Falsas cuestiones de género

Desde hace largo tiempo, quienes transitamos por la zona de Tribunales II vemos instalada en la calle Artigas una cantidad de carpas, junto con carteles y pancartas, firmadas por hombres (padres, parejas, etcétera) que piden que se dé respuesta a sus reclamos, todos relacionados con falsas denuncias formuladas en su contra en los que se los acusa, entre otras cosas, de ser autores de violencia de género y de delitos contra la integridad sexual; además instan a que se les permita el contacto con sus hijos. 

Lo que se puede ver es que, independientemente de su origen, todos revisten idéntica causa y dirección: reclamar en contra de una práctica que, lamentablemente, existe, por la cual, algunas mujeres formulan falsas denuncias en contra de sus parejas o ex parejas, con la intención de obtener alguna ventaja judicial en los pleitos que mantienen contra ellos o por simples motivos de revancha.

Particularmente, no deja de sorprendernos el tiempo que lleva la protesta y la falta de trascendencia pública a su respecto. Decimos esto porque entendemos que, como todo reclamo de ciudadanos, debe ser atendido, por aquello de que el derecho de peticionar a las autoridades entraña como natural contrapartida el deber de respuesta de los poderes públicos. Sea, en caso de que la razón esté de su lado, para obtener una resolución favorable o para ser rechazado, si es equivocado o malicioso. Justamente, hablando con algunos de sus actores, nos comentaban que entendían justo su pedido y que esperaban ser atendidos; no obstante, “sabían que estaban del lado político incorrecto, dado que al ser hombres y padres sentían que eso era tomado como una prueba en su contra”.

Lamentablemente, no son pocos los casos en que las mujeres, muchas veces mal asesoradas, formulan acusaciones falsas para obtener algún beneficio legal. Estos comportamientos traen aparejada una serie de problemas que no se agotan en la afectación de los derechos de los padres. Además, multiplican injustificadamente las causas que deben atender nuestros atiborrados tribunales y, lo que es peor aún, debilitan y perjudican el justo reclamo de las mujeres que en muchísimos casos se ven, junto con sus hijos, afectadas por el accionar delictivo de sus parejas.

Precisamente con relación a lo que decimos, el Observatorio de Falsas Denuncias que trabaja bajo la órbita de la fundación “Ayudar y Crecer” difundío un informe estadístico sobre las falsas denuncias judiciales. Se trata érste de un universo que tiene una conformación particular: “La mayor cantidad de falsas denuncias se hacen en el contexto de violencia de género, seguidas por falsas acusaciones de abuso sexual infantil y obstrucción del contacto entre padres e hijos. A estos se suman falsas denuncias de violación, violencia doméstica e intrafamiliar, denuncias falsas por violencia, escraches en redes sociales y medios, y acoso sexual”.

En función de los datos publicados hacen “(…) un llamado a la sociedad, a las instituciones jurídicas y políticas, a poner en práctica medidas urgentes y efectivas que frenen esta problemática. Es crucial que las verdaderas víctimas reciban la protección y justicia que merecen y que los inocentes sean resguardados de las consecuencias devastadoras de las falsas denuncias”. Debe decirse que entre las víctimas incluyen a los niños, quienes en no pocos casos se ven involucrados en una irracional disputa entre sus progenitores y -tal como indica la directora del observatorio, Patricia Anzoátegui- se convierten en “huérfanos de padres vivos”. 

Como reiteradamente hemos sostenido en esta columna, el sistema debe cualificarse para cuidar a las verdaderas víctimas, protegerlas y brindarles todas las seguridades que requieren, castigando debidamente al victimario. Es que el maltrato contra mujeres y niños, su abandono, la violencia ejercida en su contra y cualquier otro tipo de daño o perjuicio a los que se los someta son inaceptables e intolerables. Sin embargo, flexibilizar el concepto, dando el beneficio de la credibilidad a cualquier situación que se exprese, sólo lleva a diluir los recursos limitados, y a atiborrarse de procesos, a los que por lo general se da a un trámite sólo formal de medidas dictadas y mantenidas “por las dudas” que, como se ha visto, no se traducen en resguardo concretos para quienes sí se hallan en situaciones riesgo. 

Conocemos por tristes experiencias que, frente a las amenazas reales de daño, la rutina de medidas de prohibición de contacto no resulta suficiente para conjurar el peligro. Por algo, luego de todos los juzgados creados, con todas las medidas dictadas casi de forma automática frente a cualquier denuncia, los casos de violencia en las relaciones de pareja siguen siendo una triste realidad. Además, se invisibilizan otras realidades de abuso más complejos y mucho más terribles, como sucedió en el caso Lucio. 

Por lo tanto, en honor a ellos es que se debe luchar contra todas estas calamidades. Una lucha que implica, a su vez, combatir las prácticas que mencionamos, ya que quienes mal usan de sus derechos para sacar alguna ventaja no sólo perjudican a sus parejas masculinas sino también afectan al sistema de justicia, a los derechos de los niños y, en definitiva, al legítimo reclamo de las mujeres, el cual durante mucho tiempo no fue atendido como era debido. Ese mismo que hoy padece y no pocas veces naufraga entre la burocratización del trámite que el abarrotamiento de denuncias de todos los tipos y colores ha traído. No pocas de ellas, nada sostenibles.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas

(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales