El título se inspira en la película australiana de 1982 (sí, ambos autores somos cinéfilos), cuyo título original es The Year of Living Dangerously, dirigida por Peter Weir, basada en la novela de Christopher Koch, protagonizada por Mel Gibson y Sigourney Weaver, y por la que Linda Hunt ganó un Oscar a la mejor actriz secundaria.
El filme muestra la incertidumbre de Indonesia durante el período de finales del régimen de Sukarno, cuando ese país se debate tironeado por las facciones “ultras” a los dos lados del espectro político.
Mas allá de los paralelos o no con la realidad propia, como conversábamos antes de escribir esta columna con varias personas, nuestro país hace años que vive en la cuerda floja. De hecho, los eventos extraordinarios de la pandemia de covid-19 sólo pusieron entre paréntesis ese proceso descendente que no reconoce facciones ni gobiernos y que es aún más amplio que el sector político. La crisis de liderazgo se hace sentir en todas partes. En lo esencial, no se trata de limitaciones de recursos sino de ideas superadoras.
Es así que 2022, salvo por haber salido campeones del mundo en fútbol, pasará a la memoria como un año con crisis varias, problemas endémicos que se continúan y una discusión pública que trepa en su intensidad. También, con los inefables de siempre de la violencia, marginales de sectores varios unidos en el fanatismo pero que despuntan en el horizonte social más que en otros tiempos. Es de esperar que prime la racionalidad, la institucionalidad y las buenas prácticas democráticas para conjurar esa febrícula antes que el termómetro marque algo más serio.
Por el lado de las profesiones del derecho, la cosa no fue mejor. La crisis económica generalizada se hizo sentir como en todas partes. La de representación, también. La pandemia lo puso en evidencia y el regreso a la presencialidad no acercó a colegas con una representación colegial que tiene su propia y muy distinta agenda de las necesidades de los matriculados.
La adopción del expediente electrónico, con el jaqueo a la web del Poder Judicial, mostró los nuevos riesgos que esa buena herramienta presenta.
En el ámbito internacional, la guerra en Ucrania marcó la agenda. El peligro de que se extienda a otros países -sin olvidar, por supuesto, la cantidad de refugiados y muertos (civiles y militares)- fue una de las preocupaciones mayores que produjo la invasión rusa. Además, destacamos el avance de los llamados populismos, que pusieron en vilo a los sistemas de vida democráticos. Las manifestaciones del pueblo chino contra los intentos de su gobierno por limitar sus libertades invocando la lucha contra el covid, la reacción de los iraníes ante la imposición por la fuerza de la “moral estatal” que terminó con la vida de cientos de sus ciudadanos, han sido muestras de ello.
En el horizonte nacional, los juicios en los que se juzgan actos de corrupción de distintos funcionarios han avanzado pese a las dificultades y las presiones varias. Se termina el año con la condena, entre otros políticos y empresarios, a una vicepresidente en ejercicio por primera vez en la historia argentina. No es la primera en dicho cargo con una condena. Ya antes Amado Boudou lo fue.
Una nota preocupante para nuestra salud republicana ha sido la negativa de algunos de nuestros gobernantes de acatar las decisiones de nuestra Corte Suprema de Justicia. Es sabido que sin orden institucional es muy difícil para los países progresar.
Los festejos que siguieron a la obtención de la copa mundial de fútbol en Qatar mostraron a millones de personas en las calles expresando su júbilo. Si bien hubo incidentes y destrozos, fueron una ínfima minoría. Existieron también escenas como personas echando a quien había roto una vidriera y pretendía robar una moto, o de otros mostrando una bandera argentina entre la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y ciertos grupos para impedir que se les tiraran piedras a ésta, que hablan de una salud ciudadana que no debe pasarse por alto.
En los 80 había una frase, dicha sobre todo en la segunda mitad de la presidencia de Raúl Alfonsín: el pueblo está por delante de los dirigentes en el nivel y calidad de sus actos. Bien puede aplicarse a nuestra realidad.
Claro que todavía, a pesar de la salud ciudadana, la institucionalidad sigue siendo una materia mayormente pendiente. Un aspecto no menor, ya que el día a día de una democracia real reside precisamente en la fortaleza de tal aspecto del manejo de los asuntos públicos.
En suma, un año con claroscuros, con más sombras que luces, en el que no pocos “de arriba” parecen vivir en una realidad paralela. Pero también con ciertas luces que, aun tenues, permiten reafirmar la confianza en el pueblo que somos, con virtudes cívicas y de convivencia que permanecen pese a todos los malos ejemplos de quienes, en rigor de verdad, deberían dar ejemplo. En el mar de la incertidumbre, no es poco.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
Mientras gran parte de la sociedad, la prensa y autoridades, por motivos muy diferentes, se muestran expectantes por la marcha de la Selección argentina de fútbol en el Mundial de Qatar, los problemas que tan duro nos golpean a los argentinos siguen presentes.
Uno de ellos es la inseguridad. Parece que las autoridades no dan en la tecla que permita darnos un poco de respiro y tranquilidad. Este problema es general, sobre todo en las ciudades de mayor población. Los hechos de mayor gravedad se producen en la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario.
Prácticamente todos los días aparecen noticias informando sobre el homicidio de alguna persona, la mayoría de los cuales están vinculados a ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes.
Ya en el año 2021 se registraron en Rosario 241 homicidios, lo que significa un promedio de una muerte violenta cada 36 horas. Cada año empeora, y el presente ha arrojado los peores resultados en cuanto a número de muertes. Al momento de escribir estas líneas, se ha superado en dicha ciudad con creces dicha cifra, alcanzando las 266, un salto de entidad que habla de un crecimiento exponencial del problema.
Tales hechos de sangre no son aislados sino que -por el contrario- forman parte de un contexto delictivo en el que además otros delitos «comunes» como el tráfico y venta de droga, robos, son cometidos por bandas criminales que han ganado en poder de fuego, penetración social y manejo de territorios, al punto de empezar a disputar el manejo a los organismos estatales no sólo en zonas puntuales, sino a comenzar a interferir el funcionamiento general del estado en materia de seguridad. La muestra más palpable de esto es la multiplicación de las amenazas hacia fiscales y policías. Todo esto ha provocado el repudio generalizado de la sociedad y una catarata de pedidos para poner freno al crimen organizado.
Según un informe del Observatorio de Seguridad Pública dependiente del Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe «el 70% de los crímenes en Rosario durante 2022 estuvieron relacionados a organizaciones criminales y/o economías ilegales». Un porcentaje similar ocurrió por enfrentamientos entre bandas, los que provocaron víctimas colaterales. «Se calcula que 11 personas fueron asesinadas ‘por error’ en lo que va del año».
Las cifras alarman, pero mucho más el quietismo de quienes deberían redoblar esfuerzos al respecto. Máxime cuando se trata de una realidad que se veía venir, pero a la que poco opuso el Estado. Al escribir estas líneas recordamos lo que dijo la comisión encargada de analizar la cuestión de la Criminalidad Organizada por la presidencia del Gobierno de los Estados Unidos, en al año 1967, cuando en su reporte sostuvo: «Todos los datos disponibles indican que el crimen organizado florece sólo donde hay funcionarios locales corruptos».
Es que una de las características del crimen organizado es su poder corruptor, al que recurre para instalarse en algún lugar y al que también recurre, una vez logrado este propósito para impedir que se lo combata. Es que como dice el especialista en el tema James Finkenauer: «El crimen organizado generalmente busca neutralizar o anular al gobierno y para ello, mediante el soborno de policías, fiscales y abogados o funcionarios de la justicia trata de evitar la investigación, la detención, la persecución y las condenas. La corrupción de funcionarios públicos y del proceso político es muy característica del crimen organizado… Con el cohecho estos grupos criminales pueden actuar con impunidad. El soborno de responsables de compras, de cargos sindicales, de políticos, y demás, facilita la infiltración del crimen organizado en actividades lícitas».
Lamentablemente, el problema está ya instalado en Rosario, y va a costar mucho poder conjurarlo. Esperamos que no se propague y se arraigue en otras grandes ciudades o conglomerados urbanos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y nuestra ciudad. Sabemos que ya hay grupos «adelantados» trabajando en tales sitios, aunque todavía no han logrado consolidarse. Ya es difícil convivir con la delincuencia común, no queremos imaginarnos lo que sería hacerlo con la criminalidad organizada.
Es de esperar que las autoridades tomen cartas preventivas en el asunto e impidan que esto ocurra.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
