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Mientras gran parte de la sociedad, la prensa y autoridades, por motivos muy diferentes, se muestran expectantes por la marcha de la Selección argentina de fútbol en el Mundial de Qatar, los problemas que tan duro nos golpean a los argentinos siguen presentes.
Uno de ellos es la inseguridad. Parece que las autoridades no dan en la tecla que permita darnos un poco de respiro y tranquilidad. Este problema es general, sobre todo en las ciudades de mayor población. Los hechos de mayor gravedad se producen en la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario.
Prácticamente todos los días aparecen noticias informando sobre el homicidio de alguna persona, la mayoría de los cuales están vinculados a ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes.
Ya en el año 2021 se registraron en Rosario 241 homicidios, lo que significa un promedio de una muerte violenta cada 36 horas. Cada año empeora, y el presente ha arrojado los peores resultados en cuanto a número de muertes. Al momento de escribir estas líneas, se ha superado en dicha ciudad con creces dicha cifra, alcanzando las 266, un salto de entidad que habla de un crecimiento exponencial del problema.
Tales hechos de sangre no son aislados sino que -por el contrario- forman parte de un contexto delictivo en el que además otros delitos “comunes” como el tráfico y venta de droga, robos, son cometidos por bandas criminales que han ganado en poder de fuego, penetración social y manejo de territorios, al punto de empezar a disputar el manejo a los organismos estatales no sólo en zonas puntuales, sino a comenzar a interferir el funcionamiento general del estado en materia de seguridad. La muestra más palpable de esto es la multiplicación de las amenazas hacia fiscales y policías. Todo esto ha provocado el repudio generalizado de la sociedad y una catarata de pedidos para poner freno al crimen organizado.
Según un informe del Observatorio de Seguridad Pública dependiente del Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe “el 70% de los crímenes en Rosario durante 2022 estuvieron relacionados a organizaciones criminales y/o economías ilegales”. Un porcentaje similar ocurrió por enfrentamientos entre bandas, los que provocaron víctimas colaterales. “Se calcula que 11 personas fueron asesinadas ‘por error’ en lo que va del año”.
Las cifras alarman, pero mucho más el quietismo de quienes deberían redoblar esfuerzos al respecto. Máxime cuando se trata de una realidad que se veía venir, pero a la que poco opuso el Estado. Al escribir estas líneas recordamos lo que dijo la comisión encargada de analizar la cuestión de la Criminalidad Organizada por la presidencia del Gobierno de los Estados Unidos, en al año 1967, cuando en su reporte sostuvo: “Todos los datos disponibles indican que el crimen organizado florece sólo donde hay funcionarios locales corruptos”.
Es que una de las características del crimen organizado es su poder corruptor, al que recurre para instalarse en algún lugar y al que también recurre, una vez logrado este propósito para impedir que se lo combata. Es que como dice el especialista en el tema James Finkenauer: “El crimen organizado generalmente busca neutralizar o anular al gobierno y para ello, mediante el soborno de policías, fiscales y abogados o funcionarios de la justicia trata de evitar la investigación, la detención, la persecución y las condenas. La corrupción de funcionarios públicos y del proceso político es muy característica del crimen organizado… Con el cohecho estos grupos criminales pueden actuar con impunidad. El soborno de responsables de compras, de cargos sindicales, de políticos, y demás, facilita la infiltración del crimen organizado en actividades lícitas”.
Lamentablemente, el problema está ya instalado en Rosario, y va a costar mucho poder conjurarlo. Esperamos que no se propague y se arraigue en otras grandes ciudades o conglomerados urbanos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y nuestra ciudad. Sabemos que ya hay grupos “adelantados” trabajando en tales sitios, aunque todavía no han logrado consolidarse. Ya es difícil convivir con la delincuencia común, no queremos imaginarnos lo que sería hacerlo con la criminalidad organizada.
Es de esperar que las autoridades tomen cartas preventivas en el asunto e impidan que esto ocurra.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
