“La agricultura argentina necesita que no se la discrimine”

Rinaldo Colomé, investigador premiado por la Asociación Argentina de Economía Agraria

Un grupo de investigadores del Instituto de Economía y Finanzas (IEF) de la Universidad Nacional de Córdoba acaba de recibir el primer premio que otorga la Asociación Argentina de Economía Agraria (AAEA) al mejor de los trabajos científicos y académicos 2010. Se trata del equipo de Rinaldo Colomé, director de la investigación y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas; Darío Freitag y Germán Fusta, ayudante de Investigación y adscripto, respectivamente, quienes fueron galardonados con la máxima distinción por la realización del trabajo titulado «Tipo de cambio real y tasas de `protección´ a la Agricultura Argentina en el periodo 1930-1959».

Luego de la distinción recibida de esta organización que fomenta el desarrollo científico de la economía agraria, promoviendo la investigación, enseñanza y extensión de la especialidad, Colomé trazó para Comercio y Justicia una mirada proyectiva del tema, apoyada en los antecedentes y análisis que derivaron de la investigación.

– Tras los resultados del estudio, ¿qué conclusiones saca sobre la fluctuación de posturas que van desde las retenciones al campo hasta la protección de la agricultura en el país?
– Salvo en el año 1934, en que las tasas de protección fueron levemente positivas, siempre fueron negativas -y en algunos años fuertemente negativas- en todo el período 1933-2005, por lo que plantearlo de esta manera es una falsa disyuntiva. La agricultura argentina, a diferencia de la de los países altamente desarrollados, especialmente los de la Unión Europea, no necesita protección, subsidios, pues es altamente eficiente; lo que necesita es que no se la discrimine.

– ¿Qué antecedentes en la historia del sector pueden rescatarse hoy como «nortes» a mantener o resignificar? En materia de políticas agrarias, ¿de qué errores se debe aprender para no volver a cometerlos?
-La más ineficiente de todas la políticas son llamadas “retenciones”, técnicamente, un arancel a la exportación que causa una baja automática del precio de los productos alcanzados por ellas en el porcentaje establecido. Desde el punto de vista de la economía en general, es el impuesto más ineficiente por sus efectos de distorsión en los precios y de baja en la producción.

Pero el peor de los efectos de las retenciones es hacia los pequeños y medianos agricultores, pues en la agricultura actual se generan “economías de escala”; es decir, a mayor escala productiva, menores costos.

Entonces, mientras los grandes productores -sobre todo los llamados “fideicomisos” o los “pool de siembra”- obtienen por lo general (salvo años excepcionales en que se generan pérdidas, por sequías, principalmente) beneficios altos, los pequeños agricultores apenas sobreviven y, finalmente, deciden abandonar la agricultura y arrendar (los que son propietarios) sus pequeños campos a los grandes productores. Mientras, los arrendatarios –debido a los altos precios de los arrendamientos que determina el mercado- se ven expulsados y pasan a engrosar las filas de los prestadores de servicios –en muchos casos ineficientes- y los más pobres pauperizándose en los cordones suburbanos de las grandes ciudades.

La “segmentación” de las retenciones (hay un proyecto de ley en el Congreso de la Nación) es una mala solución pues no arregla la distorsión en precios y producción e implica que hay que devolver con subsidios los importes retenidos a los pequeños agricultores, en un proceso ineficiente desde el punto de vista económico y generador de corrupción.

Impuesto a las Ganancias
La solución, para no desfinanciar al Gobierno -que con las retenciones recauda automáticamente-, es eliminar las retenciones -en un proceso lento, para que las distorsiones en los precios relativos se vayan eliminando sin saltos, y se vayan reasignando los factores de la producción- sin tener que inventar o reinventar ningún nuevo impuesto; simplemente aplicando el impuesto a las Ganancias.

Los grandes productores pagarán la tasa de 35 por ciento sobre las utilidades, no sobre los ingresos, como es hoy, y los pequeños pagarán tasas muy inferiores o no pagarán impuesto a las Ganancias; en buena hora si pagan.

Si se quiere ser más progresista, se podría aplicar un impuesto a los “beneficios extraordinarios”, como hubo en alguna época; en este caso sería conveniente bajar la tasa general de 35 por ciento que se aplica indiscriminadamente a toda sociedad de responsabilidad limitada (SRL) o sociedad anónima (SA).

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