que 26,7% estimó que más contribuye en ese sentido mejorar el entorno social y familiar de los adolescentes en riesgo de caer en situaciones delictivas. Sumaron, pues, 73,6 por ciento de la consulta.
En oposición, 11,7%de los participantes respondieron que es necesario endurecer las penas para poner freno al delito juvenil, en tanto que 14,7% estimó que lo más eficaz sería bajar la edad de imputabilidad, cuyo piso es hoy de 16 años.
La abogada penalista y criminóloga Marta Pellón Pérez, responsable del trabajo, consideró que, curiosamente, 5% de quienes respondieron que la medida más efectiva es bajar la edad de imputabilidad manifestó que eso “es una solución de corto plazo, que conlleva trabajar en la educación para solucionar la situación en el largo plazo”; mientras que 16% de los que respondieron que hay que mejorar la educación manifestaron que “no es viable lograr alejar a los jóvenes del delito sin el acompañamiento del entorno social”. Veinte por ciento mencionó que las medidas óptimas comprenden “una mezcla de las cuatro opciones”.
“Podemos afirmar que las medidas penales duras fracasan, en primer lugar, porque tratan indiscriminadamente todas las formas de criminalidad y, en segundo, porque la «mano dura» se concentra sobre los síntomas, sobre el hecho criminal per se y no profundiza en las causas, por lo que tampoco puede solucionar los problemas de base. Es necesario formular un plan estratégico y articular la colaboración entre el Estado y las ONG”, concluyó Pellón Pérez en su informe.
